El deber legal de comparecencia de un testigo

Los medios de prueba son aquellos que tienen como finalidad lograr el convencimiento del Juez acerca de la veracidad, existencia o inexistencia de los hechos objeto del litigio. La prueba testifical es un medio probatorio de naturaleza personal que acontece cuando un persona física legalmente capacitada y que no ostente la condición de parte procesal en un procedimiento judicial, tengan un conocimiento directo de determinados hechos relevantes al objeto de conformar la convicción del Juez - vid. arts. 360 y ss. Lec. En cuanto a las personas jurídicas véase art. 381.

 

Resultaría ocioso indicar que la prueba testifical posee escasa influencia dentro resultado del proceso de valoración probatorio. Sin embargo, para el testigo propuesto puede supone ciertas implicaciones personales, temporales y económicas por tener la obligación de enfrentarse a la dinámica de un procedimiento judicial. - vid. Las indemnización de los testigos en el procedimiento civil

 

En la práctica forense civilista, la prueba testifical se debe realizar en legal forma mediante la oportuna citación judicial, que determina la obligación de comparecer ante el Juzgado o Tribunal. La citación es un acto procesal que tiene por objeto llamar a las partes, a los testigos o peritos o a cualquier persona que deba intervenir en el proceso para que comparezca ante el Juzgado o Tribunal en un momento determinado, señalándose el día y la hora al efecto.

 

El llamamiento judicial comparte la naturaleza de un deber jurídico traducido como una obligación impuesta por las leyes, expresamente plasmada en el art. 118 CE: "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.", y en el ámbito procedimental civil en el art. 292 Lec; " Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado (...)"

 

Ahora bien, como cualquier derecho o facultad, este deber jurídico no tiene carácter absoluto, y se encuentra condicionado por cierto límites que pueden eximir de su cumplimiento y de la imposición de la correspondiente sanción. En efecto, cualquier persona legalmente citada para prestar una declaración testifical no tiene obligación de comparecer siempre que tenga una causa de fuerza mayor debidamente justificada que se lo impida. 

 

Así se expresa el art. 183.5 en relación al apartado 1 Lec: " Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el Tribunal manifieste y acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el primer apartado de este precepto el Secretario judicial dispondrá que se oiga a las partes por plazo común de tres días sobre si se deja sin efecto el señalamiento de la vista y se efectúa uno nuevo o si se cita al testigo o perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada. Transcurrido el plazo, el Tribunal decidirá lo que estime conveniente, y si no considerase atendible o acreditada la excusa del testigo o del perito, mantendrá el señalamiento de la vista y el Secretario judicial lo notificará así a aquéllos, requiriéndoles a comparecer, con el apercibimiento que prevé el apartado segundo del artículo 292. " - vid. Apartado primero: " Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al Tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución que atienda a la situación. ".

 

A sensu contrario, advierte el precepto antes citado que: "(...)  La infracción de este deber se sancionará por el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa de ciento ochenta a seiscientos euros. Al tiempo de poner la multa se le requerirá al multado para que comparezca cuando se cite de nuevo, bajo apercibimiento de proceder contra él por desobediencia a la autoridad" . Es decir, que el incumplimiento injustificado de la obligación de comparecer conlleva la primera vez la posibilidad de la imposición de una multa pecuniaria y en caso de reiteración la imputación por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial. 

 

En el ámbito procedimental civil la imposición de una multa pecuniaria a un testigo incomparecido se constituye en la ley como una facultad que ostenta el Juez, el cual se verá obligado a valorar las circunstancias concretas alegadas para tomar la decisión de su imposición. En cualquier caso, no suele ser una práctica habitual en el acontecer diario de un Juez de Primera Instancia la imposición de esta sanción, salvo, y con las debidas cautelas, que acontezca el supuesto previsto el art. 193.1, 3º de la ley rituaria cuando señala que una de las causas por las que se podría interrumpir la celebración de la vista, una vez iniciada, sería la no comparecencia de testigos citados judicialmente, siempre que el Tribunal considere imprescindible su declaración.

 

En cuanto a las causas de justificación que pueden eximir del cumplimiento de esta obligación existen determinadas circunstancias que legalmente caben la posibilidad de alegarlas ante el Juez. A modo de ejemplo, residir en el extranjero o fuera del partido judicial en el que se sigue el procedimiento, el padecimiento de una enfermedad o el advenimiento de circunstancias familiares o personales justificables. 

En cualquier caso, para eliminar cualquier tipo de riesgo, habría que comunicar esta situación al Juzgado para que posteriormente el Juez decida - oída las partes -, si quedamos eximidos de nuestra obligación de comparecer al no ser esencial nuestro testimonio, nos citan de nuevo para otro día o bien realizamos nuestra declaración por medio de videoconferencia, en el supuesto de que se tenga la residencia en otro partido judicial. Únicamente recordar que la ausencia injustificada cuando se cita por segunda vez puede ser constitutiva de un delito penal.

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