El acuerdo de la Sala Primera del TS sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal: un análisis de urgencia

Agustín MACÍAS CASTILLO

Profesor Encargado de Cátedra UPSA. Abogado

Fuente: La Ley

 

El presente artículo analiza el reciente Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo después de la reforma introducida por la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, por lo que respecta a los nuevos criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. La Sala interpreta la reforma y establece las pautas y requisitos para la admisión de los recursos, así como una puesta al día del concepto de interés casacional.
 
Jurisprudencia comentada
Acuerdo del TS, Sala Primera, de lo Civil, 30 Dic. 2011


I. INTRODUCCIÓN

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha aprobado por unanimidad un acuerdo de carácter interpretativo para aclarar los términos en los que habrán de ser admitidos los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal. El acuerdo viene impuesto por la realidad legislativa más reciente: la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, que ha modificado de forma esencial los requisitos y condiciones para la admisión de ambos recursos extraordinarios. La tramitación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal ocupa la mayor parte de la dedicación de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, habiéndose producido en los últimos años un alarmante retraso en la duración media para la resolución de los recursos admitidos a trámite.

El acuerdo sustituye al anterior de fecha 12 de diciembre de 2000 y que hasta la fecha había servido para aclarar los términos en los que la L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), había pergeñado el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Aunque técnicamente el acuerdo no puede ser considerado jurisprudencia, y menos aún un acto legislativo, no es menos cierto que las directrices en él contenidas son la hoja de ruta a seguir por los recurrentes a la hora de interpretar los preceptos de la Ley rituaria afectados por la L 37/2011. El acuerdo se adopta en desarrollo de lo prevenido por el art. 264.1 LOPJ, que concede a las salas en pleno esta potestad y que, de hecho, tiene un enorme interés práctico por cuanto que su contenido ilustrará la práctica cotidiana de los operadores jurídicos.

No puedo por menos que traer a colación la reciente rueda de prensa llevada a cabo por el ministro de Justicia y en la que se han anunciado importantes cambios orientados a la modernización y agilización de la Administración de Justicia en España y que, sin entrar en valoraciones prematuras, claramente parece encaminarse a la modificación del acceso a los recursos, un intento por reducir la litigiosidad y el impulso de la jurisdicción voluntaria. En este sentido, la L 37/2011 parece la punta de lanza de un cambio legislativo profundo en la Administración de Justicia en nuestro país, al menos en las normas de procedimiento y de acceso a la Administración de Justicia. El futuro legislativo aguarda; la modificación del acceso a los recursos de casación e infracción procesal es ya una realidad legislativa, ahora matizada y aclarada por este acuerdo que, como reconoce en su propio texto, no pretende simplemente erigirse en una directriz interna para la propia Sala, sino también publicitar los criterios para que tanto los magistrados de las Audiencias Provinciales ante quienes se preparan los recursos extraordinarios, como los operadores jurídicos encargados de plantearlos —fundamentalmente, los abogados y procuradores—, puedan conocerlos debidamente y adecuar debidamente su actuación a los mismos.

¿Qué es lo que persigue la reforma de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal? El acuerdo de 30 de diciembre de 2.011 considera que la ratio legis de la modificación legislativa persigue dos finalidades esenciales:

  • a) Evitar que el recurso de casación sea empleado a modo de herramienta dilatoria en el procedimiento civil.

    Lo que no dice el acuerdo es el plazo medio empleado por el Alto Tribunal para la resolución de una casación en los últimos diez años. Es claro que el volumen de recursos planteados ante el Alto Tribunal es muy elevado, pero no es razonable que la tardanza en la obtención de la resolución supere a menudo el tiempo empleado en la instancia y en la alzada, si sumamos ambos. Para que la Administración de Justicia lo sea, debe ser administrada en unos plazos de tiempo razonables, pues la dilación, el retraso y el enquistamiento de muchos procedimientos terminan por generar una situación de manifiesta injusticia, toda vez que cuando llega la resolución es, a menudo, muy tarde. En ocasiones, llegar tarde equivale a no llegar.

