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Deslealtad profesional del abogado que adquiere de entidad bancaria un crédito contra su cliente gracias a la información que disponía por ser su letrado

APROPIACIÓN INDEBIDA. Elementos del tipo. Cometido por el Abogado que detrajo y dispuso en su propio beneficio determinadas cantidades procedentes de mandamientos de devolución recibidos en cumplimiento de sentencia de condena al pago de cantidad líquida, que debió reintegrar a su cliente. Ausencia de autorización de ésta y de su derecho al cobro de provisiones de fondos por su trabajo. Existencia de prueba sobre acuerdo previo de pago de honorarios en cantidad cerrada, cuyos pagos constan documentados. Doctrina jurisprudencial que niega que en la relación profesional entre abogado y cliente exista el derecho de retención. Delito continuado. Compatibilidad con subtipo agravado por la importancia de la cantidad defraudada, cuando en uno de los hechos concurre la agravación. Abuso de credibilidad empresarial. No procede al tenerse en cuenta en el tipo básico. PENALIDAD. Reglas de determinación de la pena. Se parte de la señalada para el subtipo agravado, pudiendo el Tribunal recorrer la pena en toda su extensión, teniendo en cuenta el perjuicio total causado. DESLEALTAD PROFESIONAL. Perjuicio manifiesto de los intereses encomendados. El acusado, en lugar de defender a su cliente, compra una sociedad a través de personas interpuestas de su confianza, que adquiere un crédito que una entidad bancaria ostentaba contra su cliente, pasando así a ser su acreedor e impidiéndole que pudiera negociar una quita de su deuda con el Banco. Claro aprovechamiento de la información obtenida de la relación profesional.

La Audiencia Provincial de Madrid condena al acusado por un delito continuado de apropiación indebida y un delito deslealtad profesional.

Texto

En MADRID, a cuatro de junio de dos mil doce.

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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección nº 2

Rollo: 18 /2010

Órgano Procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 39 de MADRID

Proc. Origen: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO nº 162 /2006

SENTENCIA Nº 305/2012

ILMOS/AS SR./SRAS de la Sección Segunda

Presidente/a

Dª CARMEN COMPAIRED PLO

Magistrados/as

Dª MARÍA DEL ROSARIO ESTEBAN MEILÁN

Dª MATILDE GURRERA ROIG (Ponente)

La Sección Segunda de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Magistrados más arriba indicadas, han visto, en juicio oral y público, celebrado en el día de hoy, la causa seguida con el número 18/2010 de rollo de Sala, correspondiente al Procedimiento Abreviado número 162/2006 del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, por un supuesto delito continuado de Apropiación Indebida y un delito de deslealtad profesional, contra Don Camilo mayor de edad, nacido en Madrid el NUM000 de 1957, hijo de Mª Ángeles y Domingo, con D.N.I. NUM001 , con domicilio en CALLE000 nº NUM002 de Madrid, sin antecedentes penales, representado por el Procurador Don Miguel Torres Álvarez y defendido por el Letrado Don Julián Pérez Templado; habiendo intervenido el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Olga Muñoz Mota, y la Acusación Particular ejercida por Doña Yolanda representada por el Procurador Don Álvaro José de Luis Otero y asistida por la letrada Doña Esther Arabaolaza Poncela, actuando como Ponente la Ilma. Magistrada Doña MATILDE GURRERA ROIG que expresa el parecer del Tribunal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y 250.1 º y 6º del Código Penal y un delito de deslealtad profesional previsto en el artículo 467.2 del Código Penal , del que es responsable en concepto de autor el acusado Camilo , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se le imponga: por el delito deapropiación indebida la pena de PRISIÓN DE CUATRO AÑOS con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA de DIEZ MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 200 EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y por el delito de deslealtad profesional la pena de MULTA de DIECIOCHO MESES A RAZON DE UNA CUOTA DIARIA DE 200 EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas E INHABILITACION ESPECIAL PARA LA PROFESION DE ABOGADO DURANTE CUATRO AÑOS, de acuerdo con los artículos 42 , 45 , 50 , 53 y 66.6ª del Código Penal y costas.

En cuanto a la responsabilidad civil el acusado indemnizará a Yolanda en la cantidad de 202.418,03 euros por las cantidades cobradas y no reintegradas.

SEGUNDO.- La acusación particular en sus conclusiones elevadas a definitivas calificó los hechos como constitutivos de:

un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal concurriendo los subtipos agravados del artículo 250 nº 6 (especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación) y 7 (con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador) del mismo cuerpo legal en concurso de leyes con la deslealtad profesional del artículo 467 del Código Penal y a penar según el artículo 8.1 del Código Penal .

Un delito de estafa procesal tipificado en el artículo 250.1-2º del Código penal en concurso con un delito de deslealtad profesional del artículo 467.2 del mismo cuerpo legal . Y alternativamente califica este segundo delito como deslealtad profesional del artículo 467.2 del C.P .

Considera autor al acusado D. Camilo sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se le imponga por el delito A) la pena de SEIS AÑOS de PRISIÓN y MULTA de DOCE MESES a razón de 50 euros al día. Por el delito B) la pena de CUATRO AÑOS de PRISIÓN y MULTA de DOCE MESES a razón de 50 euros al día y alternativamente, para el caso de considerar solo la concurrencia del delito de deslealtad profesional se le imponga la pena de MULTA de QUINCE MESES a razón de 100 euros diarios e INHABILITACION por tiempo de CUATRO AÑOS, atendiendo a la gravedad de los hechos.

