Improcedencia del desahucio de los demandados de la vivienda pública que se les había arrendado mientras se reconstruía la suya (AP Madrid, 21ª, S 4 Mar. 2014. Rec. 680/2012)

Fuente: La Ley.

AP Madrid, Secc. 21ª, S 163/2014, 4 Mar. Ponente: Carrasco López, Rosa María

El proceso trae causa de la demanda de desahucio por expiración del plazo interpuesta por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, en la que solicitaba la resolución del contrato de arrendamiento de vivienda suscrito con los demandados con el fin de realojarles al haberse tenido que derruir el inmueble de su propiedad por razones de seguridad.

La sentencia de instancia estimó la demanda porque entendió que, al tratarse de un realojo provisional, el arrendamiento debía considerarse de temporada, no sometido por tanto a la LAU 1994, de modo que transcurrido el plazo de duración máximo -18 meses-, concurría la causa de extinción pactada.

La Audiencia Provincial de Madrid revoca la sentencia del Juzgado y desestima la demanda.

El Tribunal señala que, atendiendo la mera literalidad de los arts. 2 y 3 LAU 1994, pudiera considerarse, dada la provisionalidad de la ocupación de la vivienda, que el contrato era de temporada, pero ello no se compatibiliza en ningún caso con el clausulado del contrato, en el que dispuso que se regularía por las normas de la LAU 1994, ni con la intención de las partes contratantes, porque la razón de ser del contrato fue conceder a los demandados una residencia donde tendrían su domicilio de forma permanente, en tanto su vivienda no estuviera construida. Que ésa era la voluntad se infiere, según el Tribunal, de la duración de la ocupación a la fecha de la demanda -5 años- y de no haber sido requeridos los demandados para que desalojaran la vivienda por expiración del plazo, porque la comunicación que se les remitió fue para renovar el contrato, es decir, para que continuara el alquiler.

En consecuencia, el Tribunal entiende que, trascurridos los 18 meses pactados sin que se iniciara siquiera la edificación del bloque de los demandados, quedó patente la voluntad de la demandante de continuar el arrendamiento, que ha de calificarse de vivienda porque en ella tienen su residencia de forma "permanente y estable" los demandados. Por tanto, concluye la sentencia, ha de estarse a lo dispuesto en los arts. 9 y 10 LAU 1994 en cuanto a los plazos de duración y prórroga del contrato, de modo que al no haber transcurrido dichos plazos a la fecha de presentación de la demanda no ha lugar a la resolución pretendida.