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[CASO PALAU] Auto en el que el juez concluye que CDC recibió 5,1 millones en comisiones de Ferrovial

Fuente: El País.

La investigación del caso Palau ha finalizado. El magistrado Josep Maria Pijuan considera que se han practicado "todas las diligencias de investigación necesarias y esenciales" para aclarar el expolio de la institución musical catalana. En un auto en el que da por cerrado el caso, Pijuan mantiene que hay indicios suficientes para abrir juicio oralcontra Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores confesos del Palau de la Música. El juez también mantiene la tesis de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró de forma irregular a través del Palau. La federación nacionalista obtuvo 5,1 millones de euros, según el escrito.

El juez describe el "flujo de fondos" de la constructora Ferrovial como "pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública". La empresa y el partido establecieron "un acuerdo" que se inició "al menos en el año 1999" y se prolongó durante 10 años. Ferrovial camufló como donaciones al Palau lo que, en realidad, eran comisiones ilegales a una formación política. Ferrovial abonaba, "por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada". De esa cifra, el 2,5% acababa en las arcas de CDC, mientras que el 1,5% restante se lo quedaban Millet y Montull en concepto de comisión por sus servicios.

Las entregas al partido, sigue el juez, se articularon "a través de tres procedimientos": mediante entregas en efectivo a los tesoreros del partido, mediante facturas falsas de diversas empresas y mediante convenios de colaboración aparentes suscritos entre el Palau y la Fundación Trias Fargas, ligada a Convergència y rebautizada como Catdem tras el escándalo del Palau. En total, la suma asciende a 5,1 millones de euros.

Pijuan mantiene la imputación del extesorero de Convergència Daniel Osácar y del exdiputado nacionalista Jaume Camps, por haber participado, presuntamente, en el cobro de esas comisiones ilícitas. Aunque no han podido ser imputados, el juez considera, en la línea del fiscal, que en el acuerdo intervinieron "otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública". También están imputados dos exresponsables de la empresa constructora: Pedro Buenaventura (director en Cataluña hasta 2000) y Juan Elizaga, director de relaciones institucionales.

Según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y el magistrado Pijuan, CDC recibió el dinero a cambio de la adjudicación de obra pública de gran envergadura (la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro) durante el último gobierno de Jordi Pujol. En su auto, el juez mantiene la imputación sobre 17 personas en la causa. El juez considera que CDC es responsable civil a título lucrativo. La formación nacionalista tiene embargada su sede principal en Barcelona para hacer frente a la fianza de 3,2 millones impuesta por el juez.

Tal como había solicitado la fiscalía, el magistrado acuerda el archivo de la causa para diversas personas; entre ellas, la secretaria personal de Millet, Elisabet Barberà, y las esposas de los saqueadores confesos del Palau, Marta Vallès y Mercè Mir.




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