Valor probatorio de facturas y albaranes

Fuente: La Ley.
Autor: Manuel PACHECO GALLARDO, Juez sustituto.

La masificación, urgencia e inmediatez que caracterizan el tráfico mercantil determinan que los contratantes, con frecuencia, prescindan de formalismos y no sean muy rigurosos en el manejo de facturas y albaranes. Ello suele acarrear problemas de índole probatoria, cuando, en caso de conflicto, se acude a la vía judicial. ¿Qué valor y eficacia han de atribuirse a esos documentos? Sobre esa cuestión y sobre la posición que al respecto han adoptado nuestros Tribunales versa el presente artículo.

I. PRÓLOGO

Las facturas y los albaranes son de uso habitual en las relaciones comerciales y, por ello, suelen constituir la prueba documental del negocio. Sin embargo, las especiales características del tráfico mercantil determinan que, en la contratación, prevalezcan el antiformalismo, la confianza y la buena fe y que los contratantes, a menudo, prescindan de las formas y exigencias legales y no sean muy escrupulosos en su confección y manejo.

Consecuencia de ello es que, con frecuencia, en caso de conflicto, el debate acaba centrándose en el valor que deba atribuirse a esos documentos, ya que, al ser privados y emitidos unilateralmente por una de las partes, no pueden tener plena eficacia probatoria.

Sobre esta espinosa cuestión versa el presente artículo. Comienza con una breve descripción de las facturas y de los albaranes así como de las irregularidades más frecuentes en la práctica mercantil para, a continuación, exponer, de forma más prolija y exhaustiva, la postura adoptada por nuestros tribunales que, a salvo el necesario análisis de cada caso, han sentado un criterio jurisprudencial favorable a reconocer a esos documentos mercantiles, en razón de los principios de la buena fe y de seguridad comercial, una presunción de veracidad.

II. FACTURAS Y ALBARANES. INTRODUCCIÓN

La factura es un documento privado, confeccionado unilateralmente por una de las partes, que contiene toda la información relativa a los bienes o servicios objetos del negocio. Así, en toda factura deben constar los datos del expedidor y del destinatario, el detalle de los productos o servicios suministrados, la fecha de devengo, los precios unitarios, los precios totales, así como los descuentos e impuestos. Es el justificante fiscal de la entrega del producto o de la provisión del servicio y da derecho al receptor (el comprador) a la deducción del impuesto del valor añadido.

Por su parte, los albaranes (o notas de entrega) son documentos mercantiles que acreditan la realidad de un contrato o, para ser más precisos, la realidad de su cumplimiento (SAP de de Córdoba de 12 de marzo de 2001). Sirven como prueba de la entrega otraditio de una mercancía.

Los albaranes tienen una importancia vital para el comprador, para el vendedor e, incluso, para la empresa de transporte. Mediante el albarán, el comprador puede comprobar que lo que ha recibido coincide con lo que solicitó y, además, verificarlo con la facturación posterior. Por su parte, el vendedor, al recibir el duplicado del albarán debidamente firmado por el comprador, tiene constancia de haber entregado la mercadería de manera conforme y podrá emitir la factura correspondiente. En cuanto a la empresa de transporte, el albarán es una garantía de que el transportista entregó en buen estado la mercancía.

La eficacia de los albaranes es, por lo tanto, doble: por un lado, acreditan la fecha de entrega de una mercancía y, por otro, acreditan la conformidad de la misma. La fecha de entrega es de capital importancia ya que la vigente legislación contra la morosidad establece que el plazo de pago de las facturas empieza a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios. Además, esa fecha marca también el comienzo del cómputo para reclamar en caso de vicios ocultos de los bienes. A este respecto, no debe olvidarse que el Código de Comercio señala que el comprador no podrá accionar contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercancías recibidas si, al tiempo de recibirlas, firma el albarán (por eso no es aconsejable firmarlo hasta que no se haya comprobado que el pedido está en buen estado y que coincide con lo que se había solicitado).

En definitiva, el albarán se revela como esencial en caso de futuras reclamaciones.

III. EFICACIA PROBATORIA DE FACTURAS Y ALBARANES

En las relaciones negociales la prueba documental suele estar constituida por las facturas y los albaranes.