En cuanto a la responsabilidad civil al amparo de los artículos 113 y 116 del Código penal el acusado deberá pagar a Doña Yolanda , por el delito A) la cantidad de 190.556 euros y por el delito B) la cantidad de 432.000 euros siendo en este caso responsable civil subsidiario la sociedad NEGOCIOS INVERSIONES Y SOLUCIONES (NISO) y subsidiariamente, se solicita la condena al acusado por el importe de 361.000 euros siendo responsable civil subsidiario la sociedad NISO y como última y residual petición, solicita la condena por importe de 290.000 euros, para el caso de entender que al beneficio total obtenido por NISO (432.000 €) habría que descontarle el total de los 142.000 pagados por el acusado en la cesión de crédito.

Solicita asimismo que en todo caso se condene al acusado D. Camilo como responsable civil directo y a la sociedad NISO como responsable civil subsidiario a pagar todas aquellas cantidades que se puedan reclamar a Doña Yolanda como consecuencia del procedimiento ejecutivo 525/95 procedente del juzgado de primera Instancia nº 1 de Majadahonda y que de igual manera fue objeto de cesión de crédito de fecha 27 de junio de 2005.

TERCERO.- La defensa en igual trámite solicitó la libre absolución de su representado con todos los pronunciamientos favorables.

II.- HECHOS PROBADOS

El acusado Camilo , mayor de edad, con DNI nº NUM001 , y sin antecedentes penales, abogado con despacho propio, desde el año 1999 y de forma continuada, asumió la defensa y dirección de los pleitos a favor de Yolanda , formulando demanda judicial contra la sociedad "Inspección y Garantía de Calidad" (IGC) procedimiento que se formuló ante el Juzgado de 1ª Instancia de Majadahonda, recayendo sentencia de fecha 14 de noviembre de 2000 , confirmada por la Audiencia Provincial en fecha 30 de octubre de 2002 , en la que se condenaba a la sociedad ICG a abonar Yolanda la cantidad de 100.565.000 pesetas (604.407,82 euros) en concepto de pérdidas patrimoniales sufridas como consecuencia de las garantías prestadas a favor de la entidad IGC, así como a abonar también a Yolanda las cantidades que por cualquier concepto estén pendientes de pago en el procedimiento ejecutivo 1117/95 del Juzgado de 1ª Instancia nº 62 de Madrid, seguido a instancia del BBVA ante el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid, incluidos intereses y costas, con expresa condena en costas a la parte demandada o sea ICG.

Como consecuencia de ello el 22 de junio de 2004 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Majadahonda se libra mandamiento de devolución a favor de Yolanda por importe de 604.407,82 euros correspondiente a la liquidación principal líquido de la condena, mandamiento entregado a la Procuradora Carlota el día 23 de junio, quién se lo entrega al acusado que a su vez le extiende un talón del Banco Bilbao Kutxa procedente del despacho del acusado por importe de 492.850 euros. Del mismo modo en fecha 22 de septiembre de 2005 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Majadahonda se libra mandamiento de devolución por importe de 140.446,16 euros fijados en concepto de intereses, entregado a la Procuradora Francisco Izquierdo el día 27 de septiembre, quién se lo entregó al acusado que a su vez le extiende un talón de fecha 13 de octubre de 2005 procedente de la cuenta del despacho del Banco Bilbao Kutxa por importe de 39.540,36 euros, incorporando a su patrimonio un total de 212.463,62 euros.

En el desarrollo de esta relación, el acusado utilizando la colaboración de otros letrados y de su hermano, compran la sociedad "Negocios y Soluciones S.L." (NISO) y con el fin de salvar la incompatibilidad que presentaba para el ejercicio de la Abogacía privada en pleitos en los que la actora era parte demandada como deudora Yolanda y como acreedora y parte actora el BBVA, en fecha 27 de junio de 2005 la sociedad adquiere la deuda que Yolanda tenía con la entidad del BBVA por importe de 763.285,37 euros mediante una cesión de crédito del BBVA a dicha sociedad, convirtiéndose por ello NISO en acreedora de Yolanda , cliente del acusado, en los pleitos civiles en sustitución del BBVA. Por la cesión se pagó la cantidad de 142.000 euros, dinero que en su mayor parte fue desembolsado por el acusado.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252, en relación con el artículo 74 y con el artículo 250.1.6º, todos ellos del Código Penal .

Se han considerado probados los hechos en mérito de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio con todas las garantías y en concreto por las testificales y la documental aportada que acredita que cuando el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Majadahonda libró mandamiento de devolución a favor de la Doña Yolanda por importe de 604.407,82 euros correspondiente a la liquidación principal de la condena a ICG, el acusado detrajo unilateralmente parte de dicha cantidad entregándole tan solo 492.850 euros. Lo mismo ocurre con el segundo mandamiento de devolución por importe de 104.446,16 euros fijados en concepto de intereses, siendo que de nuevo el acusado detrajo para sí determinada cantidad entregando a Doña Yolanda 39.540,36 euros, extendiendo en ambos casos un talón del Banco Bilbao Kutxa procedente de la cuenta de su despacho, o sea que con ánimo de lucro se apodera de dinero que incorpora a su patrimonio.

El acusado reconoce que hizo suyas estas cantidades, pero alega en su defensa que lo hizo con plena autorización de Doña Yolanda ya que ello obedecía al pago de provisiones de fondos por los trabajos realizados en su actuación profesional. No obstante a dichas manifestaciones se opone rotundamente la declaración tanto de Doña Yolanda como de sus hijos. Los tres de forma coherente y constante desde el inicio del procedimiento y también en el acto del juicio oral mantienen que nunca autorizaron al Sr. Camilo a detraer cantidades en concepto de minuta y ello se compadece perfectamente con el acontecer de los hechos.

