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Jefe de Policía local que en beneficio de otra agente certifica falsamente que ésta impartió horas lectivas de formación como profesora-ponente

Fuente: La Ley.

(AP Málaga, Secc. 9ª, S 220/2014, 9 May. Ponente: Peralta Prieto, Enrique José)

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a uno de los acusados, Jefe de la Policía municipal de Torrax, por un delito de falsedad en documento oficial del art. 390.1.4º CP a la pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con cuota diaria de 6 €, y a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público, y en concreto para su labor o función de Policía Local, por plazo de 2 años, absolviendo a otra agente también imputada.

Los hechos probados narran cómo al acusado, en el ámbito de su función, organizó un plan de formación continua para miembros del cuerpo de la Policía Local de su localidad. En dicho proyecto preveía que la funcionaria de policía coacusada impartiese algunas materias, sobre violencia de género y autoprotección, pero dicho curso finalmente no llegó a celebrarse, siendo suspendido. No obstante ello, el Jefe de Policía confeccionó un documento, firmado por él, y que emitía a nombre del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Torrox, en el que expresaba falsamente que la agente había participado como profesora-ponente, con un total de 58 horas lectivas en la impartición de contenido técnico profesional dentro del plan de formación continua para profesionales de la seguridad pública.

Este documento fue enviado a la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía para acreditar la condición necesaria para asistir y participar en el II Encuentro de Formación del Profesorado en Materia de Seguridad y Emergencias, consiguiendo la participación reseñada.

Pues bien, ha considerado la Sala que el acusado, como autoridad, ha cometido un delito de falsedad en documento oficial al faltar a la verdad en el contenido de lo que expone en el documento que firma, confecciona y remite a un organismo público. Se acredita que confeccionó tal documento en nombre del Alcalde, sin constar su autorización para ello, realizando una exposición de hechos inciertos. Tal documento es oficial por origen (confección, nacimiento) y además se utiliza, aportándolo o uniéndolo a otro expediente oficial de la Junta de Andalucía (oficialidad por incorporación o destino), obteniendo con ello, en beneficio de la coacusada, la participación que a ésta le estaba vedada por no reunir los requisitos legales. Obtiene así una formación específica y restringida, y una acreditación que podrá utilizar a fines propios.

La cuestión más interesante debatida ha sido la justificación de la imposibilidad de subsumir la conducta como falsedad de certificado del art. 398 CP. Para ello explica la AP que lo confeccionado no es una certificación, aunque en el documento se utilice esa expresión, pues no es algo que acredite un funcionario público dentro de sus funciones, competencia y atribución, sino que se realiza al margen de ellas, por encima de ellas y a nombre (por aparente delegación, inexistente), de otro. Por tanto, no se compromete su propia responsabilidad, sino que ésta se supera dando lugar a una documentación oficial incierta.

Asevera la Sala que el trato privilegiado que se concede a la falsedad de certificaciones queda reservado para supuestos residuales y de escasa trascendencia, -que no se da en el caso-, donde la gravedad es notoria, y grande la trascendencia por la incorporación a otro organismo oficial, del que se obtiene un privilegio (asistencia al encuentro) al que no se tenía derecho, y de ese encuentro se trata de obtener una formación y una acreditación que otorgará o puede otorgar nuevos beneficios (uso de acreditación de realización, a efectos personales, profesionales, etc.) y puede dañar a otras personas (terceros con los que opte a algo) de relevancia.

No obstante lo anterior, la Sala pone de manifiesto en su último fundamento de Derecho que dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y la escasa trascendencia producida, se proponga al gobierno de la nación de oficio, la rebaja en dos tercios de la pena impuesta al condenado.

Respecto a la agente también imputada, resulta absuelta al no constar acreditada su autoría; ni confecciona el documento, ni lo firma, ni narra en él hechos falsos, aunque es cierto que se utiliza en su favor y beneficio, y es quien obtiene ventaja directa de él. No existe dato alguno para considerarla inductora del autor, pues no tiene ascendencia sobre él, ni se determina capacidad de hacerle ceder en su voluntad, ni que utilice un medio que le influya, ni acto de provocación del delito.

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