Despido de cartero por frecuentar bares en horas de trabajo

ESPIDO DISCIPLINARIO. Procedente. Transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. Trabajador de Correos y Telégrafos encargado del reparto de la correspondencia que durante bastantes días, dentro de su jornada laboral y en el ejercicio de las funciones propia de su puesto de trabajo, estuvo entrando en diversas cafeterías y bares permaneciendo un tiempo considerable, muy superior al de descanso, dejando estacionada la motocicleta de reparto en los alrededores, con el correo en su interior y sin tenerla vigilada visualmente. Acreditación de la existencia según la PDA de numerosos períodos de inactividad e irregularidades en la actividad de reparto (no dejar avisos de burofax con quejas de los destinatarios y cumplimentación defectuosa de envíos de entrega bajo firma). Suficiencia del relato de hechos probados contenido en la sentencia de instancia y exposición clara de la convicción de la juzgadora en cuanto a los hechos imputados al trabajador, con suficiente detalle y razonamiento jurídico, lo que excluye la ausencia de motivación alegada.

El TSJ Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 16 de Madrid, sobre despido, confirmando la procedencia del despido disciplinario del que fue objeto el trabajador.

 

Texto

En MADRID a veinticuatro de Septiembre de dos mil doce

RSU 0003576/2012

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6

MADRID

SENTENCIA: 00609/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6

MADRID

C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27

Tfno.: 91.493.19.46

N.I.G.: 28000 4 0000621 /2001

40126

ROLLO Nº: RSU 3576-12

TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECURSO SUPLICACION

MATERIA: DESPIDO

Jzdo. Origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 16 de , MADRID

Autos de Origen: DEMANDA 1057-11

RECURRENTE/S: Romualdo

RECURRIDO/S: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON BENEDICTO CEA AYALA, , Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 609

En el recurso de suplicación nº 3576-12 interpuesto por el Letrado ALFONSO FERNANDEZ HERVAS en nombre y representación de Romualdo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de los de MADRID, de fecha 14-3-12 , ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en los autos nº 1057-11 del Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid, se presentó demanda por Dº Romualdo contra, SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en 14-3-12 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando las excepciones opuestas de falta de agotamiento de vía previa administrativa y prescripción, se desestima la demanda formulada por D. Romualdo contra la entidad SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA declarando procedente el despido contenido en la comunicación de fecha 12 de abril de 2011convalidando la extinción del contrato de trabajo que aquél produjo, sin derecho a la indemnización ni a salarios de tramitación.

Deduzcase testimonio de particulares ante el Ministerio Fiscal respecto del testigo D. Jesús María con DNI nº NUM000 por delito de falso testimonio en juicio".

SEGUNDO.- En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

PRIMERO.- D. Romualdo ha prestado servicios para la entidad demandada CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A desde el 01/05/2007 con la categoría profesional de OPERATIVO DE REPARTO, con un salario bruto mensual con inclusión de pagas extras por importe de 1540.38 euros.

SEGUNDO.- El actor está adscrito a la UNIDAD de SERVICIOS ESPECIALES USE número 2 de Madrid con jornada de trabajo de 15 horas a 22 horas. -hecho incontrovertido-.

TERCERO.- Mediante comunicación de fecha 12 de julio de 2011, notificada al actor el día 05 de agosto de 2011 previa incoación de expediente contradictorio. La empleadora comunica al actor el despido como autor de una falta disciplinaria continuada de carácter muy grave, señalando el art. 54.2 del ETcomo justa causa del despido disciplinario por el incumplimiento grave y culpable del trabajador consistente en la transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de la actividad laboral a aquel confiada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 inciso c) del vigente segundo convenio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S .A dando por reproducido el contenido de la carta, -folio 8 a 17 de las actuaciones-.

CUARTO.- Del seguimiento efectuado por personal responsable de la entidad demandada al actor (testificales de D. Adrian y D. Anselmo) y documental aportada, resultan acreditados los siguientes hechos:

