Nulidad del juicio en el que se absolvió a 11 imputados por aborto ilegal, falsedad, asociación ilícita e intrusismo al vulnerarse el derecho de aportación probatoria

Fuente: La Ley.

Indebida denegación como prueba documental del reportaje periodístico con cámara oculta que desveló los hechos, de la testifical de los periodistas que lo elaboraron y de la lectura de las declaraciones sumariales prestadas por los imputados. Reposición de las actuaciones al momento de su declaración de impertinencia

(TS, Sala 2ª de lo Penal, S 793/2013, 28 Oct. Ponente: Marchena Gómez, Manuel)

La AP Barcelona conoció, en primera instancia, los hechos destapados a raíz de un reportaje con periodistas encubiertos y grabaciones con cámaras ocultas del que se infería la práctica de abortos fuera de los supuestos permitidos por la ley de 1985 -vigente al tiempo de los hechos- en varias clínicas de medicina ginecológica ubicadas en Barcelona, entre cuyas actividades se encontraba la práctica deinterrupciones voluntarias del embarazo, a cambio de remuneración, y sin sujeción a ningún requisito legal ni plazo temporal.

El reportaje sugería que los informes previos psiquiátricos exigidos para justificar el supuesto de aborto legal por riesgo para la salud psíquica de las embarazadas eran falsos o mendaces y que se producían alteraciones de ecografías para simular la edad gestacional de las pacientes, y ello lo corroboraba la existencia de numerosas irregularidades administrativas que dieron lugar además a la incoación de expedientes sancionadores por parte de la Inspección.

En su fallo sin embargo la Sala absolvió a los 11 imputados -al director médico y propietario de las clínicas, a su esposa y socia, así como a varios trabajadores y colaboradores- por los delitos de aborto ilegal, falsedad documental, asociación ilícita e intrusismo profesional, sobre la base de ausencia de prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia.

Pues bien, planteado ante el TS recurso de casación por el MF y las acusaciones basado en denegación de pruebas propuestas que debieron haber sido declaradas pertinentes, la Sala va a estimar el motivo acordando, mediante la resolución que se analiza, la reposición de las actuaciones al momento de la declaración de impertinencia de las pruebas propuestas, ordenando además que la celebración del nuevo juicio se lleve a cabo ante un Tribunal integrado por Magistrados distintos de los que suscribieron la sentencia que se anula para salvaguardar la imparcialidad.

En concreto, las pruebas interesadas y rechazadas por la AP fueron tres: la declaración testifical de los periodistas que participaron en la elaboración del reportaje; la prueba documental consistente en la reproducción del mismo; y la lectura de las declaraciones sumariales prestadas con todas las garantías por los imputados.

Respecto a la prueba testifical, el Alto Tribunal no encuentra coincidencia alguna entre el agente encubierto o la provocación al delito -vedadas en nuestro ordenamiento jurídico-, y el papel desplegado por los periodistas que se entrevistaron con personal de la clínica regida por el principal acusado. "Nada tiene que ver el interés del Estado en infiltrar a un agente encubierto en una organización delictiva con el fin de obtener pruebas de su actividad criminal, y la búsqueda por parte de periodistas noruegos de la información precisa para respaldar un reportaje televisivo", argumenta el Supremo, afirmando que los informadores "no eran agentes de la autoridad, no se infiltraron en la estructura administrativa de la clínica del acusado, ni indujeron a la práctica de un aborto por el que luego se le haya exigido a aquél responsabilidad criminal".

En cuanto a la denegación de la prueba documental propuesta por las partes, estima la Sala que no tiene otro respaldo que una voluntarista e inmotivada decisión de los Jueces de instancia. La afirmación de que esa grabación no es utilizable en el proceso penal habría aconsejado un razonamiento más preciso, que atendiera a las circunstancias del caso concreto. Se impone un juicio revisado de pertinencia que tome en consideración todos los datos del vídeo cuestionado, y que pondere entre los derechos a la intimidad y la propia imagen y la posible concurrencia de un fin legítimo que justifique la utilización en el proceso de esas imágenes, y si su incorporación como prueba viene autorizada por los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.

En todo caso, apunta que un nuevo Tribunal podrá valorar la posibilidad de reproducir el vídeo a puerta cerrada o pixelar los rostros a fin de impedir su identificación y minimizar, en su caso, la afectación de los derechos a la intimidad y la imagen.

Finalmente, respecto a la negativa de la AP a dar lectura durante el juicio a las declaraciones sumariales prestadas por los imputados, considera la Sala que supone una "merma" de la capacidad probatoria de las acusaciones (art. 714 LECrim). Con ello se limitó de forma injustificada un juicio de contraste que puede resultar decisivo para la valoración de la credibilidad del imputado que está siendo interrogado.

El Supremo exhorta en el último de sus fundamentos jurídicos al órgano judicial que haya de asumir el nuevo enjuiciamiento a que las mujeres afectadas declaren, cuando su testimonio sea "indispensable" y que su interrogatorio se desarrolle de forma que "humanice su práctica, para evitar así una victimización añadida a la que ya han experimentado".

La sentencia cuenta con un voto particular emitido por el Magistrado Perfecto Andrés Ibañez.

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