La ejecución en España de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Fuente: La Ley.
Autor: José GARBERÍ LLOBREGAT, Catedrático de Derecho Procesal (UCLM), Ex - Letrado del Tribunal Constitucional, Ex - Magistrado.

Al hilo de la condena impuesta a España en el asunto Inés del Río, reflexiona el autor sobre el ineficaz sistema de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto por la regulación dispuesta al efecto en el propio Convenio de Roma cuanto por la ausencia de cauces procesales de derecho interno capaces de propiciar la efectividad de dichos pronunciamientos.

I. INTRODUCCIÓN

Antes de examinar el régimen jurídico de la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por el TEDH, conviene dejar sentadas al menos las dos siguientes consideraciones previas.

1. Proceso de ejecución forzosa y obligación declarativa de cumplimiento de las resoluciones judiciales

De entrada, hay que destacar que cuando se hace referencia a la «ejecución de sentencias» se está aludiendo únicamente al régimen jurídico que las normas establecen para el supuesto de que lo declarado en el fallo de una resolución judicial de condena resulte efectivamente incumplido (o no cumplido voluntariamente) por parte del sujeto a quien aquel pronunciamiento condene.

Para hacer efectivos los pronunciamientos judiciales de naturaleza condenatoria, pues, no basta con que el ordenamiento contenga normas que proclamen, con carácter general, la sujeción de poderes públicos y ciudadanos al imperio de la Ley (en España, art. 9.1 CE), o la abstracta obligación de cumplir lo dispuesto en las resoluciones judiciales (en España, art. 118 CE); de ser así, como veremos, el sistema de ejecución de sentencias previsto en el CEDH resultaría ser ciertamente impecable. Es necesario, además, que se prevea un procedimiento concreto para que, en caso de incumplimiento voluntario del fallo de una resolución judicial de condena, se pueda lograr el cumplimiento de dicho pronunciamiento de manera forzosa o coactiva.

2. Ejecución de resoluciones judiciales y aplicación directa de la jurisprudencia emanada de los tribunales supranacionales

Por otro lado, y a propósito de la efectividad de las resoluciones dictadas por los principales tribunales supranacionales reconocidos por España (no sólo, pues, el TEDH, sino también el TJUE), debe también ser resaltado que, una cosa es la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por aquéllos, y otra bien distinta la aplicación directa que la jurisprudencia del TEDH (por mor del art. 10.2 CE) y la del TJUE (por haber suscrito nuestro país los correspondientes Tratados) tienen sobre los poderes públicos españoles y, en particular, sobre nuestros tribunales de justicia, los cuales, al estar sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE), están obligados a aplicar las normas reguladoras de los derechos fundamentales y el ordenamiento europeo, respectivamente, conforme a la interpretación suministrada al efecto por aquellos Tribunales supranacionales.

A) Así, el TC español ha declarado:

  • 1.º) Que la jurisprudencia del TEDH (toda ella, es decir, no únicamente aquella recaída en procesos donde nuestro país haya sido parte) «no sólo ha de servir de criterio interpretativo en la aplicación de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales» sino que también «resulta de aplicación inmediata en nuestro ordenamiento» (STC 303/1993, de 25 de octubre).
  • 2.º) Que la jurisprudencia del TJUE también lo es, hasta el extremo de que en la importantísima STC 145/2012, de 2 de julio, ha podido afirmar que el Tribunal que inaplica la doctrina interpretativa emanada del TJUE vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte procesal interesada (en su faceta de derecho a una resolución fundada en Derecho, por ser fruto de una selección arbitraria de la normativa aplicable).

B) En lo que respecta a la jurisprudencia del TEDH, la vinculación a la misma que proclama el art. 10.2 CE ha servido, por ejemplo, para que nuestros tribunales deban asumir que, a raíz de la STEDH de 9 de diciembre de 1994 (dictada en el asunto López Ostra), las molestias ocasionadas por el ruido, los olores o los humos contaminantes pueden producir una vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (lo que, como se explica en esa misma sentencia del TEDH, no sucedía con anterioridad a la misma).

