El Decreto sobre deudores hipotecarios es ‘inconcreto, incompleto y vergonzoso’ según el ICAG

Fuente: Diario Jurídico.

La aprobación por parte del Gobierno, del Real Decreto – Ley 27/2012, demedidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios (disponible al final de este artículo), no sólo mantendrá vivo el drama social de los desahucios, sino que lo empeorará. Esta es la postura en la que han coincidido este viernes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Comisión de defensa del Colegio de Abogados de Girona y la Comisión de normativa del Colegio de Abogados de Barcelona en una conferencia celebrada en la sede del ICAB.

Ada Colau, portavoz de la PAH en Barcelona, ha asegurado junto a los abogados conferenciantes, quela mayoría de familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria no podrán acogerse a las medidas aprobadas el pasado jueves por el Ejecutivo y que han entrado este viernes en vigor. Según Colau, el Real Decreto aprobado ayer es una medida “muy parcial y restrictiva” que recoge criterios arbitrarios y discriminatorios para determinar qué personas que pueden beneficiarse de las medidas impulsadas y qué personas quedan fuera.

Un caso ejemplificativo sería el de una familia que cobre menos de 19.200 euros anuales y tenga un hijo menor de tres años. Según la nueva normativa, esta familia podría acogerse a la moratoria de dos años, mientras que otra que tuviera los mismos ingresos, pero dos hijos de cuatro años no podría hacerlo. De hecho, la vecina de Barakaldo que se suicidó la semana pasada a la llegada de la comitiva judicial, tampoco habría podido beneficiarse de las medidas adoptadas ayer por el gobierno. Por ello, Colau considera que el Decreto complica todavía más la situación ya que la desesperación que viven algunas familias les puede llevar a “tener un hijo indeseado o a dañar su propia salud para que se les incapacite”.

Por su parte, Martí Batllori, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona, ha tachado el Decreto de “inconcreto, incompleto y vergonzoso” ya que, según él, solo resuelve una pequeña parte del problema, dejando a la mayoría de casos sin protección. Batllori ha lamentado que en la exposición de motivos del Decreto se vuelva a recordar que es necesaria una “reforma en profundidad del sobreendeudamiento de las personas físicas“, ignorando, dice, la ley 38/2011 que ya obligaba al Gobierno a hacer una propuesta de regulación de la materia en un periodo de seis meses y que después de un año todavía no se ha hecho. Por ello ha hablado de incompetencia e “ignorancia de las leyes que se aprueban en el Parlamento”.

En relación al nuevo Decreto, Batllori también ha lamentado que la disposición adicional única no concrete nada acerca de la creación del parque de viviendas de alquiler. Por el momento “no se sabe cuando se hará, ni en cuantos pisos”, ha dicho. En este sentido, Ada Colau ha insistido en que España es uno de los países con más viviendas vacías y donde más se desahucia y ha añadido que “sería incomprensible que los pisos que se quede el banco malo no se destinen a las familias que lo necesitan”.

Según Batllori, no es urgente la reforma de la ley hipotecaria, sino que lo que debe resolverse de forma prioritaria es el problema del sobreendeudamiento y de las personas que ya han pasado por un proceso de ejecución y se han quedado con la deuda. Además, asegura que la retroactividad (que ya está regulada en el Decreto 6/2012, ‘De Guindos’) no provoca inseguridad jurídica, sino que “es precisamente la situación que tenemos hoy la que genera dicha inseguridad”. El presidente de la Comisión de Defensa del ICAG también ha explicado que la nueva normativa desplaza la carga de la prueba sobre el ejecutado, quién tendrá que recopilar y presentar toda la documentación necesaria para acreditar que puede beneficiarse de las medidas, muchas veces, sin ningún tipo de defensa jurídica.

Al margen de las críticas, el Presidente de la Comisión normativa del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, ha destacado la oportunidad para tramitar enmiendas durante el trámite de validación parlamentaria y ha asegurado que desde el ICAB seguirán trabajando con propuestas legislativas para conseguir, que “de una vez por todas” se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil y se regule el proceso de sobreendeutamiento de la persona física consumidora.