En efecto, al inicio de la relación con el Letrado, hoy acusado, la familia Leovigildo Yolanda lógicamente le preguntaron cuánto tendrían que abonar en concepto de honorarios, siendo que éste les dijo que les haría una buena rebaja y que ya se lo especificaría a Leovigildo , al que conocía porque había trabajado durante unos meses en su despacho, concretándole que la cantidad sería de 3.500.000 de pesetas para él más 200.000 pesetas para el Procurador, tal y como se explicita en el FAX (folio 167) que Leovigildo le envía a su hermano Camilo en el que textualmente se dice "minuta de Camilo por el juicio contra IGC es de 3.500.000 pesetas más unas 200.000 pesetas del procurador. Lleva un 33% de descuento. Hay que hacer una provisión inicial de la mitad, es decir 1.850.000 pesetas. Convendría ir preparando la pasta." Consta también que el 8 de marzo de 1999 Doña Yolanda le hizo entrega de 1.800.000 pesetas emitiendo el Sr. Camilo un recibo, que obra al folio 162, en el que consta que dicha cantidad es en concepto de provisión de fondos para atender al Procedimiento de reclamación contra IGC, asimismo el 27 de marzo de 2000 el letrado reclama vía Telefax la segunda parte del pago previamente pactado, mencionando explícitamente que se trata del segundo pago de la Minuta y afirmándose por el propio Letrado que les respetaría el importe inicial de la Minuta con el descuento del 30 % que en su día les ofreció, pago que la Sra. Yolanda realizó el 31 de julio de 2000 según el recibo obrante al folio 165. En el mismo sentido obra al folio 166 el recibo del pago de 2.200.000 pesetas en concepto de provisión de fondos para el procedimiento ante la Audiencia Provincial de Madrid. Toda esta documentación pone de manifiesto que existía un acuerdo previamente pactado con un precio cierto y cerrado respecto al montante económico que la Sra. Yolanda debía abonar por la actuación profesional del Sr. Camilo , pacto que se cumplió perfectamente como bien lo ponen de manifiesto los recibos emitidos por el propio Letrado, por lo que no resulta verosímil que existiendo este pacto, la Sra. Yolanda autorizara posteriormente a que el acusado fuese detrayendo elevadas cantidades de los mandamientos de devolución que el Juzgado nº 1 de Majadahonda emitió para ella, autorización que ella niega rotundamente desde el inicio del procedimiento .

El acusado sostiene dicha afirmación en base a los recibos que la Sra. Yolanda firmó al serle entregadas los talones en los que faltaban las cantidades por él detraídas, recibos redactados por el acusado haciendo constar que era un pago a cuenta según lo informado y autorizándole de forma expresa para poder compensar cantidades. En tal sentido el acusado alega que se lo había explicado detalladamente en su despacho antes de la firma, no obstante, la Sra. Yolanda manifiesta que nunca se lo explicó sino que tan solo le dio el recibo y que ella lo firmó, porque viendo que la cantidad coincidía con la del talón casi ni lo terminó de leer, pues tenía plena confianza en su abogado y además porque si bien conocía la sentencia donde constaban las cantidades que debía percibir, desconocía si el Juzgado lo mandaba todo de una vez o por partes.

El acusado como argumento exculpatorio, manifiesta que dicho recibo lo redactó dictándolo a su secretaria delante de la Sra. Yolanda , no obstante, si hubiera sido así, existiendo un testigo directo de dicha reunión, la mencionada secretaria, es sorprendente que no solo no se la llamara a declarar como testigo de la defensa para que confirmara como se confeccionó dicho documento y si verdaderamente el acusado detalló a la Sra. Yolanda el contenido del mismo y las consecuencias de su firma, sino que a preguntas del Ministerio Fiscal, el acusado no recordaba ni siquiera como se llamaba, a pesar de que en el momento de los hechos en su despacho trabajaba tan solo una secretaria según el mismo manifestó. Además entiende esta Sala que en su caso dicho documento debía de haberse autorizado con carácter previo y no con posterioridad con la firma de un breve escrito.

A mayor abundamiento, resulta sorprendente que si bien normalmente a las reuniones con el letrado, Doña Yolanda siempre acudía acompañada de sus hijos, uno de los cuales es abogado como hemos puesto de manifiesto al inicio, el acusado le entregara los dos talones en las dos ocasiones que acudió ella sola y además no le documentara el desglose y concepto de las cantidades detraídas del total.

Al respecto conviene recordar la doctrina del Tribunal Supremo (STS 279/2007, de 11 de abril)sobre la carga de la prueba en los delitos de apropiación indebida,que aplicada en el caso que enjuiciamos la sintetizamos en los siguientes términos: una vez probada por la acusación la recepción del dinero por el acusado y la finalidad específica de emplearlo en un destino determinado, no debe acreditarse por la acusación que efectivamente no se cumplió con el expresado destino, y, por ello, a falta de que el acusado lo acredite se puede llegar a la conclusión negativa, a través de prueba indirecta o indiciaria con tal de que la deducción o inferencia no sea arbitraria, absurda o infundada, y corresponda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia.

Como hemos indicado, en el presente caso, ha resultado probado que el acusado detrajo sin autorización distintas cantidades de los mandamientos de devolución y por lo tanto no dio el destino debido a la totalidad de los mismos .