Sobre su valor probatorio es conocida la doctrina jurisprudencial según la cual «su no reconocimiento no los priva de valor probatorio, sino que deben tomarse en consideración ponderando su grado de credibilidad según las circunstancias del debate o complementados por otros medios de prueba, conllevando los mismos una acentuada presunción de verdad comercial, en base a los principios de buena fe y seguridad en el tráfico mercantil, de modo que, junto con otras pruebas, que pueden ser simplemente indiciarias o incluso resultar de la misma postura adoptada en el proceso por la demandada (por ejemplo, las que se deduzcan de la simple falta de prueba por su parte), pueden llevar a lograr una total eficacia probatoria que destruya la simple y pasiva negativa de la contraparte de haber contraído la deuda que se le reclama» (SAP Zaragoza de 9 de diciembre de 2010).

Por otra parte, la eficacia probatoria de esos documentos, supeditada a su valoración conjunta con otras pruebas, debe ser objeto de interpretación flexible por las especiales características del tráfico mercantil, en el cual rigen la masificación, urgencia, rapidez e inmediatez en el cumplimiento de las prestaciones, lo que determina que en la contratación prevalezcan el antiformalismo y la buena fe que comportan, en muchas ocasiones, el que se prescinda de formas y exigencias legales.

De hecho, en el tráfico mercantil, sobre todo en la compraventa y en el suministro, es habitual, y así lo han venido reconociendo los distintos órganos judiciales en sus resoluciones (SAP Palma de Mallorca de 14 de diciembre de 2010, SSAP de Murcia de 14 de diciembre de 2010 y 6 de mayo de 2010, SAP de Jaén de 12 de julio de 2010, entre otras), que las partes no firmen ningún documento en el que se plasme la celebración del negocio jurídico; que se hagan pedidos por teléfono, fax o correo electrónico; que se envíen las mercancías sin mayores exigencias; que, tras la entrega de la cosa vendida, que podrá o no dejarse plasmada en un albarán, el vendedor emita una factura, entregando una copia al comprador, procediendo éste a pagar su importe (muchas veces por transferencia bancaria y sin grandes complicaciones formales), bien en el mismo acto (lo cual es habitual en ventas en establecimientos mercantiles con consumidores finales del producto), bien en un momento posterior (en el caso de relaciones mercantiles entre comerciantes). También es harto frecuente que los albaranes o notas de entrega sean firmados por empleados o dependientes del receptor e, incluso, que no se firmen (lo que supondría que la simple negación de la firma o el no poder localizar al empleado que firmó sería suficiente para evitar el reconocimiento de que el suministro se ha recibido o el servicio ha sido prestado y, por tanto, para evitar el pago).

Los Tribunales son conscientes de esas realidades y prueba de ello es que, en materia mercantil, la jurisprudencia, en aras del principio de buena fe y de la seguridad y celeridad del tráfico mercantil, no impone la observancia con rigurosidad de ciertas formalidades si del conjunto de medios de prueba se puede llegar al convencimiento de que los hechos alegados son ciertos.

De ordinario, «la acreditación de la realidad de esos contratos y del cumplimiento por el vendedor de sus obligaciones suele efectuarse mediante la aportación de los albaranes de entrega previos a la emisión de la correspondiente factura, de manera que acreditada esa entrega surge para el comprador la necesidad de probar la extinción de su obligación de pago del precio o la concurrencia de justa causa obstativa a su cumplimiento» (SAP de Murcia de 20 de mayo de 2008).

Es cierto que facturas y albaranes son documentos privados emitidos por una de las partes y que, por lo tanto, no pueden tener plena eficacia probatoria pero ello «no impide otorgarles la debida relevancia, aunque no hayan sido reconocidos por la otra parte, conjugando su contenido con el resto de elementos probatorios obrantes en las actuaciones» (SSTS 29 de mayo de 1987, 20 de abril de 1989, 29 de octubre de 1992, 18 de noviembre de 1994 y 19 de julio de 1995, entre otras muchas). De hecho, el art. 1225 del Código Civil no impone el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado por parte de aquéllos a quienes afecta como el único medio de acreditar su legalidad. Sostener la postura contraria supondría tanto como dejar al exclusivo arbitrio de la otra parte y al servicio de sus privativos intereses la eficacia probatoria del documento. Como señala la SAP de Madrid de 14 de junio de 2005, «no basta… con entorpecer el éxito de la pretensión contraria sobre la base de desconocer los documentos presentados de contrario pues, en la medida en que la existencia de las relaciones comerciales han sido reconocidas…, la falta de reconocimiento de los albaranes y facturas aportados no les priva radicalmente de eficacia si existen en autos elementos de juicio que permitan reconocer la realidad de lo que los mismos reflejan».

