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Condenado un juez de instrucción a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual del ex Presidente de Caja Madrid (TSJ Madrid, S 6 Oct. 2014. Rec. 1/2013)

Fuente: La Ley.

Dictado de resoluciones injustas en Diligencias Previas seguidas contra el ex directivo que carecen de una fundamentación jurídica sostenible. Voluntad persecutoria del investigado con limitación de sus posibilidades de defensa, frente al trato preferente dispensado a la parte denunciante, vulnerando la imparcialidad y el derecho al juicio justo. Privación de libertad al imputado vulnerando las garantías establecidas para su adopción.

(TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, S 18/2014, 6 Oct. Ponente: Urbano Castrillo, Eduardo de)

El TSJ ha condenado a un juez de los Juzgados de Instrucción de Madrid por un delito de prevaricación continuada del art. 446.3 CP, cometido por su actuación durante la instrucción de diligencias contra el ex Presidente de la patronal CEOE y contra el ex Presidente de Caja Madrid, en concurso con dos delitos contra la libertad individual del art. 530 CP, imponiéndole una pena de 17 años y medio de inhabilitación y multa.

También se le imputaba un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia del art. 449.1 CP, que, al tratarse de una modalidad de prevaricación "de recogida" o complementaria del tipo básico, la Sala ha considerado subsumida en el tipo principal por el que ha sido condenado.

En relación a los hechos cabe destacar que las diligencias abiertas por el acusado contra el primer empresario pretendían investigar un crédito de 26 millones de euros concedido por Caja Madrid a uno de sus grupos empresariales, y fueron ampliadas después para analizar las presuntas irregularidades en la adquisición del City National Bank de Florida, llevada a cabo por la citada Caja, a pesar de que tales hechos no se correspondían al título imputatorio que se seguía en este procedimiento. Además, la causa había sido reabierta injustificadamente más de dos años después de haberla archivado, sin que hubiera aparecido ningún dato nuevo que lo justificase y sin sustentar dicha decisión en la más mínima motivación jurídica, acordando la práctica de hasta 37 diligencias de investigación de amplísimo contenido, que lejos de referirse primordialmente al crédito denunciado, se ampliaban a todas las operaciones conocidas por el Banco de España que guardaran relación con los investigados o sus empresas. Entre ellas, la entrada y registro en la sede de BANKIA, donde se ubicaban los servidores informáticos de dicha entidad, a fin de obtener información de los correos del ex Presidente o información sobre sus actividades.

Tal acopio de diligencias de investigación fue declarado nulo por la AP, a partir de una conexión forzada e inexistente de causas penales, instruida en secreto y frente a la cual los recursos se tramitaban con gran retraso, facilitando de ese modo una instrucción ilegal en la que se investigaba algo distinto a lo que constituía el origen de las actuaciones procesales.

Pues bien, ya en su fundamentación jurídica, la sentencia sostiene que el juez acusado desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión del ex Presidente al frente de la Caja, adentrándose en una inquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías. En esta instrucción –argumenta la Sala- han concurrido dos notas que la hacen prevaricadora: unas decisiones con unas motivaciones aparentes e inaceptables jurídicamente, y un hilo conductor consistente en primar a una de las partes del proceso frente a la otra, a la cual, se ha regateado, permanentemente, la posibilidad de un real ejercicio de su derecho de defensa y a un proceso justo o equitativo.

La sentencia también califica de "disparate jurídico" que el acusado apreciara una conexidad entre ambos casos, apropiándose de ambas causas, según criterio de la Sala, para convertir el proceso en un "instrumento ad hominem de búsqueda de responsabilidades".

Es más, encuadra el proceder del acusado en un "plan preconcebido" donde el juez incumplió clamorosamente la ley, extralimitándose en sus funciones y no motivando sus resoluciones o realizando motivaciones delirantes, reveladoras de una conducta dolosa, esto es, que el acusado sabía muy bien lo que hacía y quería hacerlo. Le importaba poco la ley, sostiene la resolución.

Por otra parte, la sentencia deja acreditado que tanto el magistrado como el sindicato Manos Limpias –que ejercía la acusación popular- actuaron en connivencia, asegurando un trato preferente frente a la defensa, lo que supone uno de los más reprochables modos de conducción de un proceso, al patentizar una desigualdad que atenta frontalmente contra el principio de igualdad de partes y su derivada de derecho de audiencia y contradicción, sin sufrir atisbo alguno de indefensión, lo que constituye una de las formas más execrables de parcialidad en la que puede incurrir un juez. Por todo ello, la Sala incardinando toda su actuación como un supuesto de continuidad delictiva del art. 74.1 CP.

Por lo que se refiere al delito contra la libertad individual, previsto en el art. 530 CP, cuyo bien jurídico protegido es el derecho de los ciudadanos a verse protegido en el ejercicio de sus derechos cívicos contra cualesquiera conductas provenientes de las autoridades y funcionarios, cabe resaltar que el juez acusado intervino los correos electrónicos corporativos del ex presidente de la entidad bancaria y le envió a prisión.

En este sentido, la sentencia es muy crítica a la hora de valorar las dos órdenes de prisión que firmó, en menos de un mes: el primer auto de prisión acordó el ingreso penitenciario provisional eludible bajo la elevadísima fianza de 2.500.000 euros, con un razonamiento inadmisible, y exigiendo su abono de manera inmediata; el segundo acuerda la prisión provisional de modo incondicionado, ya sin fianza, situación en la que permaneció 15 días.

Afirma la sentencia que tales decisiones se adoptaron careciendo el sindicato Manos Limpias de legitimación para participar en la comparecencia que prevé laLECrim en su art. 505, y, en consecuencia, para solicitar tal medida, toda vez que la prisión del investigado no fue reclamada por el Ministerio Público. Es más, Manos Limpias no debió estar presente en su declaración, tras la que se acordó su ingreso en prisión, al estar la causa declarada secreta.

La sentencia, que cuenta con el voto discrepante del Presidente del Tribunal D. Arturo Beltrán, condena también al acusado, además de inhabilitarle, al pago de veintiún meses y un día de multa con cuota diaria de diez euros y le obliga a abonar 10.000 euros a uno de los querellantes en concepto de daños morales.

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