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Caso «Can Domenge»: condenados cuatro ex altos cargos del Consell Insular de Mallorca por prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información confidencial

Fuente: La Ley.

(AP Baleares, Sección 2ª, S 68/2013, 23 Jul. Ponente: Gómez-Reino, Diego Jesús)

La AP de Baleares ha condenado a cuatro altos cargos del Consell de Mallorca (la ex Presidenta, el ex Vicepresidente, y dos ex Consellers del Parlamento), junto con un promotor y un letrado, por los delitos de prevaricación, fraude a la administración y revelación y aprovechamiento de información confidencial, en el juicio seguido por el denominado «Caso Can Domenge», por la adjudicación irregular de solares públicos para la construcción de viviendas a entidad mercantil que abonó por ellos una cantidad notablemente inferior -30 millones de euros- al precio real de los terrenos -45 millones-.

Ha considerado probado la Sala que los cuatro funcionarios, aprovechando los cargos públicos que ocupaban, se concertaron para beneficiar de manera arbitraria a una sociedad promotora en la enajenación de un bien público, al tiempo que ocasionaban un cuantioso perjuicio económico a la Administración. Según el tribunal, el plan se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública, transmitiendo además información privilegiada por parte de los funcionarios a dicha entidad en el proceso de concurso que se siguió para la venta de los terrenos.

Así, se incurre en el delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP desde el momento en que se infringen abiertamente las normas de competencia para la tramitación del expediente de enajenación, ya que correspondía al Pleno y no a la Presidencia del CIM, y también las normas que exigen que la valoración de los bienes se verificasen a valor de mercado. El propósito era el de controlar el proceso de enajenación y adjudicar el concurso al licitador que más les conviniera y por tanto sustituyendo dicho procedimiento por la adjudicación directa. Arbitraria y caprichosamente deciden los acusados enajenar el bien inmueble de mayor valor del CIM mediante el procedimiento de concurso, cuando la defensa del interés general, regido por el objetivo de obtener la mayor rentabilidad, exigía que los terrenos se vendieran mediante subasta. En cualquier caso resultaba arbitrario establecer un precio mínimo de los terrenos, el cual era inferior a su verdadero valor.

Asimismo la tramitación del expediente, la resolución ordenando la publicación del concurso, la propuesta de adjudicación y finalmente la venta de los terrenos, son expresión de un acto desviado, en la medida en que traen causa del concierto fraudulento con uno de los licitadores para defraudar a la Administración en su propio beneficio y conceder ventaja a dicho licitador proporcionándole información y los borradores de los pliegos con antelación a que el concurso fuera publicado, contraviniendo los principios de igualdad y de concurrencia competitiva que han de regir en todo proceso público de enajenación.

Por lo que respecta al delito de revelación de secretos o de informaciones que no deban ser divulgadas, recogido en el art. 417 CP, se comete porque se proporciona a determinada entidad con antelación al concurso, los borradores de los pliegos de condiciones y los criterios que van a regir la publicación del concurso, lo que daba gran ventaja para licitar.

Este delito en su reverso de aprovechamiento de la información confidencial por particulares, lo comete también la entidad licitadora y empleados suyos que se aprovechan de la información recibida para acudir al concurso en condiciones ventajosas, ya que con mucho tiempo de anticipación pudieron cumplir las exigencias de las bases del concurso, y preparar el cumplimiento de trámites y requisitos.

El fallo de la sentencia, además de individualizar las penas para cada uno de los acusados según su grado de participación en los delitos cometidos, declara, en materia de responsabilidad civil, la obligación para los cuatro ex altos cargos de indemnizar al Consell Insultar en la cantidad de 12 millones de euros, respondiendo de estas cantidades, de manera subsidiaria, los otros dos acusados.

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