    Por ello, el acceso a los recursos no debiera ser en ningún caso un resorte para la dilación y el retraso. En este sentido, la ejecución provisional en los términos introducidos por la L 1/2000 supuso en mi opinión un acierto procesal considerable, que por lo menos ha permitido no demorar ejecuciones y, en algún caso, propiciar el desistimiento de algunos recursos de apelación, precisamente aquellos con escasos visos de prosperabilidad. No en vano la reciente reforma procesal también ha acelerado el plazo para recurrir en apelación, en el sentido de que ya no existen dos fases o tramos, el del anuncio y el de la formalización del recurso, sino que directamente ahora se acude a la interposición, acortando los plazos. Era frecuente antes de la reforma anunciar un recurso de apelación para luego, no formalizarlo en el plazo de los veinte días, declarándose entonces desierto por el Juzgado de Primera Instancia.

  • b) El segundo objetivo es garantizar la finalidad constitucional de ambos recursos extraordinarios: unificar doctrina civil y mercantil en aras a la seguridad jurídica en el caso del recurso de casación; en el caso del recurso extraordinario por infracción procesal, la finalidad esencial estriba en la defensa de los derechos fundamentales del art. 24 CE —el derecho a la tutela judicial efectiva con todos sus matices— en el procedimiento civil.

    A nadie puede extrañar por tanto la tan manida expresión empleada por el TS en un largo número de resoluciones, inadmitiendo motivos de casación o de infracción procesal que más bien pretendían la revisión en una tercera instancia —inexistente en nuestro sistema procesal— de la resolución dictada en grado de apelación. El TS no es una instancia más y solo excepcionalmente puede verse obligada a asumir labores propias de la instancia y a entrar al fondo del asunto, como efecto necesario de la estimación de algún recurso extraordinario. Ahora bien, esta función no es la propia del Tribunal y así lo matiza cada vez que tiene la ocasión, pues se trata de la excepción y no de la regla general. Bien parece que sea éste y no otro el interés del legislador: frenar definitivamente la instauración de una inoficiosa tercera instancia.

 

II. EL ACTUAL RECURSO DE CASACIÓN

En esta inteligencia se explica la considerable elevación de la cuantía de acceso al recurso de casación por razón de la cuantía —establecida ahora en más de 600.000 € de cuantía del recurso, frente a los 150.000 €—. De este modo, el acceso al recurso de casación solo puede procurarse ahora por dos modalidades únicas, precisando que no cabrá interponer en un mismo recurso en más de una de ellas:

  • 1.- Recurso de casación por razón de la cuantía (art. 477.2.2.º LEC): necesariamente la sentencia recurrida en casación habrá de tener una sentencia que exceda de 600.000 €. De entre todos los motivos casacionales es, sin lugar a dudas, el más objetivo, pues la cuantía del procedimiento anterior determinará que, por este cauce, solo puedan tener cabida aquellas resoluciones que hayan resuelto un procedimiento que supere los 600.000 €.

    El acuerdo se refiere a que no pueden tener entrada a la casación por esta vía:

    • a) Las resoluciones que pongan fin en apelación en procedimiento de cuantía indeterminada o inestimable. Si bien es cierto que la propia Ley de Enjuiciamiento procura que los procedimientos tengan una cuantía determinada desde el inicio o, al menos, a partir de la celebración del acto de la audiencia previa —en el juicio ordinario—, existen procedimientos cuya cuantía es indeterminada. Estos procedimientos no pueden acceder por esta vía a la casación, sin perjuicio de que puedan encontrar acomodo procesal en cualquiera de las otras dos vías.
    • b) También se encuentran fuera del acceso por este camino aquellas resoluciones que pongan fin a procesos en los que las partes no hayan determinado la cuantía, aceptando implícita o explícitamente que la cuantía es indeterminada, siempre que no se haya producido una resolución en la litis en sentido contrario, es decir, fijando una cuantía concreta para el procedimiento.
    • c) Las resoluciones dictadas en procedimientos para la tutela judicial civil de derechos fundamentales o por razón de la materia. Al existir un recurso de casación específicamente para los procedimientos en los que denuncia la vulneración de derechos fundamentales —por ejemplo, los contenidos en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y el Derecho a la Propia Imagen—.

      Específicamente se refiere el acuerdo del pleno de la Sala de lo Civil a la exclusión de este acceso casacional para todos aquellos recursos de apelación que no debieron ser admitidos en la apelación al no superar la cuantía de 3.000 €, otra importante —y polémica— medida introducida por la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal.

