La inconstitucionalidad de la Ley de Tasas 10/2012, de 20 de noviembre

Fuente: La Ley.
Autor: José María ASENCIO MELLADO, Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Alicante.

La opción del legislador español de recuperar las tasas judiciales tras veinticinco años en los que la Justicia ha sido gratuita, cumpliendo así el mandato constitucional formulado como principio en el art. 119 CE, ha provocado unos efectos, queridos y representados, graves para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Más allá de los fines recaudatorios, lo perseguido era la disuasión, el abandono del recurso a la Justicia para la resolución de conflictos como ya se anunciaba desde 2009 al establecer los depósitos para recurrir. Unos fines incompatibles con el Estado de derecho que deben valorarse para decidir la constitucionalidad de una norma en sí misma considerada, más allá, pues, del solo dato de sus desproporcionadas cuantías.
 

I. INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre la constitucionalidad de la Ley de Tasas, 10/2012, de 20 de noviembre, existiendo una suerte de consenso general acerca de que la misma, en lo que concierne a la opción legislativa de establecerlas, se adecua plenamente alart. 119 CE, siendo común, sin embargo, rechazar las cuantías establecidas por su carácter desproporcionado y constituir un obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) (1) . Todas las opiniones vertidas, siguiendo la Exposición de Motivos de la Ley, parten, para llegar a esta conclusión, de la doctrina del TC vertida con ocasión del análisis delart. 37 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, la cual, aunque referida a supuestos diametralmente distintos, es trasladada casi mecánicamente a la interpretación de la vigente, siendo utilizada, sin profundizar en las diferencias y efectos de la de 2012, como criterio en el que sustentar su adecuación constitucional. La propia Exposición de Motivos de esta última norma, no es sino una repetición de las conclusiones de la jurisprudencia constitucional.

Pero, tras seis meses de vigencia de la Ley de Tasas y contemplados sus demoledores efectos en la Justicia, es procedente realizar un análisis que supere una simple contemplación de la norma desde criterios jurídicos abstractos, siendo obligado profundizar o tener en cuenta otros elementos de valoración más reales, especialmente los referidos al Poder Judicial y su posición en el Estado de derecho, los derechos ciudadanos y sus obligaciones cuando surgen conflictos y deben acudir a los tribunales para obtener una solución renunciando a la autotutela y, cómo no, la finalidad real de la Ley, que no es estrictamente la de recaudar, sino, como ya anunciaba el legislador de 2009, que estableció el depósito para recurrir, la de hacer desistir del derecho a acudir a los tribunales disuadiendo del ejercicio de la tutela judicial efectiva. Porque, si ésta es la finalidad y la práctica ha acreditado el éxito de la misma, no será posible mantener una interpretación de la norma apegada a finalidades ajenas a la buscada, ni a meros intereses recaudatorios o a conceptos legales de lo que es una tasa vinculada a la prestación de un servicio público. Esto es, si los fines perseguidos por la ley de Tasas no son los estrictamente recaudatorios, como sucedía con la ley 53/2002, en modo alguno servirá la jurisprudencia del TC para analizar la constitucionalidad de la hoy vigente, ya que se estará ante dos realidades no equiparables(2) , debiendo el TC pronunciarse sobre esta última desde posiciones no equivalentes y teniendo en cuenta siempre los efectos realmente conseguidos y su adecuación a las pretensiones perseguidas, claramente contrarias a la Constitución. Porque, si la ley busca obstaculizar el ejercicio de un derecho, poco más ha de reflexionarse acerca de su adecuación a la Constitución.

