Divulgación de secretos por la letrada que aporta, en procedimiento de divorcio, documentos reservados de la otra parte obtenidos de forma ilícita por su cliente

Fuente: La Ley.

Puede encuadrarse en el tipo penal del art. 199.2 CP la revelación de secretos que realice el Letrado en relación a los que afecten a cualquier persona, ajenos a la relación letrado-cliente, sin más exigencia que el incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva.

(AP Las Palmas, S 117/2013, 10 Jun. Ponente: Alemán Almeida, Secundino)

Son ya numerosas las sentencias de condena por apoderamiento de documentación y aportación de ésta, sin consentimiento del titular, a procesos judiciales, especialmente por ex cónyuges en procedimientos de separación o divorcio aprovechando la facilidad de acceso al domicilio común.

En la presente sentencia, la AP va más allá y no sólo confirma la condena que el Juzgado de lo Penal núm. 5 de Las Palmas impuso, en primera instancia, a la ex esposa, sino que, revocando la absolución respecto de su letrada, condena también a ésta por utilizar en una vista de medidas provisionales determinada documentación personal y reservada del ex marido obtenida de manera ilícita por la esposa, a la sazón, su clienta.

Argumenta la Audiencia que, a pesar de que no tuvo intervención alguna en la obtención irregular de dicho documento, con posterioridad a ello, conociendo tal circunstancia, decidió utilizarlo en la vista de medidas provisionales, lo que implica que aunque no pueda sostenerse su responsabilidad bajo el paraguas de alguna de las formas de participación -cooperación necesaria o autoría por inducción- en relación a la conducta del art. 197.1 CP, sí puede serlo por autoría del tipo específico del art. 199.2 CP que castiga la divulgación de secretos por profesional con incumplimiento de su obligación de sigilo.

Esta nueva calificación jurídica salva el escollo de la prescripción del delito en su modalidad básica que fue alegada en la instancia, al venir penado el citado delito del art. 199.2 con hasta cinco años de prisión, por lo que el plazo de la excepción sería también de cinco años. En este sentido se tiene en cuenta que será la más grave calificación jurídica del hecho punible la que determina el plazo de prescripción.

Por otro lado, es viable procesalmente la nueva tipicidad al no sustentarse en una alteración sustancial del hecho punible, desde el mismo instante en que el relato fáctico contenido en el escrito de calificación provisional posibilita este nuevo juicio de tipicidad, encajando el bien jurídico protegido perfectamente dentro de la conducta que la acusación particular imputó a las recurrentes, que tuvieron conocimiento de la misma y pudieron establecer su estrategia de defensa, por lo que no se vulnera el principio acusatorio.

Respecto al juicio de tipicidad, expone la Sala que la amplia descripción típica contenida en el actual art. 199.2 CP relacionada con "el profesional", sin limitarla al abogado, y contemplando como sujeto pasivo "otra persona", sin tampoco limitarla "al cliente", determina que pueda encuadrarse en este tipo penal la revelación de secretos que realice el Letrado en relación a los que afecten a cualquier persona sin más exigencia que el incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva.

Por tanto es típica la conducta de divulgación, pues la obligación de silencio no se limita a los secretos a los que afecten al cliente, sino que abarca a cualquier persona cuyo descubrimiento ilícito les conste, máxime cuando el abogado ostenta un específico deber de guardar sigilo respecto de este tipo de datos, impuesto por sus normas deontológicas.

La Sala impone a la abogada acusada, con apreciación de la atenuante de dilaciones debidas, la pena de un año de prisión, multa de doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogada por tiempo de dos años.