Respecto al delito de apropiación indebida cometido por abogados con los fondos recibidos para sus clientes, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo 918/2008 de 31 de diciembre , que a su vez se remite a otros precedentes, en la que se argumenta que "en el caso de liquidaciones pretendidas por abogados que simplemente se apropiaron del dinero de sus clientes (bien procedentes de provisiones de fondos, indemnizaciones judiciales o pagos de terceros a ellos destinados) esta Sala, STS 2163/2002 de 27 de diciembre , mantiene una línea uniforme de interpretación que considera improcedente que con pretexto de tal liquidación se intenten retener unas sumas a las que no se tiene derecho por voluntad unilateral del letrado acusado por tal delito". Y después de advertir quesólo la existencia de un derecho de retención justificaría la conducta del letrado, prosigue afirmando la sentencia 918/2008 que "existe apropiación indebida cuando el letrado, tras realizar o no gestiones correspondientes al asunto aceptado y sin rendir cuentas de las mismas, no devuelve las cantidades percibidas en provisión de fondos. En ese sentido, se ha señalado que cuando se alude a aspectos complejos de las relaciones entre cliente y abogado debe tenerse siempre en cuenta que, respecto a la cantidad percibida como provisión de fondos, la liquidación y rendición de cuentas corresponde al letrado que la ha recibido (STS 709/1996, de 19 de octubre)". En otros casos similares se mantiene que (STS de 28 de enero de 1991) "no cabe aplicar por actos de autoridad propia por un Letrado al pago de los servicios prestados por él" y que "por lo que hace a la minuta de honorarios que presentó para compensar con ella las cantidades a que dio distinto destino del que debía, porque dicha minuta, al ser puesta en tela de juicio por su destinataria, no es instrumento hábil para realizar la expresada compensación, ya que por sí misma y por proceder de acto unilateral de quien la libra no justifica la existencia de un crédito real y vencido, que es condición imprescindible para que opere la citada compensación" (STS de 29 de marzo de 1984); pues, en definitiva, sólo la existencia de un derecho de retención con arreglo a las normas civiles puede integrar la causa de justificación del (entonces vigente) artículo 8.11 del Código Penal (STS de 2 de febrero de 1989);y tal derecho de retención (necesariamente típico civilmente, al suponer ónticamente una excepción al principio general de la interdicción de la autotutela) no corresponde a los Letrados o Abogados, como rectamente entendió la sentencia ahora sometida a recurso». Improcedencia que repiten igualmente acerca de la retención a título de liquidación de honorarios las SSTS de 29 de enero de 1990 y de 21 de octubre de 2002 .

Finalmente cabe señalar también lo declarado en la STS 92/2008 de 31 de enero: "Existe al respecto una consolidada doctrina de esta Sala que niega al abogado una especie de "ius retentionis" que le permitiría hacerse "autopago" de minutas debidas con el cobro de cantidades por otros conceptos que le hubiese encargado su principal. En tal sentido, podemos citar las SSTS 1749/2002 de 21 de octubre , 150/2003 de 5 de febrero , 117/2007 de 13 de febrero . Se podrá discutir si se está en presencia de un delito de apropiación indebida, como se sancionó en la sentencia sometida al presente control casacional, o bien en el delito de deslealtad profesional del art. 467-2º que sería el delito especial por la condición de sujeto activo frente al genérico de apropiación indebida, pero en todo caso, lo que es claro es que resulta claramente antijurídico el hecho de que el Abogado o Procurador haga suyo las cantidades recibidas sin entregarlas a su principal al socaire de minutas o derechos que aquél les deba".

Es decir en la relación profesional entre abogado y cliente no existe derecho de retención, y en todo caso la liquidación y rendición de cuentas corresponde al letrado que la ha recibido. En la primera de las sentencias, STS 658/2009 de 12 de junio , se viene a afirmar que la omisión o falta de presentación de la minuta impide liquidar la deuda.

A partir de la expresada doctrina debemos concluir que el acusado, D. Camilo , al hacer suyas las cantidades detraídas unilateralmente por él de los mandamientos recibidos para su cliente la Sra. Yolanda , cometió el delito de apropiación indebida, toda vez que la versión dada por el acusado de que le había autorizado su cliente dado que la relación contractual no había concluido, no resulta verosímil para este Tribunal como hemos expuesto y en mayor medida porque es del todo ilógico que el acusado extendiera recibos por las cantidades abonadas efectivamente en concepto de minutas y no lo hiciera en las cantidades mucho más elevadas detraídas de los mandamientos.

En aras a su defensa el acusado aporta como cuestión previa en el acto del juicio un informe del Colegio de Abogados en el que se dan por buenas unas minutas elaboradas a posteriori sobre una cuantía base de más del doble del total del pleito, computando cerca de 40.000 euros por las negociaciones llevadas a cabo con el Banco Bilbao Vizcaya, negociaciones para las que no estaba autorizado, así como otra cantidad por un recurso de casación que ni siquiera se llegó a interponer, minutas por un total de 239.857,92 euros, informe en el que el Colegio lo único que certifica es que "de ser cierta la base tomada por el minutante" las cantidades serían correctas, señalando que los Criterios del Colegio se aplicaran cuando no exista pacto o presupuesto escrito respecto a la cuantificación de los honorarios, por tanto, poco aporta dicho informe a lo que aquí se está debatiendo, pues ha quedado acreditado que existía un pacto verbal entre el Sr. Camilo y su cliente y además la base tomada para realizar estas minutas a posteriori no se corresponde con la realidad.

SEGUNDO.- En cuanto a la aplicación del apartado 1.6º del artículo 250 del Código Penal solicitado tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación Particular, entiende este Tribunal que procede su aplicación por revestir la apropiación indebida especial gravedad atendiendo al valor total de la defraudación, que por parte del acusado asciende a 212.463,62 €, cantidad que supera la cuantía fijada por la jurisprudencia para la concurrencia del subtipo agravado, ya sea que se atiende a los 36.000 euros, a los que se atendía con la anterior Jurisprudencia, o a los 50.000 € a los que se está en la actualidad (art. 250.1.5º).

