Jurisprudencia sobre derecho probatorio. Comentario a la STS Sala Primera, de lo Civil, de 20 de noviembre de 2014

Fuente: La Ley.
Autor: Manuel RICHARD GONZÁLEZ. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA. Investigador del Instituto de Probática y Derecho Probatorio

Se analiza el derecho a la práctica de la prueba con motivo de una petición de prueba admitida y pendiente de realización, que el juzgado no lleva a cabo y que cuando se solicita su práctica en los momentos procesales posteriores, aptos para ello (como diligencia final y como prueba en segunda instancia) los tribunales no acceden a la petición. Por ello el Tribunal Supremo ordena la retroacción de las actuaciones.

EL DERECHO A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

Comentario a la STS Sala Primera, de lo Civil, de 20 de noviembre de 2014

1. Introducción: exposición del supuesto analizado

La sentencia que se analiza en este trabajo se dicta por el Tribunal Supremo que conoce de un recurso por infracción procesal que interpuso la actora con fundamento, entre otros, en los aps. 3 .º y 4.º del art. 469.1. LEC, en solicitud de declaración de nulidad de la sentencia recurrida y la reposición de los autos a fin de practicar una prueba referida a unos documentos relacionados con los hechos objeto de enjuiciamiento que la recurrente no tenía en su poder y que había solicitado que el Juez requiriese para su aportación a los autos. Tal y como se contiene en la sentencia del Tribunal Supremo la parte recurrente solicitó al Juez que requiriera los documentos (en este caso a la dirección facultativa de una obra) en el acto de la audiencia previa, sin que el Juez de primera instancia lo llevase a cabo. El solicitante de la prueba, y recurrente en casación, fundamentó la petición de prueba en la audiencia previa en la oposición y reconvención formulada por el demandado y en la necesidad subsiguiente de obtener unos documentos que no estaban en su poder, sino en los de la parte contraria.

Llegado el juicio la parte requirente de la prueba solicitó que se practicara como diligencia final, petición que el Juez de primera instancia denegó por entender que: «era la propia parte la que debía haber insistido ante el Juzgado para que dicha prueba se llevara a cabo en la forma acordada». STS de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de resolución: 641/2014). Siendo la sentencia desfavorable el actor originario, interesado en la práctica de la prueba, interpuso recurso de apelación en el que volvió a solicitar la práctica de la prueba en segunda instancia a la Audiencia provincial que denegó su práctica mediante auto que fue recurrido en reposición y confirmado posteriormente. Posteriormente se dictó sentencia definitiva sin que se hubiere practicado la prueba admitida.

El Tribunal Supremo, en la sentencia objeto de análisis de 20 de noviembre de 2014, estimó la concurrencia del recurso considerando que se daba una situación de indefensión por la actuación del órgano judicial que: «… en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, produciendo un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (STC 2/2002, de 14 de enero, FJ 2.º)». STS de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de resolución: 641/2014). En su virtud, declara la nulidad de actuaciones con la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia recurrida, es decir a la fase de apelación, a fin de que se practique la prueba propuesta por la parte recurrente consistente en la aportación a los autos del libro de órdenes y asistencias de la obra y, teniendo en cuenta su resultado, se dicte nueva sentencia resolviendo el recurso de apelación.

2. Consideraciones generales sobre la práctica de la prueba por el Tribunal a petición de parte

La carga de la prueba, conforme con el principio dispositivo que rige en el proceso civil, recae sobre la partes que, conforme al art. 265 LEC, son las que deben aportar con la demanda y contestación todos los documentos: «… en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden». Entre estos documentos se incluyen los medios e instrumentos de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso; Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase; los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio de la posibilidad de su aportación posterior en los supuestos previstos en la Ley; Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones; y en definitiva todos los hechos con el soporte que en cada caso corresponda sobre los que se deba practicar prueba.

También corresponde a las partes, la petición de la admisión de la prueba en la audiencia previa (art. 429 LEC) y su práctica efectiva en el acto del juicio oral, conforme con las normas legales previstas a ese fin en la Ley de enjuiciamiento civil (arts. 301 y ss. LEC).