Durante los días 17, 18, 19 y 21 de enero de 2011, se realizó un seguimiento al Sr. Romualdo , (folios 4 al 7, 10, 247, 248 y 250) por parte de D. Adrian (Jefe de la Unidad) y D. Anselmo (Jefe de Sector de Urgentes), en el cual se pudo comprobar que el encartado, dentro de su jornada laboral y en el ejercicio de las funciones propia de su puesto de trabajo estuvo entrando en un local cafetería-cervecería (O'Buraco) situado en la Pza. Ntra Señora del Pilar y en un local bodega (La Bodeguilla del Pilar) situado en el Pasaje de San Martin de Valdeiglesias,nº8, teniendo la entrada por la calle Canillas, permaneciendo en dichos establecimientos durante un tiempo muy superior al establecido por la normativa vigente como descanso (veinte minutos) y sin causa que justifique el tiempo de permanencia en dichos locales, dejando estacionada la motocicleta de reparto que tiene asignada, en los alrededores de los mismos, con el correo en su interior y sin tenerla controlada visualmente. Los intervalos de tiempos en los que el Sr. Romualdo permaneció en dichos locales son los siguientes:

El día 17/01/2011 entró en la cafetería "O'Buraco" a las 16:08 horas y permaneció en la misma hasta las 17:11 horas (1 hora y 3 minutos). Asimismo, a las 20:25 horas dicho empleado entró en el local "La Bodeguilla del Pilar" y permaneció en la misma hasta las 20:44 horas (19 minutos).

El día 18/01/2011, entró en la antedicha cafetería a las 16:25 horas y permaneció en la misma hasta las 17:15 horas (50 minutos). Igualmente a las 19.35 horas entró en la referida bodega y permaneció en dicho establecimiento hasta las 20:50 horas (1 hora y 15 minutos).

El día 19/01/2011, entró en la mencionada cafetería a las 16:35 horas y permaneció en ella hasta las 17:50 horas (1 hora y 15 minutos). Del mismo modo, entró en la referida bodega a las 20:10 horas y permaneció en ella hasta las 20:59 horas (49 minutos).

El día 21/01/2011, entró en dicha cafetería a las 16:35 horas y permaneció en ella hasta las 17:15 horas (40 minutos). Asimismo, entró en la referida bodega a las 20:10 horas y permaneció en ella hasta las 21:00 horas (50 minutos).

Asimismo, según el resumen de seguimiento de la PDA (ordenador de mano que incorpora un sistema de reconocimiento de escritura), llevado a cabo entre el 03/01/2011 y 14/02/2011, en similares franjas horarias a las vistas anteriores, se producen parecidos o superiores intervalos de tiempo en los que ésta aparece sin actividad y por tanto sin que el expedientado registre ninguna operación, son los siguientes (folio 178):