Es este modo, si un Tribunal ordinario decidiese inaplicar la referida doctrina del TEDH, incumpliendo el mandato imperativo dispuesto en el art. 10.2 CE, el interesado podría recurrir dicha decisión, incluso hasta llegar al recurso de amparo ante el TC, invocando la vulneración del derecho fundamental de que se trate en cada caso.

Desgraciadamente, sin embargo, resulta muy decepcionante comprobar cómo el propio TC español, vinculado por el mandato del art. 10.2 CE más que ningún órgano judicial, parece someterse a la doctrina del TEDH cuando le parece oportuno y desvincularse de ella cuando no [tal y como ha acontecido con el reciente ATC 180/2013 (asunto Pérez de los Cobos), donde de manera harto discutible ha esquivado la consolidada doctrina del TEDH sobre la imparcialidad judicial objetiva y subjetiva, en relación con el ATC 16/2006 (asunto Pérez Tremps), donde, a nuestro modesto entender, la aplicó debidamente].

En este punto, pues, cabe concluir que no existe en nuestro ordenamiento ningún mecanismo capaz de obligar al TC a cumplir debidamente el mandato dispuesto en el art. 10.2 CE, salvo que el interesado decida recurrir ante el TEDH denunciando el incumplimiento, por parte de los tribunales nacionales, de la jurisprudencia de aquel Tribunal supranacional.

II. LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

1. Sentencias ejecutables y sentencias no ejecutables

A) Con carácter general, sólo cabe ejecutar las sentencias del TEDH que sean de condena, lo cual excluye directamente la ejecución de las sentencias del TEDH que sean de naturaleza meramente declarativa (por ejemplo, todas las sentencias de contenido desestimatorio de la pretensión interpuesta por la parte actora).

Pero, como se comentará a lo largo de estas páginas, el limitado ámbito de las competencias decisoras propias del TEDH [que hace que, en la inmensa mayoría de las ocasiones (a salvo los supuestos de aplicación del art. 41 CEDH), sus sentencias estimatorias se limiten simplemente a declarar que un derecho reconocido por el CEDH ha sido vulnerado, sin más], determina que dichas sentencias estimatorias puedan formalmente reputarse también como meramente declarativas (porque en ellas, como apunta BUJOSA VADELL, no suele imponerse literal o expresamente ninguna actividad prestacional a cargo del Estado demandado condenado).

El TEDH se distancia así, claramente, de órganos como el TC español (cuya función también es velar por el respeto de un único texto normativo —la CE—), al que el art. 55 LOTC atribuye amplias potestades de anulación de las actuaciones públicas (generalmente resoluciones judiciales) declaradas lesivas de los derechos fundamentales.

B) Pero, aunque formalmente declarativas, aunque el TEDH carezca de potestades anulatorias directas de las actuaciones provenientes de los poderes públicos del Estado demandado, las sentencias estimatorias del TEDH son, en realidad, sentencias de condena, porque, pese al aparente carácter declarativo del enunciado del fallo (que se limita, en general, a dejar constatada la violación del CEDH), en la mayoría de los casos su cumplimiento estricto exige la realización de una prestación a cargo del Estado condenado (por ejemplo, la anulación de una resolución judicial, de una actuación administrativa o de una norma legal o, en su caso, el pago de una indemnización pecuniaria en concepto de satisfacción equitativa o de costas procesales).

Así, y siguiendo de nuevo a BUJOSA VADELL, una sentencia estimatoria del TEDH «puede conllevar, en primer lugar, poner fin a la violación que el Tribunal Europeo ha declarado, pero, seguidamente, borrar las consecuencias de la decisión o medidas contrarias al Convenio; la restitutio in integrum, que supone la modificación o derogación de la norma, o anulación del acto administrativo o jurisdiccional que han causado la vulneración del derecho…; la reparación del derecho vulnerado que puede llevar, subsidiaria o complementariamente la indemnización de daños y perjuicios y el pago de los gastos ocasionados por el proceso interno y supranacional».

No es dable concluir, pues, en que el hecho de que las sentencias condenatorias del TEDH se limiten, en la mayoría de los casos, a declarar la vulneración del CEDH determine que las mismas no precisen de ejecución alguna para alcanzar plena efectividad.