La aportación de los documentos y demás soportes de la prueba se debe producir, conforme se ha expuesto con los escritos iniciales del proceso. Ahora bien, cabe la posibilidad de solicitar al Tribunal la admisión de algún documento en distintos momentos posteriores previstos en distintos preceptos de la LEC y referidos a distintas circunstancias. Esta posibilidad se regula en los arts. 265.3, 270 y 426.5 LEC. Se trata de supuestos de lógica procesal. Así, el art. 265.3 LEC permite al actor presentar en la audiencia previa los documentos cuyo interés se hubiere puesto de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda. Por su parte, el art. 270 LEC permite la aportación de documentos que se hallen en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1.º ser de fecha posterior a la demanda, contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales. 2.º de fecha anterior a los momentos anteriormente indicados, cuando la parte que los presente justifique que no tenía conocimiento de su existencia. Finalmente, el art. 426.5 LEC dispone que: «En el acto de la audiencia, las partes podrán aportar documentos y dictámenes que se justifiquen en razón de las alegaciones complementarias, rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo». Téngase presente que la aportación de documentos se puede producir tanto por el actor como por el demandado. Por otra parte, la formulación de reconvención en un procedimiento judicial suele comportar una mayor complejidad del litigio que puede legitimar la necesidad de aportar documentos nuevos o informes.

También existe, por supuesto, la posibilidad de solicitar al Tribunal la exhibición de documentos que se hallen en poder de la otra parte o de terceros. Se trata obviamente de documentos relevantes para el proceso que la parte no pueda obtener de otro modo (art. 328 LEC). La solicitud se fundará en los extremos reseñados, designando la persona que lo tuviere en su poder, y se acompañará copia simple del documento (fotocopia, borrador, etc.) o, en su caso, la descripción de su contenido. En ese caso, el Tribunal admitirá la petición cuando entienda que el documento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia. A este fin el Tribunal ordenará la comparecencia del tercero en cuyo poder se halle el documento a efectos de oírle tras lo cual resolverá lo que proceda (art. 330.1 LEC). Admitida la solicitud, el Tribunal requerirá a la parte o al tercero a la exhibición y aportación al proceso del documento solicitado a efectos de su valoración. Aunque cuando se trate de un tercero, y así lo solicite, se extenderá testimonio del documento, ya sea en su domicilio o en la sede del Tribunal, quedando el original en poder del tercero. La negativa injustificada a la exhibición tendrá distintas consecuencias según se trate de la parte o un tercero. En el caso de la parte el Tribunal, tomando en consideración el resto de pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión que del contenido del documento hubiese dado. En cualquier caso, ya se trate de negativa injustificada de la parte o un tercero, el Tribunal podrá acordar la entrada y registro en el domicilio del requerido, sin perjuicio de incurrir en un delito de desobediencia (véase el art. 261 LEC en sede de diligencias preliminares que resulta de aplicación analógica).

En el caso del que conoce la STS de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2670/2012, núm. de resolución: 641/2014), el recurrente solicitó al Juez de primera instancia que requiriese la aportación de documentos, al parecer del demandado reconviniente, petición que el Juez admitió aunque no realizó ninguna actividad a ese fin. Es por ello que comparecidos en el juicio el recurrente solicitó que el Juez de primera instancia llevase a cabo el requerimiento como diligencia final, petición que el Juez de primera instancia denegó por entender que: «era la propia parte la que debía haber insistido ante el Juzgado para que dicha prueba se llevara a cabo en la forma acordada». De modo que la posición del Juzgado era que la parte que había solicitado y obtenida la resolución judicial admitiendo la prueba debía haber «insistido» (sic) ante el juzgado la práctica de la prueba. Esta posición del Juzgado es inadmisible, ya que la parte no debe ser la que inste el impulso procesal de las actuaciones, sino que esta es competencia del Juez. Mucho más en el caso analizado en el que el Juez de primera instancia había admitido la práctica de una diligencia de prueba que dependía de su propia actividad.

En este punto cabe señalar que nada impide que las pruebas que no pudieran haberse practicado durante el juicio oral puedan hacerlo como diligencias finales. Así, prevé el art. 435 LEC que constituye un cauce procesal para que las partes puedan solicitar la práctica de determinados actos de prueba que se hallen en alguno de los siguientes supuestos: a) pruebas admitidas que no se hubieren practicado por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto (art. 435.1.2.º LEC). b) las pruebas pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia previstos en el art. 286 LEC (art. 435.1.3.º LEC). Las diligencias finales cumplen así la función de permitir a las partes solicitar la práctica de aquellas pruebas que no hubieren podido practicarse por causa que no le sea imputable a la parte. De este modo, se consigue que la sentencia se dicte conforme con todos los hechos y pruebas relacionados con el proceso.

