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Condenada por prevaricación una magistrada que nombró administrador judicial a un «amigo íntimo», fijando sus honorarios sin una mínima motivación

Fuente: La Ley.

(TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, S 15/2013, 11 Oct. Ponente: Polo García, Susana)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia por la que condena a la Magistrada-Juez imputada, titular del Juzgado de Instrucción núm. 43 de la capital, como autora responsable de un delito continuado de prevaricación del art. 446.3 CP.

Los hechos traen su causa en las Diligencias Previas por delito societario incoadas por denuncia presentada cuando la acusada se encontraba prestando servicio de guardia en el Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid. Dicha denuncia fue presentada por el administrador de una sociedad dedicada a la explotación de una conocida sala de fiestas de Madrid, la discoteca «Moma», sita en la c/ Abascal, imputando acciones delictivas (supuesta manipulación y destrucción de documentación) al administrador de hecho, habida cuenta de las discrepancias entre ellos a causa de un contrato de compraventa de participaciones, interesándose la adopción de medidas cautelares y urgentes, además del precinto del local reseñado.

Pues bien, desde el inicio de la denuncia presentada, la acusada se posicionó a favor de la misma, realizando una serie de acciones para favorecer a los denunciantes -a los que conocía- y a varias personas de su círculo de amistad, especialmente a su novio, en perjuicio del denunciado, a saber:

‐ Consta acreditado en los hechos probados que se reunió, junto con el letrado de la parte denunciante, para convencer al Fiscal de la procedencia de determinadas medidas solicitadas, haciendo uso de una perseverancia inverosímil en la función jurisdiccional ordinaria. No obstante, la Fiscalía emitió informe contrario, y, pese a ello, acogió mediante Auto la solicitud de precinto del local, sin tampoco haber dado trámite de audiencia al denunciado. La adopción de esa medida cautelar era una estratagema que provocaba sacar al socio denunciado de la gestión y explotación del local con la imputación de conductas delictivas, pero en las que subyacía realmente la discrepancia relativa al cumplimiento del contrato existente, la gestión de la sociedad y la posesión del local, cuestión que ya había sido dirimida judicialmente con anterioridad, habiendo acordado el Juzgado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, por falta de relevancia penal de los hechos denunciados.

‐ Consta igualmente probado que posteriormente adopta la decisión de la administración judicial de la sociedad, nombrando administradores mancomunados a dos sujetos unidos con la acusada por relación de amistad íntima y, tras la renuncia de éstos, nombra como administrador único judicial a su pareja sentimental, estableciendo unos honorarios de 18.000 euros a cargo de la sociedad, sin motivar. Apertura también una cuenta bancaria en la que aquél figura como apoderado de la entidad, sin la intervención de las personas autorizadas al efecto, en concreto el Secretario Judicial.

‐ Cuando finalizó la guardia de diligencias, las instruidas fueron remitidas al Decanato, dentro del trámite ordinario y sin embargo, por la Magistrada se dio orden al agente judicial de que las mismas fueran «rescatadas», para continuar su tramitación, en una labor acreditada de control directo y exclusivo por la misma de los autos, que estaban siempre guardados en su despacho.

A la vista de estos hechos, la Sala considera que concurren todos y cada uno de los elementos integrantes del tipo de prevaricación imputado.

En primer término, la acusada llevó a cabo la acción típica antijurídica, consistente en dictar a sabiendas resolución injusta dentro de un plan preconcebido para favorecer a los denunciantes, y finalmente al propio novio o persona con la que mantenía una relación de amistad íntima, en perjuicio del denunciado.

En segundo lugar, concurre el elemento objetivo del tipo, por el carácter de injustas y arbitrarias de las resoluciones dictadas, pues tanto el Auto precintando el local, los posteriores de nombramiento de administradores, la providencia dictada en desarrollo del mismo, fijando los honorarios de 2.500 euros mensuales a favor de quien era su pareja sentimental, no eran sostenibles jurídicamente mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, ni cumplían los mínimos parámetros de motivación, constitucionalmente exigible.

Argumenta el Tribunal que las citadas resoluciones carecen de una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autora, con claras contradicciones internas y con ausencia manifiesta de motivación. Son dictadas de forma arbitraria, favoreciendo a determinadas personas, con vulneración de las normas de reparto e impidiendo o dificultando el conocimiento del procedimiento a las Secretarias Judiciales adscritas al Juzgado y al MF.

Finamente constata la Sala la concurrencia del elemento subjetivo o dolo en la conducta de la acusada ya que la Magistrada era plenamente consciente de estar dictando resoluciones y aplicando el procedimiento de modo no conforme a derecho.

En cuanto a la individualización de la pena, se impone a la acusada la pena de 18 meses y un día de multa, con cuota diaria de 15 euros, atendiendo a la capacidad económica profesional de la acusada, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 15 años y un día, que es la pena en su mitad superior, prevista en el art. 74.1 CP, por la naturaleza de delito continuado.

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