C) Además, el TEDH tiene declarado desde siempre que «el propósito del Convenio no es garantizar derechos teóricos o ilusorios, sino derechos prácticos y efectivos» (v., por todas, STEDH 9 de octubre de 1979 —asunto Airey—).

Pero el contenido de dicha doctrina jurisprudencial, sin embargo, y como se examinará a continuación, contrasta abiertamente con la escasa atención que en el texto del CEDH se dedica, en concreto, al tema de la ejecución de los pronunciamientos del TEDH.

Casi cabría afirmar, adelantando ya lo que podría ser la principal conclusión en este ámbito temático, que el CEDH lo fía prácticamente todo al cumplimiento voluntario de los pronunciamientos del TEDH a cargo de los Estados condenados, lo que, en verdad, es un hecho constatable a la luz de lo acaecido al respecto en las últimas décadas, donde se aprecia que las Altas Partes signatarias del CEDH, con mayor o menor fortuna, suelen hacer lo posible para hacer efectivo el fallo de la sentencia que les haya condenado.

Y ello porque, como afirma PELLET, lo que «realmente pesa en la ejecución de las resoluciones del TEDH son argumentos de autoridad y de conservación del prestigio nacional», los cuales podrían verse seriamente comprometidos si un Estado concreto incumpliese sistemáticamente aquellas resoluciones de condena.

2. La ejecución forzosa de las sentencias de condena del TEDH: el régimen de ejecución previsto en el artículo 46 CEDH

Con todo, sin embargo, cuando no se produce el cumplimiento voluntario de las sentencias del TEDH por parte del Estado condenado de que se trate, entra en juego entonces el singular procedimiento de ejecución forzosa previsto en el art. 46 CEDH, que es el único de los preceptos del Convenio que contempla medidas de esta índole ejecutiva.

Las sentencias del TEDH, pues, o se cumplen voluntariamente, o se cumplen forzosamente a través del cauce previsto en dicho art. 46 CEDH, sin que quepa hablar de ninguna tercera vía alternativa a las anteriores.

A) Líneas generales del procedimiento de ejecución forzosa de las sentencias del TEDH

a) La única norma del CEDH que se refiere propiamente a la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por el TEDH es, como se ha indicado, su art. 46, que se reproduce a continuación.

Art. 46 CEDH: Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias.

«1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.

2. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.

4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párr. 1.

5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párr. 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párr. 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto».

b) La norma transcrita, pues, contiene una proclamación general (e insuficiente) de índole declarativa (los Estados «se comprenden a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes»), acompañada de un ulterior régimen de ejecución forzosa, en el cual asume prácticamente todo el protagonismo el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

c) Así, dicho Comité de Ministros (que en este punto se rige por las Reglas de Supervisión aprobadas en su reunión de 10 de mayo de 2006), si a la vista del informe que respecto a la ejecución de la sentencia de que se trate le habrá remitido el Estado condenado previo requerimiento del propio Comité, considera que dicha Alta Parte contratante no ha dado cumplimiento al correspondiente fallo, remitirá de nuevo la cuestión al TEDH.

Dicha apreciación sobre el eventual incumplimiento de la ejecución habrá de fundamentarla el Comité de Ministros en la ausencia o insuficiencia en la adopción a cargo del Estado condenado, bien de medidas individuales (aquellas que aseguren que la violación ha cesado y que la parte agraviada se encuentra ya en una situación similar a la que ostentaba con anterioridad a que se produjese dicha vulneración, así como, en su caso, las que acrediten el pago de las indemnizaciones establecidas), o bien de medidas generales (aquellas destinadas a prevenir la reiteración de vulneraciones análogas o semejantes) (v. Regla de Supervisión núm. 6).

d) En tal caso, el TEDH: a´) Podrá declarar que el fallo ha sido debidamente ejecutado, con lo que el Comité de Ministros archivará sin más el asunto; o b´) Podrá declarar que el fallo no ha sido debidamente ejecutado, en cuyo caso remitirá el asunto otra vez al Comité de Ministros, al que competerá entonces examinar «las medidas que sea preciso adoptar».

