Falsedad imprudente de un Notario por la irregular tramitación de un Acta de Notoriedad que propició una estafa inmobiliaria (AP Madrid, 2ª, S 31 Marz. 2014. Rec. 438/2013)

Fuente: La Ley.

Tramitación del Acta para reanudar el trato sucesivo a través de un procedimiento equivocado -el procedimiento del art. 9 RD 1093/1997-, sin concurrir los requisitos. Tal conducta no constituye prevaricación administrativa, por no concurrir dolo directo, debiendo reprocharse únicamente un comportamiento imprudente, calificable como grave.

(AP Madrid, Secc. 2ª, S 230/2014, 31 Marz. Ponente: Del Castrillo Urbano, Eduardo)

El Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid condenó en la instancia a dos acusados, empresarios inmobiliarios, por delito de estafa y a otros dos -Notario y Registrador- por delito de prevaricación. Planteado recurso de apelación, la AP Madrid lo ha estimado parcialmente, confirmando la condena por estafa, pero absolviendo al Registrador y sustituyendo la condena del Notario por la de delito de falsedad imprudente en documento público u oficial, imponiéndole una pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 50 euros y suspensión de empleo en cargo público.

Los hechos declarados probados relatan cómo el primer acusado, administrador único de Sociedad dedicada a la averiguación de fincas, se concertó con el gestor inmobiliario también acusado para hacerse con una finca, alegando que estaba abandonada, pues la última inscripción registral databa de 1931 y su dueña había fallecido. Así, lograron inscribirla a nombre de la sociedad del primero mediante la participación del Notario y Registrador imputados, a través del llamado procedimiento de «acta de notoriedad» para reanudación del tracto sucesivo, vendiéndola posteriormente a otra sociedad por un precio mucho mayor, con la obtención del consiguiente beneficio, permitiendo pues una estafa inmobiliaria millonaria.

De la prueba practicada resulta que se dispuso de la finca mediante un acta de adición de herencia de la nieta de la propietaria que figuraba en el Registro, respecto a la que previamente, hasta dos notarios habían advertido que no se había acreditado la cadena de transmisiones que se indicaban en dicho documento, a saber, la transmisión por compra en documento privado que no aportaron a dichos fedatarios públicos.

Considera la Sala que la conducta del Notario no constituye prevaricación administrativa por no concurrir dolo directo, elemento esencial del delito, afirmando que lo que puede reprocharse al notario es un comportamiento imprudente, calificable como grave, habida cuenta de las circunstancias que el propio recurrente admite: no era licenciado en Derecho (provenía de de los Corredores de Comercio) y era el primero de esa clase que realizaba.

Asevera que no supone un patente, grosero o esperpéntico desprecio a la legalidad, el seguir un procedimiento equivocado -el procedimiento recogido en el RD 1093/1997 porque faltaba el sustrato o presupuesto básico de que la finca estuviera sujeta a una unidad de ejecución-, o con defectos en su tramitación, como las citaciones y comunicaciones que exige el procedimiento de reanudación del tracto sucesivo interrumpido previsto en el art. 200 y ss. de la Ley Hipotecaria. Aun obviando que se trata de un asunto de naturaleza civil, que no administrativa, no ha quedado probado –afirma la AP- que existiera concierto con tercero o voluntad deliberada de eludir los controles del mentado procedimiento.

Concluye el Tribunal que descartado el dolo, sólo cabe reputar gravemente negligente haber tramitado y concluido con una resolución en la que se reconocía un derecho de propiedad, a quienes no acreditaron tal derecho.

Respecto al Registrador, a quien se reprochaba no haber comprobado la corrección del acta de notoriedad tramitado por el Notario, y no haber comprobado la ausencia del preceptivo Informe del MF y los edictos correspondientes, le absuelve del delito de prevaricación al considerar que no ha quedado probado que concurriera el grado de discernimiento exigible para considerar cometido un delito que es esencialmente doloso, y por entender no probado un dolo de inscribir, a sabiendas de su injusticia, el acto de cambio de titularidad de la finca en litigio.