Incompatibilidad del cargo de Magistrada en activo con la participación en sociedad dedicada a la actividad de asesoramiento jurídico

Fuente: La Ley.

La Sala interpreta lo que constituye «actividad mercantil por sí o por otro» y considera como tal la titularidad de participaciones de una sociedad a efectos del régimen de incompatibilidades regulado en la LOPJ para Jueces y Magistrados.

TS Sala Tercera, de lo Contencioso, S 27 nov. 2013. Ponente: Pico Lorenzo, Celsa

Los Tribunales en general y los Jueces y Magistrados en particular deben inspirar una confianza en la sociedad, una neutralidad en la toma de decisiones que no puede verse empañada por una causa real o aparente de incompatibilidad con el ejercicio de su función de impartir justicia; es competencia del legislador, a través de la LOPJ y del Consejo General del Poder judicial, velar por su funcionamiento recto e imparcial y por que no existan prevalencias públicas o privadas que puedan empañar su actividad.

En esta interesante sentencia, dictada recientemente por el Tribunal Supremo ‐con un voto particular en contra del Magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas al que se adhiere D. José Díaz Delgado‐ se analiza una situación muy particular: la negativa del Consejo del Poder Judicial a declarar compatible con la actividad de juzgar, la titularidad por una Magistrada en activo de la Audiencia Nacional del 50 por 100 de las participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada (la otra mitad la ostenta su esposo) que se dedica entre otras actividades, al asesoramiento jurídico.

Tras recordar el Alto Tribunal que España carece de normas deontológicas aplicables a los jueces españoles, hace un repaso del tratamiento dado a dichos principios en nuestro entorno más cercano (Código Iberoamericano de Ética Judicial o Carta Europea sobre el Estatuto de los jueces) y concluye que los jueces deben reducir los conflictos de intereses y no permitir que sus actividades financieras interfieran con la obligación de juzgar los asuntos que lleguen a su conocimiento.

En particular, nuestro artículo 389 LOPJ establece las incompatibilidades del cargo de Juez o Magistrado con el «ejercicio de actividad mercantil o por sí o por otro», y es precisamente la interpretación de lo que debe considerarse como «actividad mercantil» el núcleo fundamental de la decisión del Supremo, esto es, si la integración en el patrimonio familiar de la Magistrada y su cónyuge de los ingresos por la titularidad de las participaciones de la sociedad puede considerarse como actividad mercantil.

Razona la Sala que hoy en día la actividad mercantil no se suele realizar de forma individualizada, sino mayoritariamente a través de sociedades mercantiles; si bien es cierto que la interesada no asesora jurídicamente a nadie por el hecho de ser socia de la entidad, entiende que en este caso en particular no se está ante una mera sociedad de gestión de patrimonio personal, porque el hecho de ostentar el 50 por 100 de las participaciones le otorga un poder decisivo en las decisiones trascendentes de la mercantil, pudiendo incluso bloquear el funcionamiento de los asuntos en la Junta General. Existe una intensidad del vínculo económico-jurídico de tal magnitud que puede verse afectada la apariencia de imparcialidad objetiva para el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

En conclusión, la mera tenencia de las participaciones sociales conlleva el ejercicio de la actividad de la sociedad, y por tanto fue correcta la decisión del Consejo General del Poder Judicial que denegó la compatibilidad de la condición de Magistrada en servicio con la de partícipe en la sociedad mercantil de la que es socia junto con su marido.