Lamentablemente, sobre cuáles puedan ser estas últimas «medidas», y sobre cómo ejecutar forzosamente las mismas, ya nada se dice en el CEDH, ni la laxa praxis que al efecto mantiene el Comité de Ministros permite aventurar nada clarificador al respecto (más allá de la irreal posibilidad de excluir al Estado incumplidor del seno del Consejo de Europa o de suspender su derecho de representación en el propio Comité).

B) La censurable competencia del Comité de Ministros para velar por la ejecución de las sentencias del TEDH y sus perniciosas consecuencias

a) Lo más censurable de este procedimiento es, sin duda, que la competencia para instarlo, dirigirlo y (con la conformidad previa del TEDH) resolverlo, corresponda a un órgano como el Comité de Ministros, que no es sino un órgano político e intergubernamental, lo cual, desde luego, no parece ser el referente más idóneo para supervisar la ejecución de sentencias que condenan a un Estado nacional cuyo representante forma parte del propio Comité (EISSEN).

b) Además, esta circunstancia ha hecho que, en la práctica, sea absolutamente insólito que el Comité de Ministros decida poner en marcha el procedimiento para sancionar la inejecución de las sentencias del TEDH previsto en el art. 46 CEDH.

Así, la pusilanimidad de que ha hecho gala del Comité de Ministros a la hora de considerar si un Estado ha incumplido o no ha ejecutado un fallo condenatorio del TEDH ha conducido a que aquel Comité considere debidamente ejecutada dicha condena, por ejemplo:

  • 1.º) Cuando el Estado condenado ofrece garantías de que la vulneración de derechos declarada por el TEDH no se va a repetir en el futuro.

    Dicha «medida» se ha considerado suficiente cuando el Estado condenado ha justificado dicha afirmación en las siguientes garantías: a) En el hecho de que la jurisprudencia del TEDH es parte integrante del ordenamiento nacional y su aplicabilidad es directa (vgr. en España); b) En la difusión amplia de la STEDH condenatoria de que se trate [en España, al menos desde 1995, el Gobierno difunde las Sentencias del TEDH condenatorias a nuestro país publicándolas en el BIMJ, remitiéndolas al CGP y al TC y, en su caso, a los tribunales y autoridades administrativas afectadas (RIPOL CARULLA)]; c) En la eventual aceptación de la doctrina del TEDH por parte del órgano jurisdiccional nacional intérprete máximo de la regulación de los derechos fundamentales (en España el TC), cuya doctrina sí es plenamente vinculante conforme al derecho interno (art. 5 LOPJ).

  • 2.º) Cuando el Estado condenado ha aprobado modificaciones legislativas de las normas internas cuya aplicación fundamentó la condena del TEDH.

c) De hecho, nuestro país nunca hasta ahora ha sido destinatario de una constatación de incumplimiento de sus obligaciones por inejecución de las sentencias de condena del TEDH, y eso que ocasiones parece que históricamente no han faltado.

Por ejemplo, en el asunto Ruiz Mateos —STEDH 23 de junio de 1993—, donde se condenó a España por no haber dado audiencia al interesado en la cuestión de inconstitucionalidad donde se enjuició el Decreto de expropiación de RUMASA, la LOTC no se reformó en este punto hasta el año 2006, pese a lo cual en su día se estimó debidamente ejecutada la STEDH en cuestión.

O, por ejemplo, en el informe español al Comité de Ministros sobre la ejecución de la STEDH 28.10.88 —asunto Pérez de Rada—, se argumentó con éxito que la aprobación de la vigente LEC posibilitaba la presentación de escritos ante los tribunales a través de cualesquiera medios electrónicos, dándose así por ejecutada la sentencia en cuestión.

d) En el momento presente, por otro lado, la Gran Sala del TEDH acaba de desestimar la impugnación que el Gobierno de España interpuso contra la STEDH 10 de julio de 2012, dictada en el célebre asunto Inés del Río, en el que dicho Tribunal, tras declarar que la conocida como «doctrina Parot», auspiciada y sustentada por nuestros Tribunales Constitucional y Supremo, es contraria al art. 7.1 CEDH (principio de legalidad penal), y sus consecuencias contrarias al art. 5.1 CEDH (derecho a la libertad), ha ordenado seguidamente a nuestro país que garantice la «puesta en libertad de la demandante en el más breve plazo posible», amén del pago de una concreta indemnización.