TERCERO.- Respecto de la acusación de la continuidad delictiva en base al artículo 250.1.6º del C.P ., así como respecto del artículo 74 del CP , entiende este Tribunal que debe concurrir la misma, aplicándose conjuntamente con el artículo 74.2 del CP, y ello en aplicación de la Jurisprudencia que al respecto tiene elaborada el Tribunal Supremo, y que se expone, entre otras, en la Sentencia de 17 de diciembre de 2008: "Mejor destino ha de tener la aplicación de la figura del delito continuado, art. 74 CP referido al subtipo agravado del art. 250.1.6º CP . a) Respecto a la aplicación del delito continuado, no podemos olvidar que éste no aparece definido como "una suma de delitos" sino de "acciones u omisiones" o también infracciones contra bienes jurídicos. A estas alturas de la evolución doctrinal y jurisprudencial el delito continuado no es concebido como una mera ficción jurídica destinada a resolver, en beneficio del reo, los problemas de aplicación de penas que plantea el concurso de delitos, sino como una verdadera "realidad jurídica", que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva (STS 919/2007 de 20 de noviembre). En este sentido, la doctrina de esta Sala (SS 523/2004 de 24 de abril , 882/2005 de 5 de julio , 367/2006 de 22 de marzo), considera la definición del art. 74 del CP del delito continuado como aquél supuesto en el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, se realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos o infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, de ello se desprende que se trata de una figura del concurso de infracciones punibles que agrupa en un solo delito una serie de acciones homogéneas ejecutadas en distintos momentos temporales pero obedeciendo a una unidad de resolución delictiva, siendo sus requisitos los siguientes: a) Pluralidad de hechos delictivos, y no sometidos a enjuiciamiento separado por los Tribunales. b) Concurrencia de un dolo unitario que transparenta una unidad de resolución y propósito que vertebra y da unión a la pluralidad de acciones comisivas, de suerte que éstas pierden su sustancialidad para aparecer como una ejecución parcial y fragmentada en una solo y única programación de los mismos. c) Realización de las diversas acciones en unas coordenadas espacio-temporales próximas, indicador de su falta de autonomía. d) Unidad del precepto penal violado, de suerte que el bien jurídico atacado es el mismo en todas. e) Unidad de sujeto activo. f) Homogeneidad en el modus operandi, por la idéntica o parecida utilización de métodos, instrumentos o técnicas de actuaciones afines. (SSTS 1103/2001 , 1749/2002 , 523/2004 , 1253/2004).

En el presente caso los actos punibles se ejecutaron aprovechando la misma oportunidad y mecánica que le ofrecía el recibir en calidad de letrado los mandamientos de devolución a favor de la Sra. Yolanda librados por el Juzgado nº 1 de Majadahonda y afectan al mismo precepto penal, lo que permite configurar esa continuidad delictiva.

b) Respecto la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del art. 250.1.6 del C.P ., la jurisprudencia de esta Sala (SS1236/2003, 605/2005, 900/2006, 919/2007, 8/2008), tiene declarado que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del art. 250.1.6º CP ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio non bis in ídem.

Incluso respecto a la hipótesis más controvertida doctrinalmente, cuando las distintas cuantías defraudadas fueran individualmente insuficientes para la cualificación del art. 250 6.1, pero sí globalmente consideradas, el Pleno de esta Sala Segunda de 30 de octubre de 2007, tomó el acuerdo de que cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Acuerdo que lleva en estos supuestos a la aplicación del art. 250. 1.6, cuando los delitos, aun inferiores a 36.060,73 €, en conjunto sí superan esa cifra, si bien no se aplica el párrafo 1º del art. 74, sino el segundo, pues la suma de las cuantías ya se tiene en cuenta para agravar la pena, aplicando la del art. 250.1, y no la del art. 249 del CP .

En este sentido es significativa la STS 950/2007 de 13 de noviembre , que acogió como doctrina correcta la que entiende que si bien el artículo 74.2 constituye una regla específica para los delitos patrimoniales, tal especificidad solo se refiere a la determinación de la pena básica sobre la que debe aplicarse la agravación, de forma que el artículo 74.1 es aplicable como regla general cuando se aprecie un delito continuado, salvo en aquellos casos en los que tal aplicación venga impedida por la prohibición de doble valoración. Dicho de otra forma, la agravación del artículo 74.1 solo dejará de apreciarse cuando la aplicación del artículo 74.2 ya haya supuesto una agravación de la pena para el delito continuado de carácter patrimonial.

La Sala ha entendido hasta ahora de forma pacífica que cuando se trata de infracciones patrimoniales, la pena se impondrá teniendo en cuenta el perjuicio total causado conforme dispone el artículo 74.2 CP . De manera que si la suma de ese perjuicio es superior a 36.060,73 euros, la pena procedente es la prevista en el artículo 250.1.6º y si es inferior a esa cifra la del artículo 249, o en su caso, la correspondiente a la falta.

Cuando esa cifra (la relevante para incrementar la pena básica) se alcanza por la suma de las diferentes infracciones, acudir a la agravación del apartado 1 del artículo 74 vulneraría la prohibición de doble valoración de una misma circunstancia o de un mismo elemento, pues de un lado se ha tenido en cuenta para acudir al artículo 250.1.6ª con la consiguiente elevación de la pena (o para convertir varias faltas en un delito) y de otro se valoraría para acudir al artículo 74.1, agravándola nuevamente. Ello conduciría a determinar la pena conforme al perjuicio total causado pero sin que fuera preciso imponerla en su mitad superior, de forma que el Tribunal podría recorrer la pena en toda su extensión.

Por lo tanto, la regla del artículo 74.2 resulta específica para los delitos contra el patrimonio en el sentido de que la pena básica que debe ser tenida en cuenta en el caso de estos delitos continuados no es la correspondiente a la infracción más grave sino la correspondiente al perjuicio total causado, ambas en su mitad superior (pudiendo alcanzar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado). De esta forma, el delito continuado patrimonial recibiría un trato penológico similar a cualquier otro delito continuado.

Como excepción a la regla anterior se presentan aquellos casos en los que la aplicación del artículo 74.1 infringiera la prohibición de doble valoración, lo que tendría lugar cuando la valoración del perjuicio total causado ya supusiera un aumento de la pena correspondiente a las infracciones cometidas separadamente consideradas.