  • 2.- Recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales (art. 477.2.1.º LEC): prevista para aquellos procedimientos en los que se pretenda la tutela de los derechos fundamentales distintos a los contenidos en el art. 24 CE.

    Este recurso está previsto para todos aquellos procedimientos iniciados por el trámite procesal específico para la defensa de los derechos, si bien quedan excluidos los derivados del derecho a la tutela judicial efectiva contemplados en el art. 24 CE.

  • 3.- Recurso en interés casacional (art. 477.2.3.º LEC)

    Por definición, este recurso atiende un interés primordial en la casación: la unificación de la doctrina jurisprudencial. Sin embargo, al existir una triple vía de acceso a la casación, justamente ésta queda como acceso residual a la casación. Ello es así porque será la única oportunidad de acceder a la casación para todos aquellos asuntos que o bien no superen la cuantía de 600.000 €, o bien sea ésta indeterminada o inestimable, o, en otro caso, asuntos por razón de la materia entre los que encontramos un verdadero cajón de sastre:

    • a) Las sentencias que pongan fin a la segunda instancia de los procedimientos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento de Civil, esto es, procedimientos sobre filiación, capacidad, matrimonio y menores.
    • b) Las sentencias que según la Ley Concursal tenga acceso a la casación seguirán también este cauce procedimental.
    • c) Los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos en virtud de los convenios internacionales de Bruselas y Lugano, u otros de similar naturaleza, siempre que la facultad sea reconocida en el instrumento de ratificación internacional o en el reglamento.

      Además, como es lógico, los meritados requisitos se exigen cumulativamente a la exigencia de que concurra el denominado interés casacional... ¿qué debemos entender por interés casacional según el criterio de la Sala?


III. EL CONCEPTO DE INTERÉS CASACIONAL

Lejos de tratarse de un concepto jurídico indeterminado, el anterior acuerdo de la Sala Primera de 12 de diciembre de 2000 ya trató el concepto de interés casacional y trató de exponer los elementos que lo debían configurar. Ahora, con la experiencia del recorrido de algo más de diez años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Sala Primera recoge esa experiencia y añade algún nuevo matiz introducido por la reciente reforma procesal.

El interés casacional persigue fijar la doctrina interpretativa correcta en cada momento frente al criterio previamente seguido en otras sentencias de las Audiencias Provinciales o en contra del criterio de la jurisprudencia. También permite acudir al interés casacional el art. 487.3 LEC cuando no exista jurisprudencia sobre un precepto que lleve al menos cinco años en vigor. El interés casacional, por sí mismo, parece justificar la existencia del Tribunal Supremo, puesto que la existencia de un Alto Tribunal que sea capaz de establecer criterios hermenéuticos de aplicabilidad generalizada es una garantía más del principio de seguridad jurídica.

El concepto de jurisprudencia es a menudo escurridizo, sin embargo, el acuerdo se refiere a él en los términos más clásicos, esto es, la reiteración de la doctrina de la Sala de lo Civil respecto de la determinada interpretación de una norma. La semejanza o similitud ha de ser jurídica, no fáctica; de modo que no necesariamente los supuestos similares han de ser análogos, sino que es la interpretación de la norma la que debe ser similar o semejante en el supuesto en cuestión.

En este sentido —explica y aclara la Sala— no cabe referirse a existencia de jurisprudencia contradictoria cuando existan pronunciamientos más recientes del Tribunal Supremo que se alejen de la presunta contradicción. La importancia de la jurisprudencia viene motivada, a mi entender, por dos variables esenciales de la hermenéutica: a) La realidad social del tiempo en el que las normas han de ser aplicadas (art. 3.1 CC), que exige constantemente que conceptos tan capitales en nuestro Derecho sustantivo como «la diligencia empleada», «la buena fe» o «la realización de determinados actos conforme a los usos sociales», deban estar sometidos a permanente revisión; b) las nuevas normas o preceptos incorporados a éstas, que evidentemente necesitan de una segunda interpretación, de una interpretación realizada por los jueces y magistrados.