A nuestro entender, en ejecución de la sentencia del TEDH contraria a la «doctrina Parot», los poderes públicos españoles deberán proceder, sin subterfugios ni ingenierías jurídicas impropias de un Estado de Derecho, a la excarcelación de la reclamante y, por la directa eficacia interpretativa que ostenta dicha jurisprudencia (art. 10.2 CE), de aquellos otros que se encuentren en la misma situación y así lo reclamen.

De lo contrario, sobre nuestro país va a caer una gran tacha en los foros internacionales sobre derechos humanos, además de cristalizar la posibilidad de que se perjudiquen enormemente las relaciones bilaterales con otros Estados en asuntos concretos (por ejemplo, a la hora de solicitar la extradición a España de una persona detenida o presa en un país extranjero…).

No parece, además, que en este punto pueda operar la doctrina jurisprudencial que aboga por la existencia de un «margen de apreciación» en beneficio de los Estados a la hora de determinar cuándo ha existido o no una vulneración de los derechos tutelados por el CEDH [doctrina ésta la del «margen de apreciación» que aparece plasmada en el recientísimo Protocolo 15.º al CEDH, aún no entrado en vigor pero ya firmado por nuestro país], puesto que aquélla opera fundamentalmente con respecto a los derechos consagrados en los arts. 8 a 11 CEDH (libertad ideológica, de expresión, de reunión, de asociación, derecho a la vida privada y familiar…) (v. gr. SSTEDH 7 de diciembre de 1976 —asunto Handyside—, y 21 de febrero de 1990 —asunto Powell y Rayner—) y no, desde luego, con respecto a los derechos a la libertad y a la legalidad en materia penal.

3. La ejecución voluntaria de las sentencias del TEDH a cargo de los Estados condenados: las posibles medidas a adoptar

A) La ausencia de potestades ejecutivas del TEDH

A fin de evitar que el anterior procedimiento de ejecución forzosa sea promovido por el Comité de Ministros, el Estado condenado, en cumplimiento de su genérica obligación de acatamiento dispuesta en el art. 46.1 CEDH, debe adoptar todas las medidas de ejecución capaces de hacer efectivo el restablecimiento al reclamante en la integridad de su derecho y/o el pago de las cantidades dinerarias a que ascienda la condena.

Medidas todas ellas, conviene insistir en ello, que han de adoptar los propios Estados destinatarios de la condena, por cuanto el CEDH sólo atribuye al TEDH (como, por lo demás, es consustancial a la práctica totalidad de los Tribunales supranacionales) la potestad de juzgar los litigios que sean de su competencia, pero no la complementaria potestad de hacer ejecutar lo juzgado.

Así, puede decirse que el TEDH, por sí solo, carece de las potestades necesarias, por ejemplo, para derogar las normas internas de un Estado que él mismo declare incompatibles con el CEDH (como sí hace en España el TC con las normas incompatibles con la Constitución), o para anular o dejar sin efecto actuaciones de las Administraciones públicas (como sí hacen en España los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo), o, en fin, para anular resoluciones judiciales y, en su caso, ordenar la reapertura del proceso en que se produjo la vulneración contraria al CEDH (como sí hacen en España los órganos judiciales cuando conocen de un asunto en vía de recurso).

B) Las medidas de ejecución susceptibles de adopción a cargo de los Estados condenados

Por eso han de ser los propios Estados condenados los que, bien de oficio o bien a instancia de la parte interesada, afronten la tarea de dar cumplimiento o de hacer efectivo el fallo condenatorio del TEDH.

