Prevaricación imprudente de la juez que acordó el internamiento cautelar de dos extranjeros desatendiendo clamorosamente los requisitos previstos en la LO 4/2000

Fuente: La Ley.
 
Decisión de internamiento «de oficio», sin previa petición administrativa, que supone una interpretación de los arts. 61 y 62 LO 4/2000 no solo errónea, arbitraria e irracional, sino persistente, reiterada y contumaz

(TS, Sala 2ª de lo Penal, S 992/2013, 20 Dic. Ponente: Berdugo Gómez de la Torre, Juan Ramón)

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Justicia de Cataluña condenó a la acusada, que desempeñaba las funciones de Juez suplente al frente de un Juzgado de Instrucción de Girona, como autora de un delito deprevaricación imprudente, a la pena de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Las resoluciones calificadas como prevaricadoras fueron:

-Dos Autos, dictados por la acusada en el marco de diligencias previas iniciadas por delito de robo contra dos ciudadanos senegaleses en situación irregular en España, en los que acordó su internamiento cautelar en Centro de extranjeros, a efectos de su ulterior expulsión administrativa.

-El Auto que desestimó la petición del MF solicitando la inmediata puesta en libertad de los dos extranjeros por infracción del art. 62 LO. 4/2000, al no existir la solicitud previa de autorización de internamiento formulada por la autoridad administrativa, y no haberse dado traslado a las partes interesadas para realizar alegaciones.

-El Auto que desestimó los recursos de reforma interpuestos por la defensa de los extranjeros alegando la inexistencia de una petición motivada de internamiento y la vulneración del derecho de defensa, al no haber sido oídos los interesados sobre las circunstancias personales que debían tomarse en consideración para autorizar, en su caso, el internamiento.

Planteado recurso de casación, el TS confirma la sentencia de instancia y la conducta prevaricadora de la acusada por haber prescindido total y absolutamente de las garantías establecidas en la LO. 4/2000 acordando un internamiento sin la existencia de una previa petición administrativa en tal sentido, conociendo que el procedimiento administrativo de expulsión apenas había sido incoado, y sin una previa audiencia especifica a los interesados, su defensa y al MF, así como eludiendo normas esenciales del procedimiento -el derecho de defensa, contradicción y la motivación de las resoluciones-.

Concurren en los hechos todos los requisitos del tipo del art. 447 CP, aplicable respecto a resoluciones manifiestamente injustas dictadas por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. La prevaricación culposa, si bien degrada el tipo subjetivo, agrava la parte objetiva exigiendo que la resolución se encuentre en contradicción clara y palmaria con la norma, en el sentido de que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, y entraña por ello una infracción del ordenamiento jurídico patente, grosera y notoria, cual es el caso analizado.

En efecto, tal como argumenta la Sala, ningún método razonable de interpretación de los arts. 61 y 62 LO 4/2000 permite sostener que el internamiento puede ser acordado de oficio por el Juez, sino únicamente a solicitud y previa petición del instructor del expediente administrativo.

El internamiento preventivo de extranjeros previo a su expulsión, regulado por LO 4/2000 y RD 2393/2004 (Reglamento de extranjería), se rige por el principio de excepcionalidad. Requiere previa petición de la autoridad gubernativa, siendo competente el Juez del lugar de la detención, que deberá abrir unas diligencias autónomas para la resolución de la petición. En cualquier caso, la resolución judicial no debe entrar en el fondo de la resolución administrativa -ya que la decisión final sobre la expulsión corresponde al órgano administrativo- sino sólo en la existencia de temor fundado de que el extranjero pueda tratar de sustraerse a la decisión, debiendo valorarse sus circunstancias y las causas de la petición, tras oír el juez al extranjero.

En el supuesto analizado, aunque los extranjeros prestaron en el procedimiento penal declaración, no se ofreció en absoluto ni a los detenidos ni a su defensa la posibilidad de presentar prueba alguna sobre sus circunstancias (conviviencia familiar, posesión de un domicilio estable, de una documentación identificativa), ni alegar sobre la certeza o suficiencia de las causas de expulsión y, lo que es más importante, ni siquiera se les advirtió de la posibilidad de que fuera acordado el internamiento cautelar, para que en su caso, hubieran podido argumentar sobre la proporcionalidad y sobre la justificación de la medida cautelar.

En definitiva, considera el TS que hubo por parte de la juez acusada una interpretación de la norma no solo errónea, arbitraria e irracional, sino persistente, reiterada y contumaz, al atribuirse una iniciativa que la Ley reserva a la autoridad administrativa y acordar un internamiento prescindiendo de normas esenciales del procedimiento, que prolongó además, durante 34 días, sin rectificar lo que hubiera podido ser una simple negligencia o ignorancia excusable, a pesar de la oposición del MF e incluso tras haber acreditado el Cuerpo Nacional de Policía que las identidades y la documentación intervenida a los dos extranjeros eran auténticas y que ambos tenían domicilio conocido.