En consecuencia, el delito continuado se debe sancionar con la mitad superior de la pena que puede llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado con independencia de la clase de delito de que se trate. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica que debe ser incrementada con arreglo al artículo 74.1 no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Y, finalmente, la regla contenida en el artículo 74.1, solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración, es decir en aquellos casos en los que la pena ya haya sido incrementada en atención al perjuicio total causado por tratarse de delito continuado."

La continuidad delictiva en la presente causa radica en el apoderamiento por parte del acusado de la cantidad de 212.418,03 €, en dos acciones en las que se apoderó el 22 de junio de 2007 de la cantidad de 111.557,82 euros y el 22 de septiembre de 2005 de la cantidad de 100.905,8 euros, siendo por ello de aplicación la continuidad delictiva.

Además de ello, y de acuerdo con la mencionada jurisprudencia, y atendiendo en el caso presente cada una de las cantidades detraídas, determina ya por sí la aplicación del art. 250.1.6 en el delito continuado, siendo de aplicación el apartado 2 del art. 74 del CP , pudiendo recorrer este Tribunal la pena en toda su extensión.

CUARTO.- La Acusación Particular ha considerado aplicable el subtipo agravado previsto anteriormente en el artículo 250.1.7º del C.P . y hoy en el apartado 6º, esto es, el abuso de relaciones personales entre la víctima y el defraudador. Este Tribunal entiende que dicha circunstancia no debe resultar de aplicación, y ello, por los motivos que se van a exponer a continuación.

Así, la concurrencia de ese plus de antijuridicidad no puede ser compartida por la Sala en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, doctrina que queda plasmada, entre otras, en la STS de 20 de noviembre de 2008 , o en la STS de 2 de julio de 2007 . Entiende el Tribunal Supremo que, "se ha advertido la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado. La STS 383/2004 , con citas de otras muchas, señaló que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del CP , quedaba reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa o apropiación indebida.

Así, de acuerdo con dicha doctrina, entiende este Tribunal que la relación existente entre la perjudicada y el acusado se refería únicamente a la relación entre abogado-cliente, pero que no constituye el plus de confianza, que va más allá de la confianza genérica necesaria para cometer el delito de apropiación indebida, y que requiere la agravación del artículo 250.1.6 del CP .

QUINTO.- Por su parte, y por lo que se refiere a la acusación elevada por la acusación particular y en relación con concurso entre el delito continuado de apropiación indebida y el delito de deslealtad profesional sancionado en el artículo 467.2 del Código Penal , debemos señalar que este último, cuyo antecedente se encontraría en la prevaricación artículo 360 del Código de 1973, incrimina aquellas conductas más intolerables desde el plano del ejercicio de las profesiones jurídicas que contempla, pero ha de tratarse de conductas con un contenido sustantivo o propio, no reconducible a otros tipos penales.

Es de señalar que, si bien en casos semejantes al que nos ocupa el T.S. se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre la incompatibilidad del delito del art. 467.2 C.P con el delito de la apropiación indebida, mientras que en otras ocasiones se ha pronunciado sobre su compatibilidad, dicha discusión deja de tener trascendencia desde el acuerdo al que se llegó por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con fecha 16 de diciembre de 2008: "I.- El letrado que distrajere dinero recibido de su cliente por alguno de los títulos del art. 252 del C.P ., comete delito de apropiación indebida. II.-La aplicación de la agravación prevista en el art. 250.7 del CP se ajustará a las reglas generales. III.- Además cometerá un delito del art. 467.2, en concurso ideal, si con el mismo hecho perjudicara a los intereses que le fueron encomendados en el caso, estrictamente, en atención a sus funciones profesionales como letrado."

Sin embargo, consideramos que en el presente caso, teniendo en cuenta el mencionado acuerdo, no existe la compatibilidad entre el delito de apropiación indebida cualificada por la cuantía objeto de apoderamiento y el de deslealtad profesional dolosa objeto de acusación por parte de la acusación particular ya que la actuación del acusado ha merecido la consideración jurídico penal de apropiación indebida, que contempla toda la antijuridicidad del hecho y en este supuesto la aplicación del de deslealtad profesional dolosa, ya sea en concurso real o ideal, vulneraría el principio non bis in ídem.

En efecto consideramos que no se abusó de la relación profesional existente, dado que el Sr. Camilo realizó la conducta que se le exigía como letrado, pues presentó debidamente las demandas correspondientes, instó la ejecución, interpuso los escritos y recursos correspondientes. Es con posterioridad, una vez recibidas las cantidades, cuando se apodera de las mismas con ánimo de lucro, por tanto no existe este concurso entre este primer delito de apropiación indebida y el de deslealtad profesional y por tanto no sería de aplicación lo señalado en el acuerdo sino que estaríamos ante dos delitos distintos.

SEXTO.- Los hechos declarados probados constituyen también un delito de deslealtad profesional del art. 467.2 del C.P . que como hemos expuesto sanciona al abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados.