En este sentido, las medidas de ejecución susceptibles de adopción voluntaria por los mismos, de oficio o a instancia de parte, podrían clasificarse, en general, del siguiente modo:

  • a) En primer lugar, si el fallo condenatorio del TEDH afectase a una norma legal propia del ordenamiento interno del Estado condenado, para su ejecución, como ya se apuntó con anterioridad, el Estado puede promover una reforma legislativa, porque, como también se ha dicho, el TEDH no puede por sí mismo derogar, ni modificar, ni dejar sin efecto, una norma de un Estado que haya suscrito el CEDH.
  • b) En segundo término, si el fallo condenatorio del TEDH afectase a una concreta actuación administrativa llevada a cabo por un Espado miembro, éste puede proceder a la ejecución, bien dictando un acto posterior que sustituya o deje sin efecto el anterior, o bien anulando el primero; todo ello, claro está dentro de los cauces legales preestablecidos en cada ordenamiento interno(v. gr. en España, puede promoverse la revisión de oficio por causa de nulidad ex art. 102 LRJPAC, y, quizás, la vía del recurso de revisión a instancia de parte ex art. 118 LRJPAC).
  • c) Por último, si el fallo condenatorio afectase a una resolución judicial, su ejecución se torna harto problemática en nuestro país, ya que, de un lado, el TEDH carece de potestad para revocar o anular por sí mismo las resoluciones dictadas por los tribunales de los Estados miembros del CEDH, y, de otro, como examinaremos a continuación, el ordenamiento español tampoco ofrece cauce procesal alguno a través del cual canalizar dicha revocación o anulación de sentencias, ni de oficio ni a instancia de parte.

    El problema, además, se agrava hasta el extremo si se repara en que, dado el tenor del art. 26 CEDH (precepto que establece la necesidad de agotar todas las vías internas de recurso como presupuesto de admisibilidad de la reclamación individual ante el TEDH): 1.º) Resulta evidente que la práctica totalidad de las reclamaciones que se suscitan ante el TEDH se dirigen, precisamente, frente a resoluciones judiciales dictadas por los tribunales internos, a las cuales se imputa la vulneración de alguno de los derechos proclamados en el CEDH; y 2.º) Resulta evidente también que dichas resoluciones judiciales, además, habrán alcanzado firmeza y, por ende, producido todos los efectos de la cosa juzgada material (art. 245.3 LOPJ), cuando el TEDH, llegado el momento, se pronuncie sobre ellas y, en su caso, las declare lesivas de los derechos protegidos por el Convenio (incluso, probablemente, dado el tiempo no escaso que tarda el TEDH en tramitar el proceso y dictar la sentencia, aquella resolución judicial firme dictada por un Tribunal interno ya habrá sido objeto de ejecución, total o parcial).

  • d) En este punto, y como medida a adoptar de oficio, únicamente cabría acudir al indulto del reclamante en cuyo favor se haya dictado la STEDH (así se proponía, por ejemplo, en el Voto Particular a la STC 245/1991). Pero es evidente que, en ocasiones, dicho indulto puede no ser suficiente para restablecer los derechos del reclamante, razón por la cual tampoco puede ser ésta la solución general o única al presente problema.

C) En particular, las medidas de ejecución relativas a resoluciones judiciales internas declaradas por el TEDH lesivas de los derechos consagrados en el Convenio

Tratándose, pues, de anular o dejar sin efecto resoluciones judiciales que ya han alcanzado firmeza, cabe señalar que en nuestro ordenamiento las únicas vías procesales capaces de propiciar dicha ruptura de la cosa juzgada son, como es sabido, el incidente de nulidad de actuaciones, la acción (o recurso) de revisión y, por último, el recurso de amparo ante el TC.

Pues bien, como se dirá seguidamente, en ninguna de dichas vías (ni en algunos casos por razones de estricta tipicidad, ni en otros por razones de interpretación jurisprudencial) tiene cabida la anulación de una resolución judicial firme, basada o fundada en haber sido la misma declarada por el TEDH contraria a los derechos dispuestos en el CEDH.

a) El incidente de nulidad de actuaciones

El incidente de nulidad de actuaciones, tal y como aparece hoy regulado en el art. 241 LOPJ, no puede constituir una vía adecuada para solucionar el problema que nos ocupa.