Por lo tanto, quedará reservada al órgano judicial la apreciación del valor probatorio de esos documentos, no de forma arbitraria e inmotivada, sino en relación con los restantes medios de prueba, valorados conforme a la sana crítica. Así lo ha declarado en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo: «… la autenticidad de los documentos privados constituye una cuestión que puede y debe ser objeto de valoración por el tribunal de instancia atendiendo al resto de los medios de prueba apreciados conjuntamente…; la impugnación de un documento de carácter privado por la contraparte no constituye por sí mismo un hecho que determine consecuencias definitivas sobre la falta de autenticidad a priori del documento a los efectos de ser considerado como medio de prueba» [STS de 23 de febrero de 2006), entre otras].

En suma, nada impide que un documento privado sea adverado por otros medios probatorios que permitan su valoración en concordancia con el resto de la prueba y pueda tener significación para formar la convicción sobre la materia necesaria de prueba, a modo de fuente de datos indiciarios de complemento o refuerzo, valorados conforme a la sana crítica y al comportamiento procesal de la parte (SAP de Jaén de 12 de julio de 2910).

Ahora bien, si la veracidad de los documentos aportados por el reclamante es negada de contrario y no van acompañados de otros medios probatorios eficaces o idóneos para acreditar la realidad de la relación contractual, esa falta de actividad adveraticia no puede sino redundar en perjuicio del reclamante, que no podrá ver estimadas sus pretensiones. A modo de ejemplo: SAP de Murcia de 29 de julio de 2010: «la entidad demandada negó la existencia de la deuda y la entrega de la mercancía, por lo que deviene necesario que la entidad actora acredite la entrega de la mercancía cuyo pago se reclama; sin embargo, esto no lo ha conseguido, pues el albarán que se acompaña con la demanda… carece de valor probatorio al resultar acreditado que la firma que obra en el mismo es falsa… La entrega de las mercancías no ha sido acreditada por ningún otro medio de prueba…». SAP de Burgos de 21 de enero de 2000: «no ha quedado probado que los productos… fuesen devueltos a la demandada, en unos casos porque los albaranes que se acompañan son simples fotocopias, y en otros por no estar siquiera firmados los albaranes de entrega… Se encuentra aportado un albarán de entrega en el que aparece la firma de un tal Mauricio… prueba ésta que en modo alguno acredita la devolución de la mercancía descrita en el referido albarán… pues, aparte de que no coinciden los productos relacionados en la factura y en el albarán, no consta quién pueda ser el Sr. Mauricio ni ha reconocido éste su firma en el documento, que no ha sido adverado por ningún otro medio de prueba». Por otro lado, es criterio jurisprudencial consolidado (a título de ejemplo, la STS de 24 de mayo de 1999) que la aportación de albaranes en los que sólo consten unas firmas ilegibles o simples rúbricas no resulta suficiente, por sí sola, para estimar probada la entrega de la mercancía cuando ésta se niega de contrario, sin que por el hecho de que pueda ser práctica habitual en las relaciones comerciales la de que los albaranes de entrega de mercancías los firme cualquier empleado, persona contratada, autorizada o relacionada con la empresa sin hacer constar su identidad completa o su DNI, se considere suficiente para poder deducir de ella la conclusión de que tales firmas o rúbricas fueron estampadas por empleados de la empresa demandada en prueba de recepción.

En definitiva, es conveniente que el reclamante despliegue una actividad probatoria adecuada y suficiente que demuestre la realidad contractual y los hechos constitutivos de su pretensión y que complemente las facturas, albaranes o demás documentos privados, unilateralmente otorgados, evitando, de ese modo, que el juzgador no les otorgue valor probatorio en el caso de que fueran negados o impugnados por la parte contraria.

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