Desórdenes Públicos – Elementos del tipo

Jurisdicción: Penal
Recurso de Casación núm. 1645/2001.

DESÓRDENES PÚBLICOS:

Alterar el orden causando lesiones y desperfectos con el fin de atentar contra la paz pública: existencia: cruzar, en el curso de una manifestación comunicada, un vehículo y un contenedor de botellas para interrumpir el tráfico, motivando la actuación policial y los incidentes posteriores.

La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a don Alberto A. S. y a doña Lorena C. A. como autores responsables de un delito de desórdenes públicos y un delito de atentado, a las penas, respectivamente, para cada uno de los acusados, de ocho meses de prisión y catorce meses de prisión.Contra la anterior Resolución los condenados interpusieron recurso de casación por infracción de ley.El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso.

En la Villa de Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil dos.

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.-

El Juzgado de Instrucción núm. 8 de Bilbao instruyó Procedimiento Abreviado con el núm. 156/1998, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de dicha capital que con fecha 1 de septiembre de 2000 dictó sentencia que contiene el siguiente hecho probado:

«El día 5 de junio de 1998 desde las 20.00 horas hasta las 21.40 horas se había celebrado una manifestación autorizada que discurrió por las calles de esta villa Carmelo, Iturriaga, Juan de la Cosa y Santutxu, en protesta por la detención de presuntos miembros de la banda armada ETA. Tras esta manifestación, sobre las 21.40 horas, un grupo de personas (entre quince o veinte), algunas de ellas encapuchadas, en la calle Iturriaga, a la altura de la Herriko Taberna, cruzan en la calzada un vehículo y un contenedor de botellas para interrumpir el tráfico, entre los vehículos que tuvieron que detenerse se encontraba un vehículo de la Ertzaintza sin distintivos oficiales ocupado por tres agentes que descienden del vehículo y dan aviso de lo que estaba ocurriendo al Centro de Mando y Control de Ertzaintza. Dichos agentes de la Ertzaintza, vestidos de paisano, formaban parte del dispositivo policial establecido en la zona en previsión de los incidentes que pudiesen suceder con motivo de la manifestación referida.

Entre el grupo de personas que cruzaron el vehículo y colocaron el contenedor en la calzada obstaculizando la circulación se encontraban Alberto A. S., mayor de edad, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, que vestía un pantalón de chandal color azul marino con rayas laterales de color blanco y niki de color gris oscuro, teniendo anudada a la cintura una cazadora vaquera y Lorena C. A., mayor de edad, sin antecedentes penales, quien vestía totalmente de negro y tenía una sudadera con gorro, que llevaba puesto.

Se dio aviso a través del Centro de Mando y Control de la Ertzaintza de la alteración que se estaba produciendo, se persona en el lugar una dotación uniformada de la Ertzainta con el equipamiento antidisturbios. Cuando los agentes llegan Alberto A., y Lorena C., y otros integrantes del grupo, que no se han identificado, comienzan a lanzar piedras, rodamientos mientras que algunos de los que componían el grupo, que tampoco han podido ser identificados, lanzaban cohetes; los objetos lanzados iban dirigidos a los agentes que procedían a disolver al grupo. Tras disolver el grupo sus integrantes se dispersan, dirigiéndose Alberto A., y Lorena C., hacia el callejón que comunica la Calle Enrique Ibarra y la calle Torre de Gorostiza, donde Alberto A., procede a colocarse la chaqueta vaquera que llevaba anudada a la cintura mientras que Lorena C., se quita la sudadera, anudándosela a la cintura. Tras mostrar indecisión sobre el camino a seguir, por fin se dirigen hacia la calle Enrique Ibarreta siendo detenidos, antes de salir del callejón por los agentes que, vestidos de paisano, habían ocupado el vehículo camuflado y que habían visto el desarrollo de los hechos.

Las piedras, rodamientos y cohetes lanzados por los componentes del grupo en el que estaban Alberto A., y Lorena C., no alcanzó a ninguno de los agentes de la Policía Autónoma, que intervinieron en la disolución del grupo, sin embargo, varios de los objetos lanzados por alguna o algunas de las personas que integraban el grupo alcanzó al vehículo marca Rover 214, matrícula BI-...-BG, propiedad de José Julián E. A., causándole desperfectos consistentes en rotura de parabrisas y abolladura en el capot, siendo

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el importe de la reparación incluido IVA de 112.160 pesetas, habiendo renunciado el propietario a la indemnización por los daños causados».