Es por ello que corresponde al recurrente argumentar, ya desde la interposición de su recurso, que existe interés casacional por cualquiera de las razones expuestas: a) Oposición o desconocimiento de la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del TS; b) existencia de jurisprudencia contradictoria de otras Audiencias Provinciales; o, c) debido a la inexistencia de jurisprudencia sobre disposiciones con más de cinco años de vigencia, sin que exista doctrina jurisprudencial previa del TS sobre normas anteriores análogas o similares. De este modo, corresponderá al recurrente indicar de forma clara en el encabezamiento o formulación del motivo en cuál de estos tres motivos se fundamenta su recurso.

Muy recientemente, en la sentencia de la Sala Primera de 17 de enero de 2012 (LA LEY 804/2012), se ha vuelto a referir a la importancia de esta prueba en los siguientes términos:

«Por otro lado, especial trascendencia tiene este requisito de la indicación de la infracción legal que se considere cometida, en los casos de “interés casacional”, pues la acreditación de la existencia de este presupuesto procesal ha de realizarse en la fase preparatoria, lo que exigirá identificar la cuestión jurídica en relación con la cual se haya producido la oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o exista contradicción entre Audiencias Provinciales, teniendo en cuenta que lo que determina el acceso a la casación no es la vulneración de una norma, sino que exista jurisprudencia contraria o contradictoria al respecto; por otra parte, la expresión de la infracción legal resulta indispensable para conocer y controlar si la misma guarda relación con las cuestiones debatidas en el pleito o, por el contrario, se trata de un “interés” creado artificiosamente por el recurrente. En suma, el requisito que nos ocupa tiene un marcado competente funcional y está anudado a unos fines esenciales, de tal modo que no puede reputarse excesivo, desorbitante ni desproporcionado, y su incumplimiento conlleva la denegación de la preparación que, como antes se expuso, es consecuencia prevista en el art. 480 LEC 2000, habiendo recaído ya numerosos autos de esta Sala sobre la necesidad de indicar la infracción legal a que se refiere el art. 479 LEC 2000, que resulta asimismo precisa para conocer la exacta pretensión impugnatoria, que debe quedar delimitada en la fase inicial del recurso, de modo que en la interposición del recurso se argumentará sobre las vulneraciones normativas que se dejaron especificadas en el escrito preparatorio (o parte de ellas, pero no sobre otras), según se desprende del propio art. 481.1 LEC 2000, cuando se refiere a que “se expondrán... sus fundamentos”, precepto que necesariamente ha de ponerse en relación con el reiterado art. 479, apartados 2, 3 y 4 de la LEC 2000, y que, en correcta técnica casacional, implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas, de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, pero siempre con referencia a infracciones previamente invocadas en el escrito preparatorio (nunca distintas), siendo claro que este sistema de recursos desarrollado en la nueva LEC 1/2000, de 7 de enero, hace imprescindible que se atienda el requisito de la cita normativa de preceptos sustantivos que se reputen indebidamente aplicadas, por infracción u omisión, y el incumplimiento ha de acarrear la consecuencia de la denegación de la preparación del recurso, sin que la omisión de la cita de norma infringida en la preparación sea subsanable a través del escrito de interposición del recurso de casación, lo que corrobora la STC 46/2004, de 23 de marzo (LA LEY 938/2004), al señalar que “la técnica procesal de la subsanación solo resulta de aplicación respecto de los requisitos que no se configuren como presupuestos procesales de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma, por lo que, siendo ello así, el criterio de insubsanabilidad del defecto procesal apreciado no menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente”, siendo ya un criterio reiterado de esta Sala, recogido en numerosos autos resolutorios de recursos de queja, que la constancia de los presupuestos de recurribilidad la debe ofrecer el recurrente al preparar el recurso».

A continuación, el TS explica las excepciones y concreta los criterios de cada una de las tres modalidades del recurso de casación fundamentado en la existencia de interés casacional:

  • a) Oposición o desconocimiento por parte de la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

    En este caso, se producen hasta cuatro excepciones a la motivación del recurso por esta vía, a saber:

    • 1.- Que la alegación en sí carezca de interés o relevancia para la resolución del conflicto, en el sentido de que la ratio decidendi del mismo, en todo caso, no variará.
    • 2.- Que el criterio para la resolución del pronunciamiento sea fáctico, es decir, que la resolución del mismo dependa de cuestiones de hecho, salvo que tales circunstancias sean idénticas o se trate de diferencias irrelevantes.
    • 3.- Que la aplicación de la jurisprudencia invocada solo pueda acarrear una modificación del fallo de la resolución recurrida mediante la omisión total o parcial de hechos declarados probados por la Audiencia Provincial.
    • 4.- Que concurra cualquier otra circunstancia análoga que implique la inexistencia de interés casacional.

