Anulado el embargo por multa de tráfico notificada al interesado en un tablón electrónico por internet

PROVIDENCIA DE APREMIO. SANCIÓN DE TRÁFICO. Nulidad del acto administrativo por defectos en su comunicación. Supuesto en que la resolución del recurso de alzada interpuesto por el interesado contra multa impuesta por la DGT se intenta notificar en domicilio y tras ello se publica directamente en el TESTRA (Tablón Edictal no oficial de sanciones de tráfico publicado en Internet) sin que conste la publicación en el BOE ni en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. Dado que la notificación a través del TESTRA entró en vigor el 24 May. 2010 y la multa era anterior a dicha fecha, se aprecia falta de diligencia de la Administración en la correcta notificación de la resolución, que afecta a la defensa del administrado. No habiendo sido notificada correctamente la sanción debe entenderse que el período voluntario de pago aún no se había iniciado, lo que significa que el apremio o ejecución no era válido.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León estima la reclamación formulada y anula el Acuerdo dictado por la Dependencia de Recaudación e la AEAT relativo a providencia de apremio de una deuda por sanción de tráfico por importe de 180 euros.

 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

Reclamación núm. /17 /11

Concepto: Procedimiento Recaudatorio

En la ciudad de Valladolid a 29 de junio de 2012, actuando el Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León D. Carlos Riego Ramos como órgano unipersonal, para conocer y resolver la presente reclamación económico-administrativa, tramitada por el Procedimiento Abreviado, interpuesta por (...), con N.I.F. (...), y domicilio en (...), contra el acuerdo dictado por el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de Valladolid de la AEAT, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio de una deuda con clave de liquidación K161XXXXX por Sanción de Tráfico(expdte. 33XXXXXX) por importe de 180,00 € incluido recargo de apremio, ha sido adoptada la presente resolución:

 

HECHOS

Primero.- Con fecha 27 de junio de 2011 se notificó por correo certificado la providencia de apremio al interesado en su domicilio, que, disconforme con ésta, interpuso recurso de reposición, desestimado, contra el que promueve en fecha 7 de septiembre de 2011 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal, alegando lo que a su derecho convino.

Segundo.- Examinado el expediente remitido por la Jefatura Provincial de Tráfico competente (Asturias) resulta del mismo que contra la resolución sancionadora se promovió recurso de alzada, desestimado por el Director General de Tráfico, que se intentó notificar al interesado por correo certificado en dos ocasiones -a horas distintas- en el domicilio que constaba en los Registros de Tráfico (el mismo que consta en la presente resolución), sin que ello fuera posible por estar ausente en los dos repartos efectuados los días 24 y 27 de septiembre de 2010, y sin que se acredite en el acuse de recibo que se dejara el correspondiente aviso de llegada en el buzón, tras lo cual se procedió a la publicación en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) a partir del 8 de febrero de 2011 durante veinte días naturales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presente reclamación económico-administrativa es de las que deben tramitarse por el Procedimiento Abreviado, regulado en la sección 3ª del Capítulo IV del título V de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, de acuerdo con el art. 245 de la citada ley en relación con el art. 64 del Reglamento de desarrollo de Revisión en vía administrativa, aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de mayo.

SEGUNDO.- La competencia para conocer de esta reclamación corresponde al Tribunal Económico-Administrativo actuando mediante este órgano unipersonal, de acuerdo con los arts. 231.4 y 245.2 de la Ley General Tributaria, en relación con el art. 32.1 del Reglamento (R.D. 520/2005, de 13 de mayo), al haber sido designado como tal por acuerdo del Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central de 31 de marzo de 2009.

TERCERO.- La única cuestión que se plantea en la presente reclamación consiste en determinar si la providencia de apremio, acto que inicia el procedimiento de ejecución forzosa de tal nombre, resulta ajustada a derecho. La providencia de apremio, sólo puede ser impugnada por motivos tasados legalmente y que, para el caso estudiado, el Artículo 167.3 de la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, enumera taxativamente los motivos de oposición a la vía de apremio:

"a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada".