Y ello porque, más allá del aparente obstáculo que puede suponer el que algunos derechos previstos en el CEDH no hayan sido categorizados como fundamentales en la CE (v. gr. el derecho de propiedad del Protocolo 1 al CEDH), el citado precepto de la LOPJ somete la válida interposición del incidente a un plazo preclusivo de «veinte días», en el transcurso del cual es físicamente imposible que el interesado presente su reclamación ante el TEDH y éste la resuelva en sentido estimatorio.

Es más, con toda seguridad el reclamante ante el TEDH ya habrá interpuesto previamente (sin éxito, claro) dicho incidente de nulidad, y precisamente frente a la misma resolución judicial que, llegado el momento, aquel Tribunal supranacional declarará contraria a los derechos del CEDH.

Por estas razones, tanto de índole formal cuanto material, el incidente de nulidad no constituye un instrumento procesal adecuado para canalizar la ejecución de las sentencias condenatorias dictadas contra España por el TEDH.

b) La acción (o recurso) de revisión

A pesar de que, dada la regulación positiva de esta acción autónoma de impugnación en nuestras leyes procesales, la existencia misma de una sentencia condenatoria del TEDH por la que se declara contraria alCEDH una sentencia firme podría ser considerada como un «hecho nuevo» (cuya aparición, como es sabido, constituye uno de sus taxativos motivos de fundamentación) a efectos de la acción de revisión, la jurisprudencia del TS español ha negado repetidamente semejante interpretación.

Así, por ejemplo, se ha declarado en las sentencias de la Sala 2.ª del TS de 4 de abril de 1990 –asunto Barberá, Messegué y Jabardo; condena impuesta por un Tribunal y mediante un proceso penal no respetuosos con las garantías del Convenio—, y de 27 de enero de 2000 —asunto Castillo Algar; condena impuesta por Tribunal no imparcial—, o en la sentencia de la Sala 4.ª del TS de 20 de noviembre de 2001 —asuntoFuentes Bobo; periodista despedido con lesión del derecho a la libertad de expresión—, confirmada por la STC 197/2006, de 3 de julio.

Por ello, tampoco esta vía de la revisión constituye un instrumento procesal adecuado para canalizar la ejecución de las sentencias condenatorias dictadas contra España por el TEDH.

c) El recurso de amparo

Finalmente, tampoco resulta operativo a estos fines ejecutivos el recurso de amparo del que conoce el TC (arts. 41 y ss. LOTC). Y ello por las mismas razones formales (plazo preclusivo de interposición —entre 20 y 30 días—) y materiales (la resolución judicial en cuestión ya habrá sido impugnada en amparo ante el TC, sin éxito, antes de que el reclamante acuda al TEDH), señaladas a propósito del incidente de nulidad de actuaciones. Así, por ejemplo, el recurso de amparo interpuesto para intentar la ejecución de la STEDH dictada en el ya citado asunto Ruiz Mateos fue inadmitido por providencia de 31 de enero de 1994 (ni siquiera por medio de auto).

Tan sólo en una ocasión (en la STC 245/1991), el TC se dignó a estimar un recurso de amparo que pretendía la anulación de una sentencia penal de la Audiencia Nacional, confirmada por el TS, que había sido declarada lesiva por la STEDH dictada en el asunto Barberá, Messegué y Jabardo. Pero esta doctrina del TC (que, sin duda, se justificó en el hecho de que los sujetos reclamantes aún permanecían en prisión con base en una sentencia penal que había sido declarada contraria al CEDH por el TEDH), no sólo no ha sido confirmada posteriormente, sino que, por el contrario, ha sido duramente censurada por la doctrina e incluso por el propio Voto Particular que el Magistrado GIMENO SENDRA formuló a la citada STC 245/1991 (la cual anuló la STS 2.ª 4 de abril de 1990, por la que se había desestimado la acción de revisión instada previamente por los reclamantes con base en la STEDH, lo que conllevó la reapertura del proceso penal ante la Audiencia Nacional, donde resultaron absueltos).