      No obstante existen una serie de supuestos en los que, por excepción, no se aplicarán las reglas anteriores: en primer lugar, si se tratara de sentencias del pleno de la Sala del Tribunal Supremo o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional. En estos casos, será bastante con una sola sentencia fijando invocando su jurisprudencia, a no ser que existiera alguna sentencia posterior que justamente hubiera modificado el criterio seguido por la primera. En segundo lugar, también se excepciona el caso en el que, a criterio de la Sala, el recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en relación con el problema jurídico planteado o porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión sobre una determinada materia. Este segundo supuesto es, si cabe, más excepcional todavía, pues estará condicionado a recursos respecto de los que el Tribunal Supremo tenga pocas ocasiones de pronunciarse y, por ende, el recurrente trate de aprovechar esa circunstancia para intentar modificar una jurisprudencia anterior por anacrónica. Pero no bastará para que sea admitido el hecho de que la anterior jurisprudencia sea muy antigua.

  • b) Existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales en uno o más apartados de los resueltos por la sentencia recurrida.

    La prueba de la contradicción debe ser acreditada por quien la invoca, esto es, por el recurrente. La contradicción debe ser sobre un apartado concreto y sustancial, debe referirse a una cuestión relevante para el fallo y existir dos sentencias firmes de la misma sección de una Audiencia Provincial. Necesariamente, las sentencias deben haberse dictado por un órgano colegiado y una de ellas ser la que se recurre en casación. Evidentemente, la contradicción entre los pronunciamientos debe incidir de forma clara y directa en la resolución del recurso, pues de otro modo no tendrá cabida la admisión del recurso. Lo que denuncia el recurrente es el hecho de que, al apartarse la sentencia recurrida de la otra doctrina jurisprudencial, se ha desestimado su recurso en la alzada.

    El recurrente debe identificar el conflicto jurídico resuelto de modo contradictorio en las resoluciones y, en consecuencia, deberá exponer con claridad en el escrito de interposición del recurso en qué consiste la contradicción aparente. No se trata, por consiguiente, de una labor investigadora de la Sala, sino que recae en el recurrente en casación la carga de acreditar la existencia de al menos dos sentencias contradictorias de Audiencias Provinciales.

    El acuerdo establece una serie de supuestos en los que el recurso no será admitido a trámite:

    • a) Si existe jurisprudencia de la Sala primera del TS sobre el problema jurídico objeto del debate. En tal supuesto, no tiene sentido la existencia de jurisprudencia contradictoria por parte de las Audiencias Provinciales, por cuanto que el conflicto jurídico ya estaría resuelto por el propio Tribunal.
    • b) Se invoque una sola sentencia firme dictada por una Audiencia Provincial.
    • c) Se invoquen menos de dos sentencias firmes dictada por una misma sección de una Audiencia Provincial, diferente de la primera, en la que colegiadamente se haya decidido en sentido contrario.
    • d) Si en un grupo u otro de sentencias contradictorias no figurase la sentencia recurrida en casación. Debe existir, por ende, un protagonismo directo de la sentencia recurrida en uno de los dos grupos de resoluciones enfrentadas.
    • e) Si la contradicción entre las sentencias en cuestión no afectan a la ratio decidendi de la sentencia recurrida.
    • f) Si la resolución del asunto depende de las circunstancias fácticas, no de las jurídicas, a no ser que tales circunstancias fuesen prácticamente idénticas.
    • g) Si la aplicación de la jurisprudencia invocada como contradictoria solo pueda llevar a la modificación del fallo recurrido mediante la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere probados en la sentencia recurrida.
    • h) Si concurre cualquier otra circunstancia que implique la inexistencia de interés casacional.

      No obstante, la Sala aclara que todos estos requisitos no serán de apreciación cuando el Tribunal considere que existe jurisprudencia contradictoria sobre el conflicto jurídico objeto de debate, bastando para ello con que el recurrente se haya referido al mismo y lo haya especificado, citando al menos las sentencias contradictorias. Esta vía es un tanto excepcional, pues parece permitir al propio Tribunal una cierta iniciativa a la hora de abordar el recurso a partir de una mención no tan detallada por parte del recurrente.