La Ley de Tasas, en opinión de quien suscribe, es inconstitucional en sí misma considerada, la opción de su establecimiento respecto de las personas físicas, se opone derechamente al art. 119 CE en relación con el art. 117 CE y con el art. 24 CE, entre otros, partiendo de que el valor Justicia informa el Estado social de derecho, afirmación que no debe olvidarse en tanto sirve como referencia para la misma comprensión del modelo democrático español. No es que puedan ser desproporcionadas sus cuantías y que, reducidas éstas, la Ley recobre plena constitucionalidad, sino que la propia opción de establecimiento de tasas en el ámbito de la Justicia, se opone a la Constitución. Los fines perseguidos por la misma no son asumibles, sino opuestos al sistema democrático español, pues buscan, simplemente, disuadir a los ciudadanos del ejercicio de un derecho fundamental que, a su vez, es obligación cuando sus derechos han sido vulnerados, además de que la Justicia no es como tal un servicio público, idea ésta que debemos superar, al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental ante un Poder del Estado que debe mantener su posición preferente frente a los demás, sometido a la ley, pero situado siempre «supra partes», públicas o privadas, como garantía del principio de supremacía de la Ley.

II. LA GRATUIDAD DE LA JUSTICIA COMO PRINCIPIO

El art. 119 CE establece un aparente doble entendimiento del principio de la gratuidad de la Justicia. Por un lado, como principio que debe presidir la actuación de los ciudadanos ante la Administración de Justicia; y, por otro lado, como obligación estatal cuando se «acredite la insuficiencia de recursos para litigar».

Atendiendo a esta doble consideración, el TC en su Sentencia, entre otras, 20/2012, de 16 de febrero, ha considerado la gratuidad como una mera posibilidad atribuida al legislador, el cual puede optar en cada caso por establecerla o suprimirla, es decir, por implantar un sistema de plena gratuidad o acudir a otro mixto. Para el TC, desde una consideración estrictamente administrativista y no aplicable tan directamente al Poder Judicial, el legislador es dueño de la política tributaria, pudiendo establecer los impuestos o tasas que estime convenientes.

En suma, con esta interpretación, la gratuidad ni siquiera es un mero principio, pues, además de carecer de eficacia alguna, tampoco se comporta como criterio informador a la vista de la plena libertad que el TC reconoce al Estado para, en la generalidad de los casos y fuera de los que afecten a los que carecen de recursos, establecer el sistema tributario que considere oportuno. Es decir, la referencia constitucional a la gratuidad, no parece que para el TC tenga relevancia alguna, no dando importancia al hecho mismo de incluir en la Constitución, literalmente, una expresión que reconoce tal gratuidad y la eleva a principio, pues bien podría haber guardado silencio y establecer un mero derecho limitado a los que carecen de recursos. Con la doctrina constitucional hubiera dado igual no formular dicho desideratum, pues le priva de cualquier efecto y consecuencia.

Pero, lo cierto es que el constituyente incluyó esta referencia expresa, reconociendo, aunque fuera genéricamente, un principio y una tendencia hacia la gratuidad. Y ésta algún significado debe tener, el cual no puede ser otro que el de principio rector que obliga a una actuación siempre favorable a la gratuidad de la Administración de Justicia y, desde luego, cuando entran en juego intereses contrapuestos, como la estabilidad presupuestaria, optar por el principio que garantiza directamente derechos individuales y colectivos, siempre superiores a criterios puramente economicistas.

No parece acertado interpretar la expresión constitucional como mera y libérrima opción legislativa, ya que actuar de este modo supone, sencillamente, privarla de todo valor, considerarla inexistente fuera de los casos en que es obligada por disposición también constitucional.

La opción del legislador de 1986 (Ley 25/1986, de 24 de diciembre) fue absolutamente respetuosa con el principio de gratuidad de la Justicia y el fundamento de la decisión, explicitado en la Exposición de Motivos, expresión de la relación entre este principio y los derechos que ampara directamente: la libertad y la igualdad, derechos éstos que están en relación inmediata con la exigencia de tasas para acudir a la Jurisdicción, las cuales coartan la libertad, porque la Justicia es obligada en un Estado de derecho para la protección de los derechos y el cumplimiento de la ley y la igualdad, como la práctica ha demostrado si analizamos el tipo de pretensiones, las de los más débiles, que se han visto reducidas en su interposición tras la vigencia de la Ley. Ejemplo éste tan patente, que olvidarlo implica desconocer la realidad sobre la que debe interpretarse una norma (art. 3,1 CC).