Todo ello, resulta predicable en el caso enjuiciado, en que el acusado Sr. Camilo en vez de actuar en defensa de los intereses de su cliente lo que hace es, a través de unas personas interpuestas, en concreto su hermano y dos letrados colaboradores suyos, comprar una sociedad, NISO, para que adquiera el crédito que el Banco Bilbao Vizcaya ostentaba contra la Sra. Yolanda . Este crédito se compró por 142.000 euros, cantidad ostensiblemente inferior a la cantidad del crédito que ascendía a 763.285,37 euros. Y esta conducta se integra plenamente en el delito de la deslealtad profesional del artículo 467.2 del Código Penal , en primer lugar porque es obvio que el Sr. Camilo era el letrado de la Sra. Yolanda y en el ejercicio de sus funciones como profesional y aprovechándose de la información que tenía por dicha actividad, compra la sociedad, instruye a su hermano y los dos letrados que forman parte de dicha sociedad de que es lo que deben hacer, negocia directamente con el Banco la cesión del crédito por una cantidad inferior al mismo y lo paga casi en su totalidad el propio acusado desde su cuenta corriente, todo ello con la finalidad de obtener una ganancia económica a costa de su cliente, produciéndole un perjuicio de carácter moral pues no consta que Doña Yolanda sufriera un perjuicio patrimonial, perjuicio moral que de acuerdo a la jurisprudencia también pueden ser objeto de defensa. Así según la STS 89/2000 de 1 de febrero "cuando el legislador se refiere al perjuicio de intereses, por un lado, no se está refiriendo a unos intereses económicos materiales y, por otro, de restringir el ámbito de aplicación con tal interpretación, quedarían fuera del tipo aquellos casos en que los intereses no fuesen de contenido material, sino simplemente moral, que, desde luego, también pueden ser objeto de defensa por letrado".

El acusado en su descargo ha venido a manifestar que su conducta estuvo en todo momento guiada por el interés de beneficiar a su cliente y para ello creó un complejo plan para intentar que ni el Banco ni la sociedad ICG pudieran afectar el patrimonio de la Sra. Yolanda , no obstante de lo actuado lo que ha quedado acreditado es que el acusado actuó en beneficio propio y en perjuicio de los intereses de la Sra. Yolanda , como lo pone de manifiesto la declaración del propio acusado en instrucción relatando que realmente no les dio nunca el nombre de las personas que formaban parte de NISO por cuestiones éticas y para que no fueran a pensar mal de él.

Efectivamente tanto la Sra. Yolanda como sus dos hijos niegan categóricamente que conocieran dicho plan, lo que acredita que el mismo se hizo a sus espaldas, sin su conocimiento y por tanto tampoco con su consentimiento. Los afectados lo niegan con rotundidad y además no hay documento alguno que avale la versión del acusado, es más, cuando el Sr Camilo les comenta que se ha enterado de que ICG quiere negociar la deuda con el Banco para comprarla y que si quieren, él puede indagar como está el tema, ellos le dicen explícitamente que no quieren que haga nada al respecto porque querían esperar a que el procedimiento terminase y una vez la sentencia fuese firme, negociar con el Banco una quita, dado que la pérdida patrimonial de los pisos embargados era muy superior a la que se había obtenido, o sea que al haberse tasado muy por debajo de su valor se veía con posibilidades de negociar con el Banco.

Según el Sr. Camilo la finalidad del plan era que la Sra. Yolanda saliera indemne y no se viera afectada en su patrimonio y para ello la sociedad NISO se comprometía a que en ningún caso iba a actuar contra la Sra. Yolanda . Efectivamente NISO no actuó contra la Sra. Yolanda , pero dicha garantía no se tuvo hasta el mismo día en que comenzó el primer acto del juicio oral en que se presentó dicha garantía por escrito ante el juzgado, por tanto dicha deuda estuvo viva durante los seis años anteriores hasta el comienzo del juicio, manifestando el acusado al respecto que si no se realizó por escrito antes durante todos los años que duró el procedimiento fue por la actuación negligente tanto de la Sra. Yolanda como de sus hijos, sin embargo esta explicación no resulta creíble, pues no cabe entender que el deudor pueda tener interés alguno en poner trabas para que se le garantice que no se va a actuar contra su patrimonio y no se le va a reclamar la deuda.

Resulta también sorprendente que si realmente dicha sociedad se hubiese creado tan solo para proteger los intereses de la Sra. Yolanda , los integrantes de NISO, el hermano del Sr. Camilo y sus personas de confianza, no hubieran hablado o se hubieran reunido con la Sra. Yolanda en algún momento para explicarle su posición en este entramado y garantizarle que no iban a actuar contra ella, sin embargo, según declararon en el plenario ni siquiera la conocían.

En efecto según manifestó de forma espontánea el Sr. Gustavo , socio del despacho del Sr Camilo y miembro de NISO, éste le llamó en noviembre de 2005, explicándole que había comentado la operación con la Sra. Yolanda y que a ella le parecía bien, sin embargo lo cierto es que el crédito se había adquirido en junio de 2005, o sea varios meses antes, lo que demuestra que el acusado nada le había comentado sobre dicho plan a la Sra. Yolanda , de lo que se infiere que era porque el mencionado plan no iba en beneficio de ella sino del propio acusado. Además dicho plan no tenía sentido alguno, pues según el acusado, lo idea cuando se da cuenta del grave peligro que corre el patrimonio de su cliente, al tener conocimiento de que el BBV como acreedor, conociendo que la Sra. Yolanda iba a recibir un dinero de los mandamientos de ejecución, inmediatamente le reclamaría las cantidades debidas, amenazando con ponerle una querella por alzamiento de bienes en caso de que ella no liquidara sus deudas con el Banco, sin embargo dicha manifestación no se mantiene pues siendo el Banco acreedor durante tantos años, no resulta lógico que justamente en el momento en que el patrimonio de la Sra. Yolanda se va a incrementar, ceda el crédito por una cantidad muy inferior, 140.000 euros, a la deuda existente que ascendía a 763.285,37 euros.