En concreto, el TC ha podido separarse expresamente de esta doctrina, tanto en la ya citada providencia de 31 de enero de 1994 (asunto Ruiz Mateos), cuanto en la posterior STC 96/2001 (asunto Castillo Algar,militar condenado por Tribunal no imparcial), en la STC 313/2005 (asunto Perote Pellón, militar condenado por Tribunal no imparcial), en la STC 240/2005 o en el ATC 119/2010, de 4 de octubre (en relación con la ejecución de la STEDH 8 de noviembre de 2007).

c) Propuestas de lege ferenda

Las anteriores consideraciones demuestran, dicho sea con toda claridad, que hoy por hoy no existe en nuestro país ningún mecanismo de derecho interno capaz de propiciar la ejecución de las sentencias del TEDH que comporten necesariamente la anulación o revocación de una resolución judicial dictada por los tribunales españoles, lo cual, dicho sea de paso, ha sido reprochado a España por el Comité de Ministros en diversas ocasiones (v. gr. asuntos Gabarri Moreno, Perote Pellón, Pescador Valero…) (RIPOL CARULLA).

Hasta el momento, como también se señaló páginas atrás, nuestro país nunca ha sido declarado, por este motivo, incumplidor de las obligaciones derivadas de la suscripción del CEDH. Hasta ahora nuestro país se las ha arreglado para convencer al poco exigente Comité de Ministros de que, de una manera más o menos eficiente, ha dado cumplimiento a todas las sentencias condenatorias que el TEDH ha dictado contra España.

Pero es evidente que la situación actual no puede ni debe extenderse indefinidamente en el tiempo, porque, más temprano que tarde (¿quizás tras la sentencia de la Gran Sala dictada en el asunto Inés del Río, donde voces provenientes de diversos ámbitos ya están reclamando la inaplicación de su doctrina…?), el citado Comité de Ministros puede acabar adoptando medidas contra España por este motivo.

Por ello, en aras a la reforma de nuestro ordenamiento a fin de posibilitar la ejecución de las sentencias del TEDH que precisan de la anulación o revocación de resoluciones judiciales internas, dos son, a nuestro modesto entender, las soluciones normativas posibles, a saber:

1.ª) Establecimiento de un nuevo motivo de fundamentación de la acción (o recurso) de revisión frente a resoluciones judiciales firmes. En este sentido se manifiesta la mayoría de la doctrina (BUJOSA VADELL, VICENTE BALLESTEROS, RIPOL CARULLA).

Pero es muy importante resaltar que una reforma tal habría de venir acompañada de una disposición que permitiera que, en vía de revisión, el TS no sólo pudiera anular la resolución judicial y retrotraer las actuaciones (lo que en ocasiones puede ser necesario para ejecutar debidamente la sentencia del TEDH), sino también limitarse a anular una resolución anterior, sin más (lo que en otras ocasiones puede ser más que suficiente para llevar a cabo dicha ejecución).

En este punto, debe destacarse que en el art. 623 del Anteproyecto de Código Procesal Penal de fecha 27 de diciembre de 2012 (que solucionaría el problema en el orden penal, pero no en los restantes órdenes jurisdiccionales), se recoge como motivo que da lugar a la estimación de la acción de revisión el siguiente: «Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, siempre que dicha vulneración haya sido relevante o determinante de la condena». Lo cual, obviamente, resolvería el problema al menos en el orden penal (aunque no así en el resto de órdenes jurisdiccionales).

2.º) Establecimiento de un cauce procesal autónomo. El Consejo de Estado español, en su Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el ordenamiento español (publicado en 2008), se decanta, en cambio por la instauración novedosa de un mecanismo procesal autónomo que, conocido por el TS, resuelva si la STEDH ha de originar la anulación de una resolución, sin más, o la anulación y posterior reapertura del pleito (RIPOL CARULLA).

Esta solución, según se afirma en el citado Informe, no desnaturaliza la revisión, cuya fundamentación tradicional ha sido basada en hechos injustos y no en infracciones jurídicas (como las que se desprenden de toda STEDH condenatoria).

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Agradezco al prof. Sánchez Legido sus siempre acertados comentarios y observaciones al primer original de este trabajo, y al prof. Ripol Carulla su amabilidad por facilitarme sus excelentes estudios doctrinales sobre el tema.