No es la gratuidad, pues, una mera expresión sin sentido que no obligue al legislador, pues es evidente que su introducción tuvo una pretensión, cual era la de tender, como hizo la Ley de 1986, a su plena efectividad. De este modo, toda restricción, cuando la legalidad ya la había establecido haciendo realidad una opción constitucional, requería de justificación suficiente y, en todo caso, nunca atender a fines ilegítimos o limitativos per se de los derechos fundamentales. La interpretación que el TC hace de la norma no parece de recibo, pues, en el fondo, implica negar todo valor al precepto que queda reducido a la obligación de gratuidad en los casos de carencia de recursos. Una parte del art. 119 CE queda anulada si se interpreta como mera opción legislativa, ni siquiera como principio informador.

Por el contrario, si se quiere dar a la norma un valor, no olvidar su sentido constitucional, habrá que concluir que, junto al derecho de los que no tienen recursos, se alza uno general a la gratuidad, que el constituyente estimó necesario para reforzar el Estado de derecho y cuya limitación, una vez alcanzado y tras veinticinco años, exige de justificaciones que la Ley 10/2012, antes al contrario, las omite, carece de ellas estableciendo finalidades opuestas frontalmente al derecho a la tutela judicial efectiva, pues no en vano ése es el fin perseguido, la reducción de los litigios, la economía, lo que se consigue ahora con tasas y anteriormente, por medio de otras normas que allanaron el camino a la vigente, suprimiendo recursos y estableciendo depósitos para recurrir. Una tendencia que ha supuesto una involución en nuestro sistema de Administración de Justicia y que ahora ha alcanzado su máxima expresión. Seguir insistiendo en la libertad del legislador ante esta realidad, es tanto como desconocer los resultados que ha producido, que no pueden olvidarse si se quiere efectuar un análisis real de los efectos de una norma.

Las sucesivas y constantes reformas de los principios establecidos por la Ley de 1986, han sido respuestas coherentes con el sistema socioeconómico que ha sustituido al modelo social y que ahora se caracteriza, como consecuencia de anteriores decisiones, por los recortes en los derechos sociales. La decisión de establecer tasas para el acceso a la Justicia no es, de este modo, neutral, sino dependiente de una ideología económica, común a los grupos mayoritarios, que antepone eficiencia económica a derechos. Porque, sin duda alguna, el equilibrio presupuestario puede imponerse sin sujetarse a condiciones, como supremo valor o, por el contrario, supeditarse a consideraciones de mayor rango, en cuyo caso, como aquí sucede, las tasas no podrían imponerse, ni aun en el supuesto de atender a un fin recaudador legítimo, por su evidente afectación a derechos fundamentales.

Es decir, una regla como la gratuidad, que tiene un fundamento constitucional íntimamente relacionado con derechos fundamentales y con los valores que consagra el art. 1 CE, se supedita a una visión de la economía y se subordina a fines que nunca pueden ser superiores, pues los opuestos informan el ordenamiento jurídico.

Pero, si como es el caso, la tasa no responde ni siquiera a ese fin recaudatorio y persigue un resultado disuasorio, cuyos efectos no se pueden negar pues eran los queridos por el legislador desde el año 2009, afectará al modelo constitucional y el principio de la gratuidad deberá imponerse sobre otra consideración, pues su restricción carecerá de justificación legítima.

En resumen, no basta con analizar el concepto de gratuidad desde una mera consideración abstracta o hacerlo atendiendo a la letra de la jurisprudencia del TC dictada en otras situaciones.

Se impone, por el contrario, valorar la naturaleza del principio de gratuidad en su mismo entendimiento dotándolo de sentido por el mero hecho de ser expresado en la Constitución, para darle algún valor que no sea el meramente retórico.