Así el Sr. Teodosio representante del BBV manifestó que la deuda seguía pendiente desde hacía tiempo y que periódicamente hacían comprobaciones de patrimonio dado que el crédito seguía vivo. A preguntas del Ministerio Fiscal de porqué se deshicieron del crédito, contestó que recibieron una oferta de la entidad ICG pero no llegaron a un acuerdo y casi simultáneamente les llamó el Sr. Camilo en calidad de abogado de Doña Yolanda a quién le dieron la información de carácter reservado por actuar en tal concepto o sea acreditando que actuaba para defender los intereses de Doña Yolanda . Después de varios meses de negociaciones con el Sr. Camilo , ya que según el testigo nunca se reunió con la Sra. Yolanda a la que no conocía, para lograr un punto de encuentro en la cantidad, ya que la deuda era muy elevada, se llegó a un acuerdo para la cesión de crédito a una entidad vinculada a Doña Yolanda , sociedad en la que según el Sr. Camilo estaban sus hijos que no eran deudores. Preguntado por qué no se realizo una quita, manifestó que la misma no se negoció porque el Sr. Camilo nunca lo propuso, que le resultó extraño, pero que lo único que se estudió y negoció con el Sr. Camilo fue la cesión del crédito, lo que incrementa la deslealtad del acusado.

A preguntas de la acusación particular el Sr. Cirilo declaró que en ningún momento se amenazó con interponer una querella por alzamiento de bienes, sino que ellos daban ese crédito casi por perdido, lo único que hacían era realizar una revisión periódica para saber del patrimonio de la parte deudora, además se habían quedado unos pisos por un valor inferior al real de mercado, por lo que no era una prioridad para ellos, incluso Don. Cirilo casi se recriminaba el no haber actuado con mayor diligencia y haberse dado cuenta de la relación que existía entre NISO y el Sr. Camilo ya que no lo comprobó, ya sea por descuido o incluso por incompetencia profesional, pues lo único que tuvieron en cuenta es que dicha sociedad no perteneciera al ex marido de Doña Yolanda .

Estamos pues ante un delito de deslealtad profesional por cuanto el acusado realizando dicha maniobra fraudulenta y desleal, gracias a la información de la que disponía como letrado, a través de la sociedad interpuesta NISO, lo que pretendía era convertirse él mismo en acreedor de su cliente la Sra. Yolanda , impidiéndole así que pudiera negociar ella misma una quita de su deuda con el Banco.

Ahora bien, entendemos que no existe el concurso con el delito de estafa procesal solicitada por la acusación particular, habida cuenta que, si bien es cierto que NISO presentó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid escrito requiriendo al Juzgado nº 1 de Majadahonda en los autos 88/2001 para que procediera a transferir las cantidades consignadas a favor de Doña Yolanda (folio 289) por mejora de embargo, entendemos que no estamos ante un delito de estafa procesal sino que dicha actuación queda englobada dentro del delito de deslealtad profesional por cuanto con ello perjudicaba de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados por su cliente.

SEPTIMO.- De conformidad con el art. 28 del Código Penal , de dichos delitos aparece como responsable criminalmente el acusado Sr Camilo , por haber realizado directamente los hechos que los integran.

OCTAVO.- En la realización de dichos delitos no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que, en orden a la graduación de las penas y a su individualización, deberá ser de aplicación lo establecido en los artículos 250.1.6 y 74.2, así como en el artículo 467.2 del Código Penal vigente en el momento de los hechos.

En orden a la determinación de la pena, atendiendo a la pena de prisión recogida en el artículo 252 en relación con el artículo 250.1.6º del CP , de 1 a 6 años de prisión, y multa de seis a doce meses, y en relación con ello, atendiendo al artículo 74.2 en relación con el delito continuado, pudiendo recorrerse la pena en su extensión, procedería imponer una pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, atendiendo a la elevada cantidad de dinero del que se apropió el acusado.

Por su parte, y en orden a la fijación de la cuota diaria señala el art. 50.5 del Código Penal que ésta se debe fijar atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo y teniendo en cuenta que se trata de un letrado con un despacho profesional en la calle Velázquez primero y la CALLE000 después y las minutas que dice cobrar, entendemos adecuada la imposición de una cuota prudencial que debe ser fijada en la cantidad de 50 euros diarios.

Todo ello, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, de acuerdo con lo previsto en el art. 53 del Código Penal .

Y conforme al artículo 467.2 del Código Penal , las penas que procede imponer son las de MULTA DE NUEVE MESES, con una cuota diaria de cincuenta euros, cuota que no se considera elevada en atención a la condición de abogado en ejercicio del acusado; e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO POR TIEMPO DE DOS AÑOS Y SEIS MESES, penas que se consideran proporcionales a la gravedad de los hechos enjuiciados.

NOVENO.- Los responsables criminalmente lo son también civilmente, según el art. 116 del Código penal , por lo que el acusado tendrá que indemnizar a Doña Yolanda en la cantidad de 212.418,03 €, más los intereses legales de dicha cantidad computados desde el 23 de enero de 2006, fecha en que se admite a trámite la querella.

DÉCIMO.- Por último, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 123 y 240 de la LECrim , las costas procesales se imponen al acusado como responsable criminal del delito, debiendo incluirse igualmente las costas de la acusación particular.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLAMOS

Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Camilo , como autor del delito continuado de apropiación indebida con la agravante de la cuantía de especial gravedad, por el que venía siendo acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES de prisión , MULTA de NUEVE MESES con una cuota de cincuenta euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; por su parte, se impone al acusado Camilo , por el delito de deslealtad profesional la pena de MULTA de NUEVE MESES a una cuota diaria de cincuenta euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante dos años y seis meses.

Por otro lado, el acusado deberá indemnizar a Doña Yolanda en la cantidad de 212.463,62 euros, respondiendo como responsable civil subsidiario la sociedad NISO, además de los intereses legales, y a las costas de este procedimiento, con inclusión de las de la acusación particular.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de casación por infracción de Ley o quebrantamiento de forma, para ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta Audiencia, por medio de escrito autorizado con firmas de Letrado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilmo./a Sr./a D./Dña. MATILDE GURRERA ROIG, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

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