[SENTENCIA]El Tribunal Supremo evita que Matas ingrese en prisión

Fuente: El País.

La Audiencia Provincial de Palma, en una sentencia de 172 folios dictada en marzo de 2012 condenó al expresidente balear Jaume Matas, a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación por seis delitos. El Tribunal Supremo, en una resolución hecha pública esta mañana, ha rebajado la pena a nueve meses y un día de cárcel y multa de 6.000 euros por un solo delito, tráfico de influencias, de forma que este no ingresará en prisión. Podrá pedir que se le aplique una suspensión de condena al no superar la impuesta los dos años de cárcel.

El Supremo ha dictaminado que Matas “utilizó su autoridad jerárquica para presionar” para que se concediera una subvención de 450.000 euros al periodista que le elaboraba los discursos, Antonio Alemany –también condenado- y confirma el tráfico de influencias. Pero, por otro lado, le absuelve de los delitos de fraude a la Administración, delito continuado de falsedad en documento oficial, continuado de falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso con malversación por los que había sido condenado por la Audiencia de Palma en relación a servicios y pagos para Alemany. El alto tribunal considera que los servicios objeto de discusión sí se prestaron y que no ha quedado acreditada la comisión de estos delitos. La sala argumenta que “la condición ética de reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal”.

La decisión ha sido adoptada por los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo Carlos Granados (ponente de la misma), José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo, y Manuel Marchena y ha contado con el voto particular de Alberto Jorge Barreiro, que discrepa de la absolución a Matas por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y en documento mercantil.

Esta fue la primera de las numerosas causas del expresidente balear —que ostentó el cargo de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007— y exministro de Medio Ambiente con el Gobierno de José María Aznar (2000-2003) dentro del caso Palma Arena; y la primera que habría podido llevarle a prisión.

La fiscalía, durante la vista pública celebrada ante el Supremo, pidió la confirmación íntegra de la condena de la Audiencia de Palma, que calificó de “correcta”, por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. El fiscal Fernando Sequeros defendió la necesidad de una sanción para “los gobernantes que mal gobiernen y aquellos que se valen de funciones para lucrarse en sus intereses privados”. “Todo fue un artificio, un ropaje formal que se le puso a un muñeco para que esa persona [el columnista de El Mundo Antonio Alemany] pudiera satisfacer sus intereses como periodista”, añadió. La abogada del Gobierno balear solicitó también la confirmación de la sentencia e incidió en que la resolución de la Audiencia acreditaba perfectamente el uso de dinero público