Es obligado, igualmente, analizar, a la vista de los efectos que la Ley ha provocado, si la renuncia a la gratuidad, ya anteriormente establecida, esto es, la modificación de la opción legal existente, está justificada suficientemente, en tanto no es que ahora el legislador ex novo haya previsto un sistema, sino que ha modificado el anterior, limitando los derechos mejor reconocidos y protegidos. Una restricción que exige de justificación razonable, máxime cuando implica negar sentido a la expresión «gratuidad» del art. 119 CE.

Es necesario, para ello, atender a si el fin recaudatorio, el propio de una tasa, es proporcional, más allá de la cuantía de la tasa, sino en sí mismo considerado, a los efectos perjudiciales y colaterales provocados en el ámbito económico, como los que afectan a la profesión de Abogado e indirectamente a los estudios de postgrado. Porque, una desproporción entre beneficios y perjuicios, implicaría un alto grado de deslegitimación del sistema decidido.

Y, en fin, no es posible dejar de atender, por su absoluta falta de justificación, que el fin perseguido no fuera legítimo y no lo sería cualquiera que pretendiera lograr la reducción de la litigiosidad mediante la disuasión de los ciudadanos a los que se obstaculiza el derecho de acceso a la Justicia. Si el fin buscado es ése, la norma debe considerarse, en sí misma, inconstitucional.

La gratuidad, en definitiva, en tanto principio constitucional, implica consecuencias y efectos que limitan el poder del legislador. Todas ellas, aquí indicadas, van a ser objeto de un desarrollo más puntual en las líneas que siguen, teniendo en cuenta que esta aportación es breve y se limita a apuntar ideas y reflexiones que pretenden, frente a la general aceptación de las tasas, manifestar un claro rechazo a las mismas y la decidida apuesta por la generalización o, al menos, el mantenimiento de la gratuidad para las personas físicas. El Estado de derecho no puede perturbarse en sus pilares fundamentales.

III. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE TASAS

La Ley de Tasas 10/2012 ha roto con la tendencia legislativa vigente desde 1986, optando y estableciendo un nuevo modelo que rompe con la gratuidad de la Justicia para las personas físicas, imponiendo, además, unas cuantías tan desproporcionadas, que parece elemental que el TC, aunque mantenga su doctrina, las rechace en su actual configuración.

La doctrina se ha mostrado casi unánime en afirmar la plena constitucionalidad de la Ley en tanto entiende que las tasas constituyen una opción legislativa aceptable y un modo de financiar la Justicia que hace recaer el pago del servicio en quien lo utiliza. Así lo manifestó el TC en su nombrada Sentencia 20/2012 y de la misma manera lo entiende o lo asume sin crítica alguna la casi totalidad de la doctrina que, de nuevo, se resiste a criticar a este Tribunal, aceptando, sin réplica alguna, sus decisiones.

Muy al contrario, en una iniciativa que cabe valorar muy positivamente, la Junta de Andalucía ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad, que han sido admitidos, frente a la Ley, que no se limita a oponerse a las cuantías, sino que alcanza a la propia Ley.

En ella, como es sabido, si bien refiriéndose a los supuestos previstos en la Ley 53/2002 que limitaban las tasas a las personas jurídicas, asumió como adecuado a la Constitución el establecimiento de tasas y la financiación de la Justicia por los usuarios de la misma, no repercutiendo, pues, su coste exclusivamente en los impuestos. Pero, la misma sentencia advertía del riesgo de que las cuantías pudieran ser excesivas, supuesto en el cual anunciaba la posible inconstitucionalidad de la norma si ésta se convertía en un obstáculo para el acceso a la Jurisdicción.