FECHA HORA LECTURA HORA SIGUIENTE DIFERENCIA

ENVIO LECTURA TIEMPO

03/01/11 18:05:00 19:27:00 1:22

03/01/11 20:09:00 21:10:00 1:01

04/01/11 19:11:00 21:13:00 2:02

05/01/11 18:42:00 21:06:00 2:24

11/01/11 15:50:00 17:20:00 1:30

11/01/11 20:06:00 21:01:00 0:55

12/01/11 16:04:00 17:37:00 1:33

12/01/11 20:10:00 21:05:00 0:55

13/01/11 16:35:00 17:29:00 0:54

13/01/11 19:54:00 20:52:00 0:58

14/01/11 19:18:00 19:52:00 0:34

14/01/11 19:53:00 20:43:00 0:50

14/01/11 20:44:00 21:05:00 0:21

17/01/11 16:00:00 17:19:00 1:19

17/01/11 19:22:00 19:50:00 0:28

17/01/11 19:51:00 20:15:00 0:24

17/01/11 20:20:00 20:49:00 0:29

18/01/11 16:19:00 17:23:00 1:04

18/01/11 19:29:00 20:56:00 1:27

19/01/11 16:29:00 18:01:00 1:32

19/01/11 20:03:00 20:47:00 0:44

21/01/11 16:28:00 17:25:00 0:57

21/01/11 20:03:00 21:06:00 1:03

26/01/11 16:29:00 17:33:00 1:04

26/01/11 19:40:00 20:58:00 1:18

27/01/11 16:32:00 17:25:00 0:53

27/01/11 19:47:00 20:59:00 1:12

31/01/11 16:30:00 17:33:00 1:03

31/01/11 20:20:00 20:58:00 0:38

01/02/11 16:29:00 18:07:00 1:38

01/02/11 20:02:00 20:47:00 0:45

02/02/11 19:25:00 20:46:00 1:21

02/02/11 16:34:00 17:34:00 1:00

03/02/11 16:31:00 17:35:00 1:04

03/02/11 19:43:00 20:54:00 1:11

04/02/11 16:29:00 17:32:00 1:03

04/02/11 19:56:00 20:56:00 1:00

07/02/11 16:30:00 18:52:00 2:22

07/02/11 19:32:00 21:26:00 1:54

08/02/11 16:37:00 17:02:00 0:25

09/02/11 16:40:00 17:31:00 0:51

09/02/11 19:12:00 19:39:00 0:27

14/02/11 18:29:00 21:16:00 2:47

1 El día 31/01/2011 dio como ausente en reparto el envío Burofax número NUM009 , cuya dirección de destino era la CALLE000 nº NUM000 , se da la circunstancia de que dicha dirección pertenece a otra zona y distrito de reparto distinta de la que el Sr. Romualdo tenía asignada el mencionado día (folios 90 a 92), por lo que es evidente que no intentó su entrega y que la información que dio fue errónea.

2. Se reciben en la Unidad numerosas quejas de clientes remitentes de burofax de la zona de reparto del Sr. Romualdo , por no recibir éstos el aviso de servicio(Información sobre la situación de un envío remitido). En este sentido, el responsable de la Unidad entregó personalmente, los avisos de servicio de fecha 07/02/2011, detallados a continuación, tras recibirse en la Unidad la queja de no haberlos recibido sus respectivos destinatarios, dándose la circunstancia de que el Sr. Romualdo había liquidado los mismos en el sistema informático como entregados (folios 24 a 39):

- NUM001

- NUM002

- NUM003

- NUM004

- NUM005

- NUM006

- NUM007

- NUM008

3. En cuanto a los envíos de entrega bajo firma, según se desprende de las hojas de reparto asignadas al Sr. Romualdo los días 14/01/2011, 17/01/11, 18/01/11, 19/01/11, 21/01/11, 26/01/11, 27/01/11, 31/01/11 y 07/02/11, así como de las fotocopias de los envíos que acompañan a estas, se comprueba que prácticamente no aparece ninguno como entrega, el respaldo de los mismos se realiza, casi siempre de forma ilegible, y en numerosas ocasiones la hora con la que se ha respaldado en el envió que se ha llevado a cabo el intento de entrega, coincide con los intervalos de tiempo en los que no se registra actividad en la PDA (folios 11 a 22 y 91 al 174).

Todos los folios designados en este hecho probado lo son del expediente disciplinario aportado por la demandada y documental incorporada al mismo y en el acto del juicio.

QUINTO.- Se ha celebrado acto de conciliación presentado ante el SMAC el día 16/08/2011 y celebrado el 01/09/2011 sin avenencia.

SEXTO.- Resulta de aplicación el convenio colectivo de la Sociedad Estatal de Correos Telégrafos, S.A, folios 256 a 258 de las actuaciones.

TERCERO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre en suplicación el actor contra la sentencia de instancia, que ha desestimado su demanda declarando la procedencia de su despido disciplinario. El primer motivo se ampara en el art. 191.b) de la LPL , aunque debería citar el art. 193.b) de la LRJS, y en él se solicitan dos revisiones fácticas del mismo hecho probado, el cuarto. La primera consiste en que se sustituyan sus seis primeros párrafos por el siguiente texto: "No ha quedado acreditado que el personal de la empresa realizada de forma adecuada los seguimientos que se narran en la carta de despido, por lo que no queda acreditado el hecho imputado en la misma, relativa a las permanencias prolongadas del trabajador en distintos bares y cafeterías".

En la segunda petición revisora se pide la sustitución del párrafo séptimo por la siguiente redacción: "Según el resumen de seguimiento de la PDA (ordenador de mano que incorpora un sistema de reconocimiento de código de barras), llevado a cabo entre el 03/01/2011 y 14/02/2011, se producen los siguientes intervalos sin actividad".

No es posible acceder a tales pretensiones, ya que en la primera de ellas el recurrente invoca solamente la prueba de interrogatorio de testigos, que como es conocido no es idónea a tales efectos, como se desprende claramente del art. 193.b) LRJS y así ha sido siempre en el recurso de suplicación. En cuanto a la segunda, no se cita tampoco ninguna prueba documental ni pericial, únicas admisibles en esta clase de motivos, se alega una discrepancia respecto al entendimiento de la juzgadora en relación con el sistema de reconocimiento que incorpora la PDA, y se vuelve a invocar la prueba testifical.

