Falta leve - Entrega de fotografía de detenido a agente de la Guardia Civil, sin conocimiento ni autorización de sus superiores.

STSJ Canarias, Santa Cruz de Tenerife, núm. 145/1998 (Sala de lo Contencioso- Administrativo), de 20 de febrero.

RESUMEN
Cuerpo Nacional de Policía. Régimen disciplinario. Infracciones Administrativas. Dejación de facultades o infracción de deberes y obligaciones inherentes al cargo o función, cuando se produzcan de forma manifiesta: entrega de fotografía de detenido a agente de la Guardia Civil, sin conocimiento ni autorización de sus superiores. Actuación unilateral no amparable en el deber de colaboración entre Cuerpos de Seguridad. Falta de diligencia al no actuar a través de superiores.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El Director General de la Policía, en Resolución de 10 junio 1996, impuso al Policía del Cuerpo Nacional de Policía, don Pedro Ramón De L. A., la sanción de pérdida de siete días de remuneración y suspensión de funciones por igual período, por la comisión de la falta grave prevista en el artículo 7.5 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (Real Decreto 884/1989, de 14 julio.

Contra dicha resolución se ha interpuesto directamente el presente recurso.

SEGUNDO.-Por la representación de la parte demandante, antes mencionada, se interpuso recurso contencioso- administrativo, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que «deje sin efectos jurídicos la Resolución de la Dirección General de La Policía de fecha 11 junio 1996, donde se acordaba sancionar al recurrente con la pérdida de siete días de remuneración y suspensión de funciones por igual período, condenando asimismo en costas a la contraparte».

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE INTERÉS

PRIMERO.- Se dirige este procedimiento contra la Resolución del Director General de la Policía, de 10 junio 1996, en la que se impuso al actor la sanción de pérdida de siete días de remuneración y suspensión de funciones por igual período.

El hecho que motivó dicha sanción se recoge en el único antecedente de la propia resolución en el que se señala que el actor «en el mes de noviembre de 1993, sin conocimiento ni autorización de sus superiores hizo entrega a un miembro de la Guardia Civil de la población cercana de Los Llanos de Aridane, de un juego de fotografías del detenido ..., existentes en el Gabinete de Identificación de dicha Dependencia, del que el señor De L. A. era su responsable». Tal hecho se considera integrante de la infracción grave prevista en el artículo 7.5 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía (Real Decreto 884/1989) que contempla como tal «la dejación de facultades o la infracción de deberes u obligaciones inherentes al cargo o función, cuando se produzca de forma manifiesta».

[...]

TERCERO.- Es cierto que los artículos 3.o y 4.o de la Ley Orgánica 2/1986, recogen los principios de cooperación y auxilio entre los miembros de las distintas Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no cabe duda de que tal principio debe canalizarse a través de los respectivos responsables de las unidades en las que se plantean la colaboración, o bien a través de los órganos que a tal efecto establece la propia Ley (artículo 3 citado), y ello para hacer más eficaz la propia cooperación y auxilio, eficacia que no se alcanzaría si se llevara a cabo a través de la actuación unilateral de cada agente pues, entonces, se podría incurrir en la más completa descoordinación impidiendo alcanzar los fines que con esos principios se persiguen; por ello, esa actuación unilateral de un agente de la Policía, al margen del conocimiento y decisión de su Jefe inmediato, puede conculcar el deber de colaboración leal con su superior, que le viene impuesto en las normas reglamentarias a las que se alude en la resolución, y en virtud del cual debe darle cuenta de cualquier incidencia en relación con el servicio.

CUARTO.- Sobre esta base se puede mantener que, en este caso, el actor infringió ese deber al llevar a cabo por su exclusiva iniciativa una actuación de colaboración sin dar cuenta a su superior ni contar con su autorización cuando, por lo demás, no existía una razón de urgencia que impidiera demorar la colaboración pretendida que no tenía porqué ser inmediata.

Cuestión diferente es que tal conducta sea constitutiva de la infracción sancionada en razón de otros hechos y circunstancias concurrentes; así, está acreditado, por las declaraciones testificales practicadas en el expediente, que el Jefe Local de la Comisaría en la que ocurrieron los hechos había estimulado a los agentes para que colaborasen al máximo con la Guardia Civil y con la Policía Local; por otro lado, la petición de la entrega de las fotografías se produjo en un momento en la que se encontraba ausente el Jefe Local, debiendo significarse también que no hubo perturbación alguna en el cumplimiento de los servicios policiales y que con tal acción se prestó una eficaz colaboración a otro Cuerpo en orden a una concreta investigación para la identificación de un posible autor de actuaciones delictivas.

QUINTO.- Con estos antecedentes considera la Sala que la infracción cometida no es la grave prevista en el artículo 7.5 del Reglamento citado, sino la leve del artículo 8.o.10 del mismo Reglamento, de modo que debe estimarse el recurso para sustituir la sanción impuesta por la de apercibimiento que es la que corresponde a la falta leve señalada.

Finalmente, no se opone a esta sanción la alegada falta de intencionalidad del actor pues no cabe duda que la acción de éste fue plenamente voluntaria, de modo que aunque no existiera una intención deliberada de cometer la infracción, no cabe duda de que aquél tenía y debía de conocer que la colaboración con otros Cuerpos tiene que articularse a través de su Jefe, existiendo en todo caso una falta de diligencia por su parte que justifica, cuando menos, la imputación a título de culpa.

FALLO

Estimamos en parte el recurso formulado y anulamos el acto impugnado, por no ser conforme a Derecho, debiendo imponerse al actor la sanción de apercibimiento por la comisión de la falta descrita en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia. 

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