Estando de acuerdo plenamente en la posible inconstitucionalidad de la actual norma por su desproporción en las cuantías establecidas, conviene reiterar dos argumentos, anteriormente mencionados, que pudieran alzarse como obstáculo a la constitucionalidad misma de establecer tasas a las personas físicas. Y esta afirmación se hace teniendo en cuenta que la Sentencia 20/2012, no parece plenamente trasladable a un ámbito radicalmente diferente en tanto, ni las personas físicas son equiparables a las jurídicas, especialmente a las que gravaba la Ley 53/2002, usuarias de la Justicia de modo frecuente y motivadas por su propia actividad mercantil, ni a estas últimas les es predicable la insuficiencia de recursos para litigar y, por ello, las posibles dudas acerca de si basta una norma general, la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para apreciar el efecto de una tasa en un caso concreto. Aunque el TC lo haya avalado en otros campos (STC 16/1994, de 20 de enero), las tasas parecen exigir un mayor cuidado, sin que deba entenderse que la valoración genérica que efectúa la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sirva para obstaculizar el acceso si el sujeto, en el caso concreto, carece de medios aunque obtenga ingresos excluidos de la Justicia Gratuita. Dicha sentencia, no obstante, consideró acertada la previsión general de insuficiencia de recursos, excluyendo, pues, la necesidad de valorar en cada caso concreto su real coincidencia.

Por una parte, el valor Justicia debe tomarse en consideración para enjuiciar la constitucionalidad de la Ley. Por otra parte, como se dijo, la finalidad concreta de la norma y sus efectos.

1. El valor Justicia como criterio de interpretación

La gratuidad, no cabe duda, constituye una opción que favorece en mayor medida el acceso a la justicia y con ello el Estado de derecho. Y es que, más allá de considerar el recurso a los tribunales como un derecho fundamental (art. 24.1 CE), que lo es, hay que tener en cuenta que acudir a los tribunales que integran el Poder Judicial se desenvuelve en una obligación en el marco de ese Estado de derecho. Los ciudadanos, ante cualquier conflicto intersubjetivo o social, están obligados a renunciar a la autotutela, debiendo, cuando surge el conflicto y fuera de los mecanismos de autocomposición, deducir sus pretensiones ante el Poder Judicial. Esto es, el acceso a la Justicia no puede ser contemplado exclusivamente en su faceta de derecho olvidando la de deber ínsito a la propia existencia de un Estado. De esta manera, el recurso a los tribunales se constituye también como un deber al que no puede ser opuesto el de renunciar al ejercicio de los derechos, máxime cuando algunos son irrenunciables o algunas pretensiones, como las constitutivas, requieren siempre de una resolución judicial.

El pago de tasas, pues, no sólo puede ser analizado, cuando de acudir a la justicia se trata, como un derecho a una prestación, cual sucede cuando se pide una a la Administración, sino como un deber derivado de la misma existencia del Estado de derecho, de la prohibición de autotutela cuya renuncia equivale o puede equivaler a la de los derechos y, en este sentido, a la ruptura de la libertad, la seguridad y la igualdad, principios en los que se apoyó la ley de 1986 para avanzar hacia la gratuidad plena.

La Justicia, en este sentido, no sólo genera beneficios individuales a quien hace uso de ella, sino, como manifiesta el TC (20/2012 entre otras), a la propia sociedad, a la seguridad jurídica, a la paz social, limitando el poder del Estado y asegurando la igualdad entre los ciudadanos mediante la evitación de la superioridad de los más poderosos.

No es la justicia, pues, un mero servicio público, que pueda ser tratado al igual que los que ofrece la Administración Pública y analizada desde criterios de mera eficiencia económica o de rentabilidad. La Justicia es impartida por un Poder del Estado, el Judicial, que por su ubicación constitucional, no presta servicios que deban ser satisfechos mediante tasas, al modo de los prestados por el Poder Ejecutivo, sino que reviste una importancia capital en tanto el acceso a la misma constituye un derecho y el recurso a ella un mecanismo de garantía del propio Estado democrático.

En resumen, pues, debe considerarse que el establecimiento de tasas, utilizando criterios propios del derecho administrativo, no es admisible, pues el Poder judicial no es Poder Ejecutivo, no se reciben prestaciones de servicios, sino que se amparan derechos, los ciudadanos no son libres de realizar sus derechos sin recurso al Poder judicial cuando se violan y las sentencias cumplen un papel esencial político que excede al de la realización de meras prestaciones que deban ser valoradas con criterios de eficiencia económica y menos limitar el uso del derecho de acceso mediante mecanismos disuasorios, porque en tal caso se estará causando un grave daño al Estado de derecho.