Como señala entre otras muchas resoluciones judiciales la sentencia del TS de 5-6-11 , la revisión de hechos probados exige los siguientes requisitos: 1º.- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 2º.- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. 3º.- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; y 4º.- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las últimas, SSTS 17/01/11 -rco 75/10 -; 18/01 / 11 -rco 98/09 -; y 20/01/11 -rco 93/10 -). E insistiendo en la segunda de las exigencias se mantiene que los documentos sobre los que el recurrente se apoye para justificar la pretendida revisión fáctica deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, hasta el punto de afirmarse que la certidumbre del error está reñida con la existencia de una situación dubitativa (así, SSTS 22/05/06 -rco 79/05 -; y 20/06/06 -rco 189/04 -).

Al no ajustarse el motivo a estas pautas, tal como se ha expuesto con anterioridad, procede su desestimación, pues no es posible la sustitución del criterio del juzgador de instancia por el del recurrente con base en meras alegaciones o discrepancias en la valoración de la prueba testifical.

SEGUNDO.- En el segundo motivo se alega la infracción de los arts. 14 y 24 de la Constitución , con amparo en el art. 191.c) de la LPL . En este caso no solamente se cita erróneamente la LPL, sino que no es correcto el cauce procesal elegido, que debería ser el del apartado a) y no el c) del art. 193 LRJS, puesto que la denuncia que se hace según el desarrollo del motivo es exclusivamente de índole procesal y no sustantiva, al no exponerse razonamiento alguno respecto al art. 14 de la Constitución . Tampoco se cumplen los requisitos de la infracción procesal, puesto que se acude al cómodo expediente de citar el art. 24 de la Constitución pero no se identifican los preceptos de la legislación ordinaria procesal (LEC y LRJS) que a juicio del recurrente hayan sido infringidos, en relación con la estructura y motivación de la sentencia.

En cualquier caso no se ha producido infracción alguna en cuanto a dichos aspectos de la sentencia, que recoge con suficiencia el relato de hechos probados y razona en derecho la solución a la que llega declarando la procedencia del despido.

La doctrina del Tribunal Constitucional, en cuanto a la motivación de las sentencias, ha declarado lo siguiente (sentencia 27/93 de 25 enero): "...hay que señalar que el derecho reconocido en el art. 24 CE, puesto en relación con el art. 120.3 CE, exige que las sentencias ofrezcan una motivación suficiente que justifique la solución adoptada por el juzgador, y que la falta o insuficiencia de la misma implicaria una vulneración del principio de tutela judicial efectiva, que incluye el de obtener una sentencia que esté fundada en derecho ( SSTC 13/87, 25/90, 122/91, entre otras). Suficiencia de motivación que ha de entenderse en el sentido de que en las sentencias consten, de forma que puedan ser conocidos como tales, los fundamentos en que se basa la resolución judicial, esto es, al menos, los hechos probados de que se parte y la calificación jurídica que se les atribuye. Sin embargo, ya ha declarado este Tribunal que, a los efectos de determinar si ha habido infracción del art. 24 CE, no cabe exigir que esa fundamentación sea absolutamente exhaustiva, ni debe expresar el completo proceso lógico que condujo al Juez a su decisión; ni es imprescindible una descripción exhaustiva de lo que se consideró probado, aunque ello fuera deseable desde la más pura técnica procesal ( SSTC 56/87, 150/88, 25/90y 141/1991)."

Y en la sentencia 46/96 de 25 marzo ha precisado que: "...El requisito de la motivación de las resoluciones judiciales halla su fundamento en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo, y de controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de los oportunos recursos, a la vez que permite contrastar la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Actúa, en definitiva, para permitir el más completo ejercicio del derecho de defensa por parte de los justiciables, quienes pueden conocer así los criterios jurídicos en los que se fundamenta la decisión judicial, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella, y actúa también como elemento preventivo de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción;.... La suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito de las resoluciones judiciales. No exige que el órgano judicial se extienda pormenorizadamente sobre todos y cada uno de los argumentos y razones en que las partes fundan sus pretensiones, admitiéndose la validez constitucional de la motivación aunque sea escueta o se haga por remisión a la motivación de otra resolución anterior."

El desarrollo argumental del recurrente aduce una inadecuada valoración de la prueba, con extensas alegaciones sobre el desarrollo y apreciación de la prueba testifical, criterios subjetivos acerca de la conducta del actor en relación con el manejo de la PDA, mezclado con alegaciones sobre hechos y la prueba que los sustentan a juicio del recurrente para terminar con la conclusión de ausencia de prueba de cargo contra el demandante.

