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Confirmación de condena del ex Consejero Balear de Turismo por la contratación fraudulenta de un ex alcalde como compensación a los servicios prestados a su partido político

Fuente: La Ley.

Adjudicación de un contrato menor al ex edil, a través del organismo público INESTUR, prescindiendo del procedimiento administrativo y sin realización de trabajo o servicio alguno, para dar apariencia de legalidad a una contraprestación de 13.000 euros

(TS, Sala de lo Penal, S 670/2013, 19 Jul. Ponente: Andrés Ibáñez, Perfecto Agustín)

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la AP de Palma de Mallorca que condenó a cinco acusados, entre ellos el ex consejero de turismo Balear y ex presidente del partido político Unió Mallorquina, por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

El fallo ratifica la condena impuesta (4 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta por el primer delito y 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación), por beneficiar con fondos públicos a un ex alcalde -compañero de partido-, por el sistema de contratación menor, como compensación pactada por los servicios previos a dicho Partido Político y para obtener, de este modo, su fidelidad para eventuales cuestiones políticas de futuro.

Respecto a los hechos, la sentencia consideró probado que el alto cargo ordenó a sus subordinados, directivos del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), que adjudicaran un contrato menor al ex edil a través de dicho organismo para dar apariencia de legalidad a la contraprestación de 13.000 euros que se ingresaron en su cuenta. Para ello se celebró un contrato de asistencia técnica por un trabajo de creación de contenidos para unas pantallas táctiles de información turística, una labor que el beneficiario jamás realizó y cuya externalización era del todo punto innecesaria, puesto que el mismo trabajo había sido realizado por personal del área de turismo de varios Entes Locales de manera gratuita y sin coste adicional para la Administración.

En este sentido, la Sala afirmó su plena convicción del conocimiento por los acusados de que se encubría un pago por servicios ajenos al interés público, haciendo posible entre todos que se pagara con fondos públicos lo que respondía a intereses privados.

El Supremo fundamenta ahora la desestimación del recurso de casación interpuesto porque considera que, incluso en la hipótesis de que la responsabilidad por el delito hubiera sido de otros, y no de ex Conseller, resultaría increíble que no supiera nada del asunto. Por el contrario, considera probado que los pagos al ex edil fueron debidos "a la iniciativa del Conseller que, por su posición en la administración Balear, gozaba del poder necesario al efecto".

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