SEGUNDO.-

La Audiencia de instancia dictó la siguiente Parte Dispositiva:

Fallamos: «Que debemos absolver y absolvemos a los acusados por el delito de daños que se le acusaba en la presente causa.

Que debemos condenar y condenamos a Alberto A. S., y a Lorena C. A., como autores responsables de un delito de desórdenes públicos y un delito de atentado contra agentes de la autoridad ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

TERCERO.-

Notificada dicha sentencia a las partes, se preparó contra la misma, por la representación de los recurrentes, recurso de casación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE INTERÉS

TERCERO.-

El segundo motivo, con sede procesal en el art. 849.1o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denuncia la aplicación indebida del art. 557 del Código Penal, «al calificar los hechos enjuiciados como un delito de desórdenes públicos», porque, según la parte recurrente, no se cumplen ninguno de los elementos de este delito: no se han producido lesiones, ni daños y no consta que la obstaculización de las vías públicas haya ocasionado algún tipo de peligro. «El delito de desórdenes públicos -se dice- es una "figura delictiva defectiva o residual", pues en perfecta armonía con lo dispuesto en el art. 8.4 del nuevo Código Penal no se aplicará el art. 557 cuando a los hechos perpetrados corresponda sanción más grave de conformidad con los preceptos de dicho cuerpo legal. Circunstancias estas concurrentes en el supuesto de autos, dado que el delito de atentado está sancionado con pena más grave».

En segundo término, y por lo que al delito de desórdenes públicos afecta, es preciso reiterar el obligado respeto del factum de la resolución recurrida, dado el cauce procesal del segundo motivo (art. 884.3o LECrim). A este respecto, hemos de reconocer que el relato fáctico de la sentencia de instancia es suficientemente explícito: tras una manifestación autorizada, convocada en protesta por la detención de presuntos miembros de ETA, un grupo de personas, entre las que se encontraban los aquí recurrentes - Alberto A., y Elena C.,- cruzaron, en la calle Iturriaga de la capital bilbaína, «un vehículo y un contenedor de botellas», «para interrumpir el tráfico», razón por la que hubo de detenerse allí un vehículo camuflado de la Ertzaintza en el que iban tres agentes que formaban parte del dispositivo policial establecido en la zona en previsión de incidentes, los cuales dieron cuenta de lo que ocurría al mando de la Policía, acudiendo al lugar una dotación uniformada de la misma con el equipamiento antidisturbios, contra los que los integrantes de aquel grupo de personas comenzaron a lanzar piedras, rodamientos e incluso cohetes, alcanzando varios de dicho objetos -bien que lanzados por personas distintas de los aquí recurrentes- a un automóvil marca Rover al que causaron daños cuya reparación importó ciento doce mil ciento sesenta pesetas.

De modo incuestionable, los anteriores hechos integran el tipo penal cuestionado de los desórdenes públicos del art. 557 del Código Penal, pues las conductas enjuiciadas no consienten una disección académica que permita analizar separadamente los desórdenes y el atentado, ya que ambas figuras delictivas surgen de unos mismos hechos globalmente considerados; y, desde esta perspectiva, no cabe negar razonablemente -como la parte recurrente pretende- el carácter peligroso de tales comportamientos, que por afectar directamente a dos bienes jurídicos distintos -el principio de autoridad, en el atentado, y la paz pública, en los desórdenes públicos- permiten la doble incriminación de los mismos, como se ha hecho en la sentencia recurrida que acertadamente declara que «la diversa naturaleza de los bienes jurídicos lesionados impone la existencia de un concurso ideal de delitos por identidad parcial de los actos ejecutivos que están en la base de los tipos» (F. 2o).

A la vista de todo lo dicho, no es posible apreciar ninguna de las infracciones legales denunciadas en los motivos segundo y tercero del presente recurso que, consiguientemente, deben ser desestimados.

FALLO

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Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Alberto A. S., y Lorena C. A., contra sentencia de fecha 1 de septiembre de 2000, dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao en causa seguida al mismo por delitos de desórdenes públicos y atentados.

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