• Blogs
  • Derecho Penal
  • Reapertura de la causa por delito fiscal contra el Presidente de prestigiosa firma de abogados

Reapertura de la causa por delito fiscal contra el Presidente de prestigiosa firma de abogados

Fuente: La Ley.

(AP Barcelona, Secc. 6ª, A 16 Sep. 2013. Rec. 176/2013. Ponente: Balibrea Pérez, Mª Dolores)

La causa fue incoada por querella del MF para denunciar presuntos hechos delictivos, constitutivos de fraude fiscal por más de 3 millones y medio de euros, consistentes en la creación de sociedades interpuestas artificiosamente con el único objeto de ocultar bases tributarias a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, así como la suscripción de contratos de arrendamiento simulados para defraudar en los impuestos de Sociedades, IVA e IRPF.

Para el Fiscal el acusado habría creado sociedades ficticias o pantalla, sin actividad mercantil real, de las que era administrador único, para propiciar la confusión patrimonial entre bienes societarios y personales, concertando una sucesión de negocios simulados con los que eludía pagar impuestos al incluir dentro del patrimonio de las empresas bienes de su privativo y exclusivo uso o disfrute personal y familiar, que fingía alquilar a dichas entidades. Estas se hacían cargo de todos los gastos anejos al uso corriente de los bienes referidos, como adquisición de mobiliario, decoración, reposición, mantenimiento, consumos, personal de servicio, incluso de tripulación de un barco, así como gastos domésticos (viajes, restaurantes, tarjetas Visa etc.), que no tenían relación con la actividad de la mercantil.

El Juzgado de Instrucción núm. 32 de Barcelona dictó Auto acordando el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias previas, al considerar el juez instructor que no había conducta alguna de ocultación. Según argumentó en la fundamentación jurídica ni existían indicios de simulación negocial, ni de simulación por interposición subjetiva, ni simulación de las personas jurídicas, o el más mínimo indicio de existencia de ocultación o defraudación, ya que a Administración Tributaria siempre tuvo un íntegro y pormenorizado conocimiento del hecho imponible. A su juicio, los sujetos obligados, al amparo de la libertad constitucional de empresa, y de la libertad de organización mediante la creación de sociedades, pueden desarrollar sus actividades profesionales en el marco normativo de la «Economía de Opción», razonando que no se satisface el elemento subjetivo -ánimo de defraudar- del tipo imputado del art. 305 CP cuando el administrado cumple con su obligación tributaria, aunque lo haga en interpretación de la norma tributaria que le es más favorable, fruto a su vez de una calificación jurídico-tributaria de hechos diferente a la que pudiera sostener la Administración. Y que existía además, en el caso, una explicación alternativa, razonable y plausible realizada por el acusado en cuanto a la discrepancia interpretativa de la norma tributaria que le obligaba a contribuir fiscalmente.

La conclusión que alcanza es la existencia de una mera concurrencia de normas tributarias, una diferente calificación o interpretación de las mismas, y que no existe infracción del deber cuando los sujetos se amparan en la normativa más favorable para evitar la normativa más gravosa.

El MF, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y la Generalitat se oponen al sobreseimiento y plantean recurso de apelación insistiendo en el argumento de que las empresas interpuestas fueron creadas con la única finalidad de ocultar la realidad económica y suscribir contratos simulados con los que eludir impuestos, alegando también la falta de agotamiento de la investigación.

Pues bien, la Audiencia, en contra de la posición del Juzgado de Instrucción, entiende que sí existen indicios suficientes para continuar tal investigación y dicta Auto continuando la instrucción en la forma legalmente prevista.

Según la Sala, el indicio más relevante de simulación contractual es el disfrute por el acusado de los bienes arrendados y servicios incluidos porprecio inferior al de su coste de mercado, lo que desde la perspectiva empresarial de la sociedad carece de sentido; y, a la vez le permite repercutir en su beneficio el IVA deducido por la sociedad al ser el único socio, así como disminuir su tributación personal en el IRPF e IP. En resumen, que los arrendamientos concertados no responden a otra causa que a la disminución de la carga fiscal del querellado.

La falta de rentabilidad de las operaciones de arrendamiento, -argumenta la Sala-, les quita la causa propia de todo contrato oneroso, aflorando su condición de simulado, al ser la obtención de beneficios fiscales, su único fin, por mucho que se hayan proporcionado con transparencia todos los datos de la operación a la AEAT, lo que permite descartar la atipicidad de las conductas imputadas, procediendo la revocación del sobreseimiento acordado y la continuación del proceso para permitir a las acusaciones demostrar en el acto del juicio, sus respectivas pretensiones punitivas.

¡Consejos!

¡Agrega a los demás como amigos para poder chatear con ellos!