  • c) Por último, la aplicación de normas que no lleven más de cinco años en vigor en el caso de que no exista jurisprudencia sobre normas anteriores de contenido idéntico o análogo.

    Este motivo no precisa mayor explicación salvo la facilitada por el propio acuerdo y que se refiere al cómputo de los plazos. El plazo de cinco años debe tomar como dies a quo la fecha de su entrada en vigor y como dies ad quem la fecha en la que se dictó la sentencia que se recurre. Ahora bien, si el recurrente es capaz de acreditar con claridad que fue anterior, se tomará como dies ad quem la fecha en que la norma se invocó por vez primera en el procedimiento.

    ¿Qué es lo que sucederá en la práctica con este nuevo recurso de casación? Lo que sucederá —de hecho, está sucediendo ya— es una mayor tecnificación del recurso de casación, lo que directamente supone que menos resoluciones sean potencialmente recurribles en casación. Por si no bastase con la reforma legislativa, el acuerdo del pleno de la Sala se caracteriza por precisar con bastante detalle los requisitos y condiciones en los que el recurso debe ser admitido. Básicamente nos encontramos con que, por razón de la cuantía, muchos asuntos quedan fuera de la órbita de la casación, por cuanto que, dicho sea de paso, la doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales es cada vez más uniforme y cuesta encontrar aspectos sobre los que realmente exista una clara disparidad de criterios interpretativos. Quedarán al margen de estas cuestiones —puramente crematísticas o íntimamente relacionadas con la técnica jurídica en el caso del interés casacional— la vulneración de los derechos fundamentales —con exclusión de los del art. 24 CE—, que tan copiosa jurisprudencia han generado en los últimos veinticinco años (especialmente los denominados derechos de la personalidad, honor, intimidad y propia imagen en sus conflictivas relaciones con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información).


IV. EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

El recurso extraordinario por infracción es otra materia objeto del acuerdo objeto del presente comentario. Establece la Sala en la interpretación actualizada del art. 477 LEC los siguientes requisitos cumulativos para la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal.

En primer lugar, debe tratarse de una sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial en cualquier tipo de procedimiento civil, con exclusión de aquellas resoluciones judiciales que no revistan forma de sentencia, como, por ejemplo, los autos, todas las sentencias que debieron adoptar la forma de auto —y no lo hicieron— y las sentencias que resuelvan cuestiones de carácter incidental.

Por ejemplo, el TS ha declarado que no pueden recurrirse por este cauce las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial declarando la nulidad de actuaciones en primera instancia, como recuerda la STS de 31 de enero de 2011 (LA LEY 1565/2011), en los siguientes términos:

«Esta Sala ha declarado que no son recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en las que se declara la nulidad de las actuaciones seguidas en primera instancia y se ordena la retroacción del procedimiento y la continuidad del mismo hasta que recaiga nueva sentencia que permita la resolución del litigio (AATS de 26 de junio de 2010, rec. 710/2009; 14 de septiembre de 2010, rec. 341/2009; 22 de septiembre de 2009, rec. 577/2009).La razón se encuentra en que estas sentencias no cumplen las exigencias del art. 477.2 LEC, porque si bien son sentencias dictadas en un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, carecen de la condición sentencias dictadas en segunda instancia, como exige el art. 477.2 LEC. Estas sentencias, al disponer la retroacción del procedimiento, no resuelven el litigio planteado tras la tramitación ordinaria de las instancias, pues ha quedado inconclusa la primera instancia.La LEC distingue entre apelación y segunda instancia y configura esta última como aquella en la que se conoce de los procesos que han puesto fin a la primera instancia (ATS de 19 de junio de 2006, rec. 1405/2001), de manera que, si bien la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia abrió la segunda instancia, la circunstancia de que se declarara la nulidad de parte de lo actuado priva a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial del carácter de sentencia de segunda instancia.Este criterio ya venía siendo aplicado por esta Sala bajo la vigencia de la LEC 1881, negando la posibilidad del recurso de casación contra estas sentencias por ser sentencias que carecían del carácter de definitivas toda vez que no ponían término al procedimiento impidiendo su continuación (AATS de 3 de mayo de 2000, rec. 3449/1998; 16 de mayo de 2000, rec. 749/1998; 21 de septiembre de 1999, rec. 2917/1998)».

