Naturaleza de la prestación de servicios para la Administraciones Públicas por parte de profesionales liberales (TSJ Extremadura, Sala Social, S 8 Jul. 2014. Rec. 259/2014)

Fuente: La Ley.

Siguiendo la doctrina sentada por el TS, la Sala indica que desde el punto de vista material, la prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral y solamente es posible calificarla como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión; sin embargo esa exclusión no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración para que pueda convertir en contrato administrativo cualquier contrato materialmente laboral por el solo hecho de calificarlo como tal. En este caso la actividad de la trabajadora de «consultoría y asistencia técnica» realizada para un Ayuntamiento no reunía los requisitos establecidos en el RDLeg. 2/2000, además de que ni siquiera se redactó por escrito, fundamentalmente porque no consta fuera titular de una organización empresarial mediante la que prestaba los servicios.

TSJ Extremadura, Sala de lo Social, S 382/2014, 8 Jul. Ponente: García Rubio, José

Ajeneidad y dependencia están presentes en la prestación de servicios de la demandante, que acciona por despido improcedente contra el Ayuntamiento. Contratados los servicios de consultoría y asistencia técnica, y no siendo la demandante titular de una organización empresarial mediante la que se prestaran tales servicios, cobra plena eficacia la presunción de laboralidad por concurrencia de indicios suficientes de que se trata de un contrato de trabajo: prestación de los servicios en las dependencias municipales, aunque también pudiera la demandante realizar tareas fuera de ellas para examinar o inspeccionar las obras e instalaciones sobre las que tenía que realizar los informes; o la regularidad en la remuneración, igual todos los meses, lo que determina también que lo que se remuneraba no eran los informes que realizaba, puesto que es difícil que todos supusieran el mismo trabajo, sino la actividad desarrollada por la demandante independientemente del resultado de ella.

La prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia solo puede ser excepcionada de la naturaleza jurídico-laboral que le es propia cuando una ley expresamente así lo permita, habilitación que no obstante no permite sin más convertir cualquier contrato administrativo en un contrato materialmente laboral por el solo hecho de calificarlo como tal, sino que necesariamente debe tener un fundamento.

El contrato de trabajo fue tal desde el inicio de la prestación de servicios, y el total del período trabajado es el que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización por la improcedencia del despido. No puede limitarse temporalmente desde la fecha en que efectivamente se suscribió el contrato de trabajo, pues éste se superpuso a una relación que era indefinida ya que no se sometió a ninguna de las causas de temporalidad propias del ET y se dan las notas de continuidad y la identidad en la prestación de servicios.

Estima en parte el TSJ el recurso para modificar la cuantía de la indemnización por la improcedencia del despido, incrementándola porque para su cómputo debe estarse al tiempo total de la prestación de los servicios, y no a la fecha de suscripción del contrato de trabajo, posterior al efectivo inicio de las labores de consultoría prestadas para el Ayuntamiento demandado.