Cohecho del Ex Presidente Balear a través de la contratación ficticia de su mujer por parte de un hotelero mallorquín

Fuente: La Ley.

Recibió pagos por importe total de 42.111.- euros como prebenda o donación en atención a su cargo. La acción se articuló mediante la instrumentalización de un contrato de trabajo del donante con su esposa, quien nunca realizó prestación laboral alguna

(AP Illes Balears, S 4/2013, 11 Dic. Ponente: Jiménez Vidal, Juan de Dios)

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Islas Baleares ha emitido veredicto de culpabilidad contra el ex Presidente del Govern Balear condenándole, en el fallo de la resolución, por un delito de cohecho a la pena de tres meses de multa con un cuota diaria de 100 €, decretando asimismo el comiso de los 42.111,13 € obtenidos.

Dicho importe se corresponde con la cantidad percibida, de forma ilícita, presionando a un hotelero mallorquín para que simulase la contratación de su mujer, con el único objetivo de encubrir la dádiva que el empresario le entregaba como prebenda por el cargo público que ejercía.

Los hechos se remontan a finales de 2006 cuando, con la finalidad de incrementar sus recursos económicos, el ex Presidente contactó con el administrador de la compañía mercantil "Hotel Valparaiso, S.A.", propietaria del Hotel Valparaiso de Palma, para solicitarle que le entregase 3.000 euros al mes, valiéndose de su posición como Presidente del Govern balear.

No obstante, a efectos de cubrir las apariencias, el ex alto cargo pidió al hotelero que fingiese un contrato de trabajo para la realización de funciones de relaciones públicas de un año de duración para su esposa, con el que simular que se trataba de ingresos legítimos.

El hotelero se sintió comprometido y presionado por razón del cargo que aquél ostentaba, que le otorgaba «ascendencia y capacidad de influencia». De hecho, asevera el tribunal que, de no haber ocupado este cargo, no se hubiera producido el desplazamiento patrimonial a título gratuito.

Estos hechos declarados probados son calificados en la fundamentación jurídica de la sentencia como cohecho pasivo impropio del art. 426 CP, en su redacción anterior a la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, vigente en el momento en que ocurrieron, por concurrir todos los elementos requeridos: a) el ejercicio de funciones públicas por parte del sujeto activo; b) la aceptación por éste de dádivas o regalos; c) una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y el oficio público del funcionario.

El Jurado ha dado por acreditado que la dádiva la solicitó y obtuvo el acusado para sí, con independencia de que la acción se articulase mediante la instrumentalización de un contrato de trabajo del donante con su esposa. Ello fue una mera apariencia destinada a dar cobertura legal al hecho punible. Argumenta el tribunal que si bien la utilización de dicha simulación obligó a ingresar el objeto de la donación en la cuenta bancaria de la esposa, el solicitante de la donación fue el ex Presidente, y la cantidad entregada no era mas que una prebenda o dádiva realizada al acusado, no a su mujer, la cual ni pactó, ni contrató, ni trabajó; sólo recibió en su cuenta el pago acordado entre el acusado y el empresario.

En cuanto a la redacción y firma del contrato de trabajo, el alta en la seguridad social y la entrega de hojas salariales mensuales, según el tribunal no son otra cosa que el intento de ocultar la donación dándole una cobertura legal. No obstante, expresa el Jurado su convicción de que no existió relación laboral alguna, ya que la supuesta trabajadora no prestó trabajo alguno, no se integró en el ámbito de organización y dirección del supuesto empresario ni percibió un salario como contraprestación de un trabajo.

No se trata sólo de que no apareciera por el centro de trabajo, sino que no recibió orden ni directriz alguna que pusiera de manifiesto el poder de dirección de la empresa, que la vinculase a ella directa o indirectamente, ni que la situase dentro del ámbito de dirección y organización del empleador, siendo precisamente el ejercicio de ese poder de dirección la nota característica dominante en la jurisprudencia social actual para determinar la existencia de relación laboral.

La resolución no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.