La imposibilidad de recurrir en casación esta clase de sentencias impide formular contra ellas el recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con lo previsto en la disp. final 16.ª.1, I LEC.

Cumulativamente al anterior requisito ha de concurrir una de estas tres circunstancias:

  • a) Que estemos en presencia de una de las sentencias a las que se refiere el art. 477.2.1.º LEC, es decir, referida a la tutela judicial civil de los derechos fundamentales, a excepción de los previstos en el art. 24 CE (disp. final 16.ª.1.2.ª II LEC).

    Como ya he mencionado en el apartado relativo al recurso de casación, es frecuente que los derechos objeto del recurso sean los contenidos en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y el Derecho a la Propia Imagen. Un ejemplo claro es la STS de 16 de diciembre de 2010 (LA LEY 244467/2010), en el que la productora de televisión condenada por vulneración del derecho al honor del demandante, empleó —sin fortuna— la doble vía del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal.

  • b) Que se esté en presencia de una de las sentencias a que se refiere el art. 477.1.2.º LEC, es decir, una sentencia que resuelva un asunto de cuantía superior a 600.000 € (disp. final 16.ª.1.2.ª LEC).
  • c) Que se trate de una sentencia de las comprendidas en el art. 477.1.3.º LEC, es decir, de las que pueden ser recurridas en aras del interés casacional, siempre que conjuntamente con el recurso extraordinario por infracción procesal se interponga también el de casación.

Importa destacar que los motivos que dan pie al fundamento del recurso extraordinario por infracción procesal están tasados con carácter cerrado en elart. 469.1 LEC, por lo que no cabrán motivos de recurso que no puedan reconducirse a las conductas descritas en dicho apartado. En este sentido, el acuerdo recalca el carácter taxativo de tal enumeración, así como el hecho mismo de que, al haberse eliminado la necesidad de anunciar en cinco días el recurso para después formalizarlo, se dilata también el plazo para conocer de la firmeza de la sentencia. Como es sabido, ahora existen veinte días para interponer directamente el recurso extraordinario por infracción procesal.

En cualquier caso, los motivos para fundamentar el recurso son los que paso a desglosar, siempre en el bien entendido de que sería posible alegar varios motivos diferenciados al amparo de uno de los cuatro motivos genéricos. No obstante, para poder ser interpuesto con éxito, el recurso extraordinario por infracción procesal exige que se haya denunciado en la instancia el motivo tan pronto como éste se produjo, habiendo intentado la subsanación del motivo en dicha instancia. En concreto, frente a la falta de motivación de las sentencias —supuesto frecuentemente habitual de denuncia por esta vía—, el acuerdo exige la necesidad de haber hecho uso de la técnica de la aclaración, corrección o complemento de sentencia, prevista en los arts. 214 y 215 LEC.

Los motivos tasados del recurso extraordinario por infracción procesal son:

  • 1.- Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.
  • 2.- Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

    Este motivo ha sido también ampliamente interpretado por nuestro TS, así, por ejemplo, la STS de 27 de octubre de 2011 (LA LEY 218028/2011) se refirió a ello en los siguientes términos:

    «Los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del art. 469.1.2.º LEC ni por la vía del art. 469.1.3.º LEC. La parte recurrente alude a ambos cauces de modo genérico sin concretar a cuál de ellos acude para denunciar los errores en la valoración de la prueba en que funda los dos primeros motivos del recurso, en cuyo desarrollo no cita ni un solo precepto que pudiera haber sido infringido, requisito que resulta esencial, pese a que se pudiera intuir que considera vulnerado el art. 326 LEC, citado de modo general con otros preceptos de la LEC, en un apartado anterior del escrito de interposición denominado “Presupuestos procesales de admisibilidad”.

    El cauce previsto en el art. 469.1.2.º está reservado al examen del cumplimiento de “las normas procesales reguladoras de la sentencia”. Estas normas comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la sentencia y los requisitos internos de ella, pero no con carácter general las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado (SSTS 28 de noviembre de 2008, rec. 1789/2003; y 30 de junio de 2009, rec. 1889/2006).