Ello implica, por un lado, que el Tribunal deba examinar de oficio la posible presencia de los motivos de impugnación citados, dadas sus amplias facultades revisoras. Por otro, la normativa expuesta impide entrar a conocer de cualquier alegación referente a la prescripción de la infracción o acerca de la validez de la sanción impuesta, debiendo señalarse, a mayor abundamiento, que el conocimiento de tales cuestiones corresponde a las autoridades de Tráfico y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales, con arreglo al Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre.

CUARTO.- Según dispone el artículo 83.1 de la Ley de Tráfico 339/1990, en su anterior redacción, "no se podrá proceder a la ejecución de las sanciones previstas en esta Ley que no hayan adquirido firmeza en vía administrativa", lo que, en virtud del artículo 17.1 del Reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero), tendrá lugar al mes de la notificación de la resolución sancionadora, salvo que en dicho plazo se interponga recurso ante la Autoridad competente, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

QUINTO.- Señala el artículo 78, según anterior redacción, de la Ley sobre Tráfico que "A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, respectivamente. Tanto los titulares de vehículos como de permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio. 2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador se cursarán en el domicilio indicado en el anterior apartado de este artículo y se ajustarán al régimen y requisitos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo" con lo que resulta que la notificación de la sanción se intentó practicar en el lugar adecuado.

SEXTO.- La Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 59.1 dispone que "las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado", y el 59.4, dispone que "Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos..., o bien, intentada la notificación no se hubiese podido practicar, se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó", precepto que debe complementarse con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, que en su artículo establece que "si practicado el segundo intento, este resultase infructuoso... dicha notificación tendrá el mismo tratamiento que las que hubiesen sido rehusadas o rechazadas".

Por otro lado, en cuanto al órgano que dictó la resolución sancionadora, el artículo 80 de la Ley sobre Tráfico dispone, en su apartado 1 que:

"Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el Director General de Tráfico".

SÉPTIMO.- Así pues, de lo anterior se desprende que la notificación de la resolución del recurso de alzada suscrita por el Director General de Tráfico, se intentó notificar al interesado en fecha 24 y 27 de septiembre de 2010, sin que conste -dado la fecha de dichos intentos de notificación- que se procediera a su publicación en el BOE ni a su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio -y sin que, a mayor abundamiento, se acredite que se hubiera dejado previamente el correspondiente aviso de llegada en el buzón-, siendo el siguiente acto, y así se desprende del expediente, una publicación efectuada en el TESTRA de fecha 8 de febrero de 2011, notificación regulada en el art. 77.3 de la Ley sobre Tráfico, en su redacción dada por Ley 18/2009, de 23 de noviembre (en vigor desde el 24 de mayo de 2010), artículo cuya aplicación sólo procedía desde el 24 de noviembre de 2010 según la Disposición final séptima de dicha Ley.

Por ello, siendo exigible de la Administración que actúe con la debida diligencia en tema tan esencial para la validez de los actos administrativos y para la defensa de los administrados como es la correcta notificación de sus resoluciones, hecho que no ha sucedido en el presente caso, puesto que la notificación de la resolución del recurso de alzada no se ha practicado en el diario oficial procedente ni tampoco se acredita su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, éste Tribunal, entiende, que la sanción no ha sido válidamente notificada , por lo que no se ha iniciado el periodo de pago en voluntaria, no pudiendo procederse a la ejecución, por lo que el procedimiento de apremio no puede considerarse válidamente iniciado.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de pertinente aplicación.

FALLO

 

Este Tribunal, actuando como órgano unipersonal, en sesión del día de la fecha y fallando en única instancia, ACUERDAESTIMAR la presente reclamación, y en consecuencia anular el acuerdo impugnado y la providencia de apremio objeto de éste.

Contra la presente resolución puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la fecha de su notificación. Todo ello, sin perjuicio del recurso de anulación previsto en el artículo 239.6 de la LGT 58/2003 que podrá interponerse, en los casos señalados en el plazo de 15 días ante este Tribunal Económico Administrativo.

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