El deber de los administradores de instar la disolución de la sociedad, cuando concurra causa legal para ello, cesa tras la declaración de concurso

Distinción entre insolvencia y situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social. Interpretación conjunta de los arts. 260.1.4ª y 262.2 y 5 de la Ley de Sociedades Anónimas

TS Sala Primera, de lo Civil, S 590/2013, 15 Oct. Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio

El Tribunal Supremo absuelve a los administradores de la sociedad concursada de la acción de responsabilidad por el incumplimiento del deber de instar la disolución de la compañía, concurriendo causa legal para ello, en concreto, la situación de pérdidas que dejaron reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social.

Los administradores fueron nombrados después de la declaración de concurso y una vez aprobado el convenio, durante la fase de cumplimiento. Tras cesar en el cargo, la junta de accionistas, convocada a tal efecto por el nuevo administrador único de la compañía, acordó la disolución de la sociedad.

La Sala, tras descartar la falta de legitimación pasiva de la herencia yacente de uno de los administradores fallecido durante el procedimiento, señala que la propia sentencia recurrida, que condenó a los administradores, reconoce que la causa de disolución invocada en la demanda era el "hecho de encontrarse -la sociedad- en situación de insolvencia". Sin embargo, aclara el Tribunal, el estado de insolvencia no constituye, por sí, una causa legal que haga surgir el deber de los administradores de promover la disolución de la sociedad. De modo que, esta imprecisión apreciada por la sentencia de apelación, debería haber conducido a la desestimación de la acción de responsabilidad por falta de justificación de los requisitos legales.

En todo caso, sigue argumentado el Tribunal, en supuestos como el de autos en que concurra la causa del art. 260.1.4ª LSA (pérdidas que hayan reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social), cesa el deber de instar la disolución si, por concurrir además el estado de insolvencia de la compañía, se solicita y es declarado el concurso de acreedores. Así se desprende de una interpretación del citado art. 260.1.4ª LSA, en relación con el art. 262.2 y 5 de dicha norma. Y ese deber de instar la disolución, dice la Sala, tampoco concurre durante la fase de cumplimiento del convenio ya que lo impide, no los efectos de la declaración de concurso, que cesan desde la eficacia del convenio (art. 133.2 Ley 22/2003, Concursal -LC-), sino la mencionada normativa societaria, que establece el concurso de acreedores como un límite al deber de los administradores de promover la disolución, bajo la lógica de que la situación de concurso se rige por una normativa propia, que expresamente prevé la disolución de la compañía, como consecuencia necesaria a la apertura de la fase de liquidación (art. 145.3 LC), y que, en caso de aprobación de convenio, impone al deudor el deber de instar la liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación (art. 142.2 LC).

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