    En cuanto al segundo cauce citado por el recurrente recogido en el art. 469.1.3.º LEC referido a la “Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión”, tampoco resulta válido para la denuncia de un error en la valoración probatoria que solo puede excepcionalmente tener acceso a través del recurso extraordinario por infracción procesal por la existencia de un error patente o arbitrariedad en su valoración (SSTS de 20 de junio de 2006, 17 de julio de 2006), por la infracción de una norma tasada de valoración de prueba que haya sido vulnerada (SSTS de 21 de abril de 2005, 9 de mayo de 2005), al amparo del art. 469.1,4.º LEC, en cuanto, al ser manifiestamente arbitraria o ilógica la valoración de la prueba no supera, conforme a la doctrina constitucional, el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE (SSTS 28 de noviembre de 2008, rec. 1789/2003; 30 de junio de 2009, rec. 1889/2006; 6 de noviembre de 2009, rec. 1051/2005). En defecto de todo ello, la valoración de la prueba es función de la instancia y es ajena a las potestades de casación (SSTS 27 de mayo de 2007, rec. 2613/2000; 15 de abril de 2008, rec. 424/2001)».

  • 3.- Infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido causar indefensión. Se trata de una causa íntimamente relacionada con la siguiente, pues es habitual que la nulidad que se invoca esté conectada claramente con la vulneración de algún derecho esencial en el ámbito de la tutela judicial efectiva.
  • 4.- Que se haya producido la vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE. Es habitual que sea ésta la vía por la que suelen admitirse y prosperar un mayor número de recursos extraordinarios por infracción procesal.

    El TS exige en los supuestos de los apartados 3 y 4 que se trate de vulneraciones que, en efecto, cercenen el derecho de defensa con una entidad y naturaleza bastante, de modo que meras infracciones procesales sin un resultado determinante en el derecho de defensa no tendrían cabida en estos motivos. La nulidad de actuaciones ha de generar una auténtica indefensión y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva debe haber sido de suficiente entidad como para haber privado al justiciable de este derecho fundamental. De idéntico modo, el recurrente debe haber puesto de manifiesto la pretendida infracción tan pronto como la conoció a medio del trámite procesal más próximo o cercano a su comisión.


V. A MODO DE CONCLUSIÓN

La reforma legislativa que este acuerdo interpreta pretende, sin ningún género de dudas, una restricción al acceso a medio de los recursos al Tribunal Supremo fundamentalmente a través de la admisión de los dos recursos extraordinarios más habituales: el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal. La elevación de la cuantía para acceder a los recursos y la exigencia más rigurosa en la verificación de los requisitos de admisión de cada uno de los recursos debe suponer necesariamente la inadmisión de un importante número de recursos o, lo que es lo mismo, la firmeza de un considerable número de resoluciones en la alzada.El efecto perseguido no es otro que el de evitar el colapso que sufre el Tribunal Supremo, mejorando con ello la duración media para la resolución de los recursos, excesivamente lenta en la actualidad, debido básicamente al elevado número de recursos que se plantean ante el Alto Tribunal.

Convertir al TS en un auténtico órgano jurisdiccional para la unificación de la doctrina jurisprudencial y de la hermenéutica actualizada de las normas mucho más ágil y dinámico de cómo funciona en la actualidad, así como mantener sus funciones jurisdiccionales en los estrictos términos comprendidos en los recursos extraordinarios.


VI. BIBLIOGRAFÍA

— BONET NAVARRO, A., Los recursos en el proceso civil, LA LEY, Madrid, 2000.

— GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, I, 2.ª edición, Colex, Madrid, 2007.

— LÓPEZ SÁNCHEZ, J., El interés casacional, Civitas, Madrid, 2002.

Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, Aranzadi, Navarra, 2004.

— MARTÍ MARTÍ, J., «Modificaciones introducidas en la Ley 37/2011, de Medidas de Agilización Procesal, en materia de recursos y costas», en Práctica de Tribunales núm. 89, enero 2012, págs. 34 y ss.

— MONTERO AROCA, J., El recurso de casación civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

— VV. AA., Ley de Enjuiciamiento Civil. Comentada, con jurisprudencia sistematizada y concordancias, 3.ª ed., dir. XIOL RÍOS, J. A., El Derecho, Madrid, 2011.