Además, debe tenerse presente que la solicitud de práctica de la prueba en segunda instancia quedará condicionada por la posibilidad previa de haber solicitado la práctica de la prueba de que se trate como diligencia final. De modo que no se admitirá la petición de práctica de prueba en segunda instancia con relación aquellos actos de prueba que pudieran haberse solicitado como diligencia final (art. 460.2.2.ª LEC).

3. Conclusiones

Resulta sorprendente comprobar la dificultad cada vez mayor que tienen las partes para poder sustanciar un procedimiento judicial en el que se puedan realizar debidamente los actos de alegación y prueba de forma ordinaria y en el marco de un proceso con todas las garantías. No tengo datos estadísticos sobre ello pero hace ya algún tiempo que existe una cierta sensación de apresuramiento en la sustanciación de los juicios tanto civiles como penales, que determina por ejemplo en lo penal la obtención de conformidades en algunos casos excesivamente forzadas y en lo civil una suerte de desdén por cualquier petición de las partes que exceda de lo que es usual y ordinario en el proceso civil.

En el caso analizado el Tribunal Supremo acoge un vicio procesal que difícilmente puede considerarse de oculto o discutible. Se trata de una petición de prueba admitida y pendiente de realización que el juzgado no lleva a cabo y que cuando se solicita su práctica en los momentos procesales aptos para ello (como diligencia final y como prueba en segunda instancia) los tribunales no acceden a la petición. Es evidente que ni las diligencias finales ni tampoco la prueba en segunda instancia pueden amparar peticiones extemporáneas de prueba, sin embargo sí que deben servir para la práctica de aquellas pruebas que no hayan podido sustanciarse por causa no imputable a la parte como sucede en el presente caso.

Cabe destacar, finalmente tres cuestiones que me parecen de interés.

En primer lugar, la reivindicación de las diligencias finales como momento procesal oportuno para la práctica de las pruebas admitidas que no se hubieren podido realizar. Y también para que el Tribunal pueda acordar prueba de oficio en el caso que no hubiere podido formar convicción mediante la prueba practicada por las partes y siempre con pleno respeto a los hechos y la causa de pedir que fueran objeto del proceso. Se trata de una posibilidad excepcional que permite al Tribunal acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. Téngase presente que el Juez está obligado a fallar sin que pueda omitir, en ningún caso, su pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas por las partes en el proceso (art. 218 LEC). En consecuencia, debe proveerse al Juez de instrumentos de búsqueda de la decisión más justa para el caso concreto, para lo que resulta necesario el esclarecimiento de los hechos objeto de prueba. A este fin sirven las preguntas que puede dirigir el Tribunal a los testigos, partes y peritos mediante las cuales el Tribunal puede obtener aclaraciones o adiciones respecto de los hechos objeto de la prueba. Del mismo modo, y con el mismo fundamento, las diligencias finales permiten al Tribunal practicar prueba para obtener la certeza de los hechos controvertidos con la finalidad de que pueda formar su propia convicción sobre el material del proceso.

En segundo lugar, debemos destacar la necesidad de que la parte plantee en el momento procesal oportuno la denuncia y petición de práctica de la prueba a efectos de hacer valer sus derechos en la segunda instancia o en fase de recurso de casación (arts. 459 y 471 LEC). Nótese que no se trata de «insistir» en la práctica de la prueba admitida por el Tribunal, sino de reiterar la petición en tiempo y forma. En el caso expuesto la parte reiteró la petición de práctica de prueba en el acto del juicio oral, para que se practicara como diligencia final, y en el recurso de apelación, para que se practicara en segunda instancia. Finalmente, reiteró la petición ante el Tribunal Supremo que, finalmente acogió el motivo.

En tercer y último lugar, cabe señalar que el Tribunal Supremo, acogido el motivo de recurso por infracción procesal, ordena conforme está previsto en la Ley la retroacción de las actuaciones. Así viene establecido en el art. 476 LEC que dispone la retroacción de las actuaciones: «… al estado y momento en que se hubiere incurrido en la infracción o vulneración» (art. 476.2 in fine). Sin embargo, la STS 20 de noviembre de 20014 acuerda la retroacción de las actuaciones no a la primera instancia, donde en realidad se produjo el vicio procesal, sino: «… al momento anterior al dictado de la sentencia recurrida a fin de que se practique la prueba propuesta por la parte recurrente consistente en la aportación a los autos del libro de órdenes y asistencias de la obra y, teniendo en cuenta su resultado, se dicte nueva sentencia resolviendo el recurso de apelación». Así lo acuerda el Tribunal Supremo en una interpretación correcta de la legalidad procesal con la finalidad de evitar mayores dilaciones de las ya producidas por la infracción procesal.

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