En todo caso no es admisible que la discrepancia del recurrente, sea total o parcial, con la ponderación de las pruebas por la Juzgadora de instancia, deba conducir a la nulidad de la sentencia, como ocurriría si se hubiera vulnerado el art. 24 de la Constitución aunque en el recurso no se solicite, ni puede aceptarse que ese diferente criterio de valoración sea causante de indefensión para la parte. Por el contrario, la recurrente no ha visto limitadas por el órgano judicial sus posibilidades legales de defensa en cuanto a alegación y prueba, y ha recibido de aquél una respuesta fundada en Derecho en la que se han examinado todos los puntos objeto de debate, si bien la resolución dictada no ha sido favorable a la postura que mantenía la actora.

En cuanto a la valoración de la prueba, la doctrina constitucional (STC 44/1989, de 20 de febrero , 26/93 de 25 enero ,) ha señalado que es facultad que pertenece a la potestad jurisdiccional, y que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales ponderar los distintos elementos de prueba y valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia. Y esta libertad del órgano judicial para la libre valoración de la prueba, implica, como también señala la misma doctrina (STC 175/85, de 15 de Febrero) que pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Ahora bien, el Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, con tal de que su libre apreciación sea razonada, exigencia que ha puesto de manifiesto la propia doctrina constitucional (STC 24/1990, de 15 de Febrero).

En definitiva, en el motivo analizado coexisten manifestaciones de discrepancia respecto de la valoración de la prueba, alegaciones de hecho y denuncia procesal que no se acompaña de la petición de nulidad de la sentencia sino que conduce directamente al recurrente a la pretensión de improcedencia del despido. Con ello no se cumplen las exigencias del recurso de suplicación, de elevado carácter formal por su naturaleza extraordinaria. La sucesiva exposición de alegaciones discrepantes de la sentencia no reúne las características exigibles a un recurso de suplicación. Con carácter general se ha de recordar que la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, que por ello mismo debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley. El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido (sentencias del TC. 71/2002 de 8 abril , 230/00 de 2 octubre , 135/98 de 29 junio , 93/97 de 8 mayo , 18/93 de 18 enero). Las más recientes sentencias del TC califican el recurso de suplicación de "especial" (STC 4/06, 218/06 , 292/06). También ha repetido el TC en numerosas ocasiones que la doble instancia no está incluida dentro del derecho a la tutela judicial efectiva - salvo en el orden penal - y que la determinación del régimen jurídico de los recursos queda conferida al legislador ordinario, incorporándose al derecho de tutela judicial efectiva solamente en la forma y medida en que haya sido establecido por aquél (sentencias del TC 88/02 ,90/02 , 51/03 entre muchas).

La sentencia de instancia expone claramente la convicción de la juzgadora en cuanto a los hechos imputados al actor, en función de las pruebas documentales y testificales practicadas. Así, en resumen, se ha declarado probado que del seguimiento efectuado por personal responsable al actor, operativo de reparto de la sociedad estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS, se comprobó que el trabajador durante bastantes días entraba en diversas cafeterías permaneciendo un tiempo considerable muy superior al de descanso de 20 minutos, dejando estacionada la motocicleta de reparto en los alrededores, con el correo en su interior y sin tenerla vigilada visualmente, lo que ya por sí solo sería bastante para justificar la procedencia del despido por transgresión de la buena fe contractual, al incurrir en abuso de confianza y dejación de los más elementales deberes de su puesto de trabajo. A ello se añade la comprobación según la PDA de numerosos períodos de inactividad, y aunque ello se pusiera en duda, todavía hay que añadir las irregularidades en la actividad de reparto consistentes en no dejar el aviso de burofax en varias ocasiones con quejas de los destinatarios, y en no cumplimentar debidamente los envíos de entrega bajo firma, aspectos todos ellos que constan en la sentencia de instancia, con suficiente detalle, motivación y razonamiento jurídico, por todo lo cual se impone la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el demandante D. Romualdo , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de MADRID en fecha 14- 3-12 en autos 1057-11 sobre DESPIDO, seguidos a instancia del recurrente contra SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA y en consecuencia confirmamos dicha sentencia. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220, 221 y 230 de la L.R.J.S, advirtiéndose, que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 600 eurosconforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c nº 2870 0000 00 3576-12 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día

por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

¡Consejos!

¡Todas las entradas que publiques en tu Blog serán publicadas también en la página principal! Al menos que selecciones la opción de visualizado en 'solo amigos' o 'privado'.