Desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a los Agentes de Movilidad y a los Policías Municipales, acompañada incluso de expresiones de menosprecio.

Fuente: La Ley.

(AP Madrid, Secc. 6ª, A 695/2014, 5 Sep. Ponente: Abad Crespo, Julián)

La AP Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Transparencia y Justicia, personada como acción popular, contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 14 que, en juicio de faltas, denegó la transformación de la causa en diligencias previas de procedimiento abreviado por delito.

De este modo revoca su fallo considerando que los hechos denunciados sí deben ser instruidos, para su averiguación y comprobación, en el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir, provisionalmente, los caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del art. 556 CP.

En su fundamentación jurídica, el Auto de la Audiencia relata los hechos tal y como se recogen en la denuncia formulada ante la Policía Nacional por los Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, presentes en el incidente de tráfico protagonizado por la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid, que narra cómo ésta había dejado su coche estacionado indebidamente en un carril bus de la plaza de El Callao de Madrid, por lo que es requerida por los agentes para entregar diversa documentación del vehículo y el permiso de conducción al efecto de redactar la correspondiente denuncia administrativa. Habida cuenta de que no entregaba todos los documentos requeridos, se reiteró su solicitud, iniciándose una discusión verbal para, acto seguido, arrancar la denunciada el motor de su vehículo, llegando a colisionar con una de las motocicletas de los Agentes en la maniobra para marcharse del lugar, que resultó dañada. Los agentes hubieron de seguir a la Ex Presidenta, ordenándola detener el vehículo, haciendo ésta caso omiso a la orden, y siguiendo su trayectoria hasta su domicilio particular.

La Sala considera, sin entrar a valorar la acreditación y realidad de estos hechos, que los mismos vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia a los Agentes de Movilidad y los Policías Municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados Agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como para calificar provisionalmente dicha conducta como delito del art. 556 CP, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta del art. 634 CP.

También pone de manifiesto que tales actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública.

Finalmente reseñar, respecto a la cuestión previa de la falta de legitimación de la acusación popular para recurrir el Auto del Juzgado de Instrucción, planteada por la defensa, que la Sala zanja la cuestión argumentando que la infracción penal de desobediencia carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Se trata de una infracción en la que el bien jurídico que se intenta proteger es, más que el tradicional principio de autoridad, la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, es decir, la necesidad que toda sociedad organizada tiene de proteger la actuación de los agentes públicos para que estos puedan desarrollar sus funciones de garantes del orden y de seguridad pública. Traducción obligada de la naturaleza del bien jurídico tutelado -asevera la Audiencia- es que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito; y de ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delito, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal.

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