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El Tribunal Supremo desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de 9 de mayo de 2013 sobre las denominadas cláusulas suelo

Fuente: La Ley.
 
Rechazo de todas las infracciones del derecho a la tutela judicial efectiva denunciadas por las entidades bancarias demandadas

TS Sala Primera, de lo Civil, A 6 Nov. 2013. Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio

El Tribunal Supremo acuerda no haber lugar a declarar la nulidad de actuaciones formulada por las entidades bancarias demandadas contra la sentencia del propio Tribunal, de 9 de mayo de 2013, que declaró nulas por abusivas las cláusulas suelo incluidas por las demandadas en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable.

Los escritos de promoción del incidente se refieren a diversas infracciones del derecho a la tutela judicial efectiva en varios de sus aspectos.

En primer lugar, se alega la existencia de incongruencia extra petita porque la demanda fundamentó la nulidad de las cláusulas suelo en el desequilibrio que provocaban en la posición de las partes mientras que la sentencia basó su fallo en la falta de transparencia de dichas cláusulas.

Al respecto afirma la Sala que en la demanda sí se alegaba la falta de conocimiento real del alcance de las cláusulas por parte de los consumidores y que tal alegación no pasó inadvertida para las demandadas que, en las contestaciones a la demanda, realizaron alegaciones relativas a la comprensibilidad y transparencia de las mismas. Además, la Audiencia Provincial volvió a abordar la cuestión de la transparencia de las cláusulas, y las demandadas, en sus escritos de oposición a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, volvieron a realizar alegaciones sobre esta cuestión.

Todo ello, dice el Tribunal, demuestra que la sentencia cuya nulidad se pide no se apartó de las cuestiones debatidas en el proceso, que las partes tuvieron oportunidad de realizar alegaciones y pruebas y que el fallo no fue extraño a las pretensiones ejercitadas.

A continuación, las promotoras del incidente alegan la existencia de una incongruencia interna en la sentencia porque de su conclusión resultaría la procedencia de analizar la cuestión de la transparencia caso por caso, lo que es incompatible con una declaración general de nulidad.

Sobre este punto, el Tribunal considera que la tesis de las demandadas, que niega la posibilidad de un control abstracto porque han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, es incompatible con la regulación que de las acciones colectivas se hace tanto en el Derecho interno como el comunitario, y desconoce que el control abstracto de validez de las condiciones generales de la contratación opera tomando en consideración al consumidor medio y las características de las pautas estandarizadas de la contratación en masa. Además, negar la posibilidad de un control abstracto y obligar a cada consumidor a litigar para que se declare la nulidad de la condición general abusiva supondría un obstáculo difícilmente salvable para la protección de sus legítimos intereses económicos mediante procedimientos eficaces.

Denuncian después la existencia de indefensión porque el Tribunal innovó el derecho al establecer un control de transparencia que carece de base legal en nuestro ordenamiento.

Esta objeción es rechazada porque el progreso de la jurisprudencia no puede ser considerado infractor del derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el control de transparencia de las cláusulas abusivas como diferenciado del previo control de inclusión no es una novedad inesperada introducida por la sentencia pues el propio Tribunal se ha pronunciado anteriormente sobre esta cuestión.

Denuncian igualmente las promotoras del incidente que el Tribunal vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al dictar una resolución arbitraria y desvinculada del sistema de fuentes.

Tales cuestiones, dice el Tribunal, no pueden plantearse por la vía del incidente de nulidad de actuaciones, pretendiendo una revisión de la fundamentación jurídica de la sentencia.

En cuanto a la alegación de invasión por el Tribunal de las competencias del poder legislativo, se desestima porque la sentencia se limitó a determinar el alcance de la Orden Ministerial invocada, referido a lo que se ha denominado transparencia documental, considerando que existe una exigencia ulterior de transparencia, de comprensibilidad real, fundada en las normas y en la jurisprudencia citada en la sentencia.

Igualmente se desestiman las alegaciones referidas a que la sentencia no respetó las exigencias propias del recurso de casación ni la base fáctica establecida en las sentencias de instancia, ya que el Tribunal casó la sentencia de la Audiencia Provincial y asumió la segunda instancia, resolviendo los recursos de apelación con plenitud de cognición, sin que por tanto debiera atener a la base fáctica que pudieran haber sentado los tribunales de instancia.

Tampoco se admite la denunciada imposición retroactiva de nuevos requisitos de transparencia no previstos en la normativa sectorial. Tal denuncia desconoce que el modo de actuación de los tribunales, y en concreto del Tribunal Supremo, es reactivo, es decir, los jueces y tribunales conocen los litigios que se les plantean, sobre hechos o situaciones ya existentes, y la resolución que adoptan ha de tener eficacia respecto de esa situación preexistente.

En cuanto a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se rechaza porque el Tribunal Supremo consideró como cuestión clara la relativa al control de las cláusulas abusivas y la función que en él tienen los tribunales de justicia.

Finalmente, se desestima la denuncia de incongruencia omisiva por ausencia de pronunciamiento sobre las causas de inadmisión alegadas por las demandadas frente a los recursos por infracción procesal y de casación interpuestos por la asociación de consumidores demandante. La Sala distingue entre causas de inadmisión absolutas que requieren una respuesta específica por el tribunal, y las no absolutas, entre las que se encuentran las referidas a cuestiones de interés casacional. Respecto a estas, el criterio rector ha de ser la evitación de los formalismos enervantes que supongan la vulneración del derecho de tutela efectiva, especialmente cuando, como ocurre en este proceso, existe un notorio interés casacional. Atendiendo a dicho criterio, el Tribunal considera que, en el auto de admisión, al que se remite la sentencia, se rechazaron de forma implícita las alegaciones relativas a la concurrencia de las causas de inadmisión alegadas en el trámite de personación.

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