Inocente encarcelado durante casi 9 años por error judicial percibirá una indemnización a cargo del Estado de 650.000 euros

Fuente: La Ley.

AN, Sala de lo Contencioso, S 19 Mar. 2013. Ponente: Terrero Chacón, José Luís

La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de un hombre, que permaneció 8 años y 11 meses en prisión por una falsa denuncia de violación, a percibir una indemnización con cargo al Estado por responsabilidad patrimonial de 650.000 euros.

Según los hechos que recoge la sentencia, el afectado fue detenido y encarcelado en agosto de 2001 y condenado por la Audiencia Provincial de Almería en junio de 2002 a 13 años de prisión por un delito de violación con uso de armas que años más tarde se demostró que no cometió. No fue reconocida su inocencia hasta marzo de 2010 cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estimando el recurso de revisión interpuesto, anula la condena de la Audiencia Provincial.

Demostrada su inocencia solicita al Ministerio de Justicia una indemnización de 10.000.000 de euros por los daños sufridos como consecuencia de la prisión indebida, pero la Administración no resuelve inicialmente la referida solicitud en forma expresa, por lo que decide interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha limitado el enjuiciamiento del recurso a fijar el «quantum indemnizatorio», al existir ya un reconocimiento expreso de la Administración por el error judicial que determinó la condena y permanencia en prisión del reclamante.

Previamente al desglose de los conceptos indemnizatorios, la Sala ha advertido de la imposibilidad de fijar criterios inamovibles para estos casos de prisión indebida, dada la variedad de perjuicios que a una persona puede desencadenar la cárcel en función de sus circunstancias, tanto personales como patrimoniales.

A continuación la sentencia expone con detalle aquellos perjuicios que el juzgador entiende reales y efectivos, y por los que considera razonable una indemnización, y aquellos otros que, pese a haberse reclamado por ellos una compensación económica, son rechazados por la Sala al faltar algún elemento que justifique la realidad del daño sufrido. De esta manera, para el cálculo del «quantum indemnizatorio» el juzgador ha tenido en cuenta principalmente el tiempo que el afectado ha permanecido en prisión, además de circunstancias tales como la difusión del caso en los medios de comunicación, la naturaleza del delito objeto de la condena, o la imposibilidad de comunicarse con sus hijos, entre otras; y no ha reconocido indemnización alguna ni por el lucro cesante reclamado, ni por los gastos generados por la representación y defensa en el procedimiento penal.

Todas estas consideraciones llevan a la Audiencia Nacional a fijar el importe de la indemnización en la ya citada cifra de 650.000 euros, rechazando tanto la cantidad de 10 millones de euros solicitada por el reclamante, como los poco más de 365.000 euros que reconocía la Administración.

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