2. La inconstitucional finalidad de la Ley de Tasas

Las tasas tienen como objeto la financiación y pago de un servicio público. De tener las tasas dicha finalidad, podría tal vez justificarse su imposición en el terreno de lo teórico. No obstante, como anteriormente se afirmó, no parece que dicha función técnica y recaudatoria sea la que ha primado en su establecimiento en España, sino otra, de complejo o imposible encaje constitucional, que ha ido perfilándose en las últimas reformas tendentes a hacer oneroso el acceso a la Justicia y que el legislador, poco cuidadoso, no ha tenido reparo en apuntar, incluso de forma expresa.

Frente a la Ley 25/1986, de 24 de diciembre y su radical opción por la gratuidad como medio para garantizar la libertad y la igualdad y frente a las reformas legales operadas en la LEC y otras normas especiales que han ido abriendo espacios para que los más débiles pudieran acceder al proceso en defensa de sus derechos, como las referidas a la protección de los consumidores, las dictadas a partir de 2009, comenzaron a transitar por caminos distintos, rompiendo aquella opción con la clara finalidad de «agilizar», de «descargar», de «limitar» en suma el uso del derecho a acudir a los Tribunales ante lo que entendía el legislador constituía un abuso que multiplicó los litigios en los últimos años. En lugar de invertir, poniendo los medios necesarios o en lugar de racionalizar un sistema administrativo encomendado a distintas Administraciones, la solución, poco ingeniosa, pasó por poner trabas a los ciudadanos, siendo las tasas o los depósitos la solución más simple y que, además, aportaba ingresos. Menos gastos y mayores ingresos que dieron lugar a una reducción notable, primero de recursos y ahora de demandas.

Dejando de lado la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, cuya finalidad fue estrictamente recaudatoria y que limitó las tasas a entidades mercantiles que hacían uso frecuente de la Justicia y enmarcadas en una norma típicamente tributaria y general, fue laLey Orgánica 1/2009, la que impuso el depósito para recurrir. Para ello no tuvo inconveniente alguno en aclarar en su Exposición de Motivos que lo hacía a los fines de «disuadir a quien sin fundamento jurídico alguno…». Es decir, se fijó un depósito previo, un cobro anticipado generalizado para disuadir del uso de los recursos, justificando el gravamen en un prejuicio, también generalizado, sobre la mala fe de los recurrentes. No le bastaba al legislador con la condena en costas o, incluso, con la posible imposición de multas derivadas del abuso del derecho y la mala fe (art. 247 LEC), sino que gravó la presunción de abuso del derecho con un pago anticipado.

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal nada estableció en este sentido, aunque, con la excusa de que había que ofrecer cobertura a las tasas como concepto de la condena en costas, introdujo en el art. 241.1-7 LEC las mismas como concepto individual, con diez años de retraso, lo que fue interpretado por algunos como un avance de las pretensiones de futuro, como un anuncio del triunfo de las tesis economicistas en la Administración de Justicia.

Y la Ley 10/2012, si bien justifica su constitucionalidad erróneamente en las Sentencias del TC que avalan la Ley 53/2002, escasamente relevantes para una comparación adecuada, no puede omitir una justificación que expresa su verdadera intención, al fundamentar las tasas en la necesidad de «racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional». El fin perseguido, pues, no es el estrictamente recaudatorio de la Ley que analiza el TC, sino el de racionalizar, esto es, el de hacer desistir a los ciudadanos que, a la vista del pago excesivo por demandar, deberán abstenerse de hacerlo sufriendo de este modo las consecuencias y renunciando al ejercicio de sus derechos.

El objetivo del legislador, el real y el que hay que tomar en consideración para valorar la constitucionalidad de la norma, no es el recaudatorio, sino el de agilizar la Justicia, descargarla de asuntos, reducir los procesos y todo ello mediante el recurso fácil de obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso, lo que implica que el resultado de la aplicación de la Ley no es otro que el de reducir la protección del Estado a los ciudadanos, afectándose con ello el mismo Estado de derecho.

