Las reformas de la LEC realizadas en 2009 no han afectado a la obligación del órgano judicial de agotar los medios de averiguación del domicilio real del demandado para obtener una notificación personal (TC, 1ª, S 21 Jul. 2014. Rec. 3652/2012)

Fuente: La Ley.

Actos de comunicación procesal. Emplazamiento edictal de la ejecutada. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Falta de agotamiento de los medios de averiguación del domicilio real.

TC Sala Primera, S 21 Jul. 2014. Ponente: Ortega Álvarez, Luis Ignacio

La cuestión de fondo planteada en el recurso de amparo promovido por la ejecutada (propietaria del inmueble subastado y deudora solidaria de la entidad mercantil también ejecutada) se refiere a la diligencia del órgano judicial en los actos de comunicación procesal y, más concretamente, el cumplimiento de su obligación de agotar las posibilidades de averiguación del domicilio, así como de encontrarse profundamente convencido de la imposibilidad de éxito de toda vía de comunicación antes de acudir a la comunicación edictal, especialmente en el acto de la subasta.

El Tribunal Constitucional, a la luz de su propia doctrina, concluye que el órgano judicial no desplegó la actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al objeto de asegurar debidamente el emplazamiento de la demandante de amparo en el acto de la subasta. En efecto, tras la notificación con resultado positivo de la demanda ejecutiva en el nuevo domicilio social de la entidad mercantil ejecutada, facilitado por la entidad ejecutante, sin perjuicio de que no era el que constaba en el Registro Mercantil ni en el título ejecutivo, el órgano judicial pasó a ignorar ese domicilio y ordenó las siguientes notificaciones del procedimiento en el domicilio habitual de la recurrente, donde en ocasiones tuvo éxito y en otras no, y, no obstante estos resultados, cuando llegó el momento de notificar la fecha de la subasta, ordenó que se realizase en el domicilio que constaba en el título ejecutivo -que era el antiguo domicilio de la entidad ejecutada- sin asegurarse de si ese título correspondía o no a un domicilio útil, y acordando que, en defecto de un resultado positivo en el domicilio que constaba en el título ejecutado, se procediese a la utilización de la vía edictal sin más comprobaciones.

A esta conclusión, dice el Tribunal, no cabe oponer que la LEC no exige realizar mayores averiguaciones tras las reformas de los arts.155 y 156 de la misma llevadas a cabo mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre y la Ley 19/2009, de 23 noviembre, ya que la doctrina constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada y no puede verse interferida por las reformas procesales mencionadas, las cuales han de interpretarse integrando su contenido con la doctrina del Tribunal relativa a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en todo procedimiento sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado y cuando el órgano judicial tenga la profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal. En todo caso, afirma la sentencia, se trata de una operación sencilla que no requiere mayor esfuerzo intelectual, en la medida en que el reformado art. 155.3 LEC no da un mandato a los órganos judiciales de realizar la notificación sólo en el domicilio del título ejecutivo y una sola vez y del espíritu de este precepto se deriva, claramente, su intención de apertura a todas las opciones que puedan permitir el acceso a la notificación personal, por lo que nada impide a los órganos judiciales realizar varios intentos de notificación en un domicilio o en varios.

En consecuencia, el Tribunal otorga el amparo solicitado por la recurrente, reconoce su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, declara la nulidad del Auto que desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones promovida en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la diligencia de ordenación que acordó la fecha de la subasta.

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