Las nuevas tasas judiciales se pagarán a partir del lunes


Fuente: Diario Jurídico.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y de solicitud de devolución por solución extrajudicial de las nuevas tasas judiciales. Estas entraron en vigor el pasado 20 de noviembre pero se aplicarán a patir del próximo lunes, 17 de diciembre “a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la normativa”.

Al margen de los dos modelos, la orden también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013. Asimismo, establece la forma de presentación de los formularios, que preferentemente deberán plantearse por vía telemática.

La nueva ley, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas. Con su entrada en vigor, los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

Concretamente, la normativa grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación. La ley ha contado con el rechazo de la mayor parte del sector jurídico, así como por sindicatos y asociaciones de consumidores. 

El último acto de protesta contra las tasas judiciales estuvo protagonizado por todas las asociaciones de jueces y fiscales españoles que pararon la actividad judicial durante una hora, el pasado miércoles, para manifestarse en contra de esta y otras reformas impulsadas por el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. Por su parte, el PSOE anunció el pasado 20 de noviembre que recurriría la normativa ante el Tribunal Constitucional ya que se trata de una norma que “vulnera el derecho de tutela judicial efectiva”, “impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos” y “modula que sólo quienes tienen recursos económicos puedan acceder a la justicia”.

Por su parte, el preámbulo de la norma señala que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”.