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El TS condena a un abogado que tardó más de un año en informar a sus clientes del sobreseimiento de la causa penal seguida por el siniestro del camping "Las Nieves" de Biescas (TS, 1ª, S 20 May. 2014. Rec. 710/2010)

Fuente: La Ley.

Incumplimiento por el abogado de sus deberes contractuales. Pérdida de oportunidad procesal. Prescripción de la acción para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración. Dudas interpretativas acerca del efecto que sobre la prescripción produce la notificación del archivo de las actuaciones penales solamente al procurador del perjudicado y no al propio perjudicado. Cuantía de la indemnización. Responsabilidad solidaria de la aseguradora del abogado.

TS Sala Primera, de lo Civil, S 283/2014, 20 May. Ponente: Marín Castán, Francisco

El litigio de autos versa sobre una acción de responsabilidad civil promovida por los demandantes contra su letrado y la aseguradora de este por actuación negligente del primero en la obtención de las indemnizaciones que les hubieran podido corresponder por el fallecimiento de sus respectivos familiares en el siniestro del camping "Las Nieves" de Biescas, siendo el origen de los daños que se reclaman, la prescripción de la acción para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración.

Las sentencias de instancia desestimaron la demanda. En concreto, la Audiencia Provincial de Tarragona consideró que, cuando ha precedido una causa penal, el cómputo del plazo de prescripción de 1 año de la acción para reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 142.5 Ley 30/1992), se inicia a partir de la notificación al interesado del auto de sobreseimiento (art. 160 LECrim.), lo que en este caso no se había efectuado ya que solo se notificó al procurador.

La Sala no comparte tal razonamiento y entiende que la conducta del letrado demandado integra un incumplimiento de sus deberes contractuales ya que, cualesquiera que sean las dudas interpretativas acerca del efecto que sobre la prescripción produzca la notificación del archivo de unas actuaciones penales solamente al procurador del perjudicado y no al propio perjudicado personalmente, lo cierto es que la obligación profesional del abogado demandado era evitar que esas dudas interpretativas pudieran repercutir en contra de sus clientes, de modo que, notificado al procurador el sobreseimiento de las actuaciones penales, era un indiscutible deber profesional del abogado informar inmediatamente a sus clientes. Lo que en ningún caso era compatible con las reglas de la profesión de abogado fue la inactividad durante más de un año, manteniendo a sus clientes en la ignorancia de la terminación de las actuaciones penales y, una vez pasado ese tiempo, derivarles hacia otro abogado para plantear en vía administrativa una reclamación de resultado altamente incierto, debido precisamente al transcurso del tiempo, cuando, de haber actuado el abogado diligentemente, esa incertidumbre no se habría planteado en absoluto, incertidumbre que ya no existe porque durante la tramitación del recurso de casación, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia firme desestimando la acción de responsabilidad patrimonial formulada por los clientes por el transcurso de un año desde la notificación a la procuradora del auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias previas.

Respeto a la indemnización reclamada, el Tribunal determina que la cuantía de las indemnizaciones por daño patrimonial ha de ser la reclamada en la demanda (360.607'26 euros para cada demandante), coincidente con la que obtuvieron los otros perjudicados por el siniestro que en su día reclamaron a tiempo en vía administrativa. En cuanto a las indemnizaciones por daños morales, concede también a cada demandante la cantidad reclamada (60.000 euros) por considerarla adecuada y razonable para compensar la zozobra e incertidumbre provocadas por la negligencia de su abogado, viéndose abocados a emprender actuaciones de resultado altamente incierto.

Finalmente, la Sala declara la responsabilidad solidaria de la aseguradora del abogado ya que, interpretadas las pólizas en beneficio del perjudicado, de las mismas se desprende que la falta de cobertura no se hacía depender del momento en que se produjera el hecho causante de los daños -pues quedaban cubiertos con independencia de su fecha de producción-, sino de que la reclamación del perjudicado se hiciera dentro de la vigencia del seguro y de que el asegurado no conociese antes la existencia de incidencias o reclamaciones por ese hecho dañoso. Y en este caso, la demanda se presentó estando en vigor ambas pólizas y no puede considerarse probado que el letrado demandado fuera ya conocedor de que iba a exigírsele responsabilidad con anterioridad a la fecha de efecto de las respectivas pólizas.

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