Y así habrá que interpretar la norma a la vista, como ya se ha dicho, de los efectos producidos en estos seis meses de vigencia que han conseguido plenamente los resultados esperados. Una reducción, se habla, de alrededor de un treinta por ciento en las demandas civiles y casi de un cincuenta por ciento en recursos, siendo especialmente gravosa la medida en ciertos sectores, como los asuntos referidos al tráfico, en los que los descensos han sido especialmente relevantes y con ello los de los Abogados especialistas en la materia. Un sector en pleno afectado por una norma poco cuidadosa (3) .

Pero, es más, no es posible olvidar tampoco los gravísimos efectos que para el derecho de defensa, en tanto propio de la profesión de Abogado, está produciendo una Ley, cuyos beneficios legítimos, los recaudatorios, son absolutamente desproporcionados en relación con los perjuicios de la misma naturaleza económica que están produciendo. Las cantidades ingresadas por el Estado son mínimas en comparación con las pérdidas que está provocando en amplios sectores de la Abogacía española, especialmente en los Abogados más jóvenes, muchos de los cuales, dado el descenso, injustificado salvo por razones de imposiciones de restricción presupuestaria, de la litigiosidad cercano al treinta por ciento, están viéndose obligados a cerrar sus despachos o sufrir una merma considerable de sus ya antes escasos ingresos. El efecto en la profesión ha sido de tal magnitud que no parece que el Estado haya valorado razonablemente y equilibrado adecuadamente, los ingresos y las pérdidas de actividad económica, absolutamente desproporcionadas.

Y, con ello, tal vez se afecte al sistema universitario, a los másteres de la Abogacía, a las Escuelas de Práctica Jurídica, ya que, si la Abogacía no ofrece una salida profesional a los estudiantes, que siempre ha sido la comúnmente elegida, tales estudios de postgrado sufrirán igualmente los efectos de una ley poco pensada o, por el contrario, muy bien analizada si sus efectos, como parece evidente, eran los realmente queridos.

La desproporción entre el coste social y los beneficios de esta misma naturaleza es manifiesta. Los ingresos obtenidos por el Estado e, incluso, el ahorro en la Administración de Justicia que supone la no convocatoria de oposiciones o la supresión de sustitutos y suplentes, no son proporcionales ni siquiera a los perjuicios ocasionados en la actividad económica de la profesión de Abogado, al golpe certero dado a esta profesión liberal, a la crisis provocada, especialmente a los jóvenes abogados (4) . La anteposición de fines económicos y otros de escasa adecuación constitucional a los vinculados a los derechos fundamentales, al entendimiento de la Justicia en su dimensión constitucional y como un derecho, ha generado como resultado una reducción significativa de la igualdad y de la libertad, lo que quiso combatir la Ley de 1986.

Nadie duda de que los recortes sociales, aunque sea porque desde 1982 han sido la alternativa a las crisis económicas, son posibles cuando el Estado no puede afrontar los gastos públicos, pero debiera partirse siempre de puntos o límites infranqueables y la Justicia, sin duda alguna, no puede ser sobrepasada dejando su uso al albur de la situación económica o de decisiones políticas con origen ideológico que se superponen a las previsiones constitucionales a las cuales se enfrentan decididamente.

Que el TC se plantee el análisis de esta Ley 10/2012 desde la realidad, sin dejarse llevar por una rápida comparación con la de 2002, parecería obligado, pues desde esta última norma y hasta la vigente, los sucesivos legisladores han comenzado a recorrer un camino tan peligroso como rechazable. Que el TC resuelva si el uso generalizado de tasas, en sí mismas consideradas y al margen incluso de la desproporción de las cuantías actuales, cuando se persiguen fines contrarios al derecho a la tutela judicial efectiva que no admite obstáculos irrazonables, es adecuado a la Constitución. Y que el TC valore estos aspectos a la vista de los concretos efectos que ha provocado la Ley desde su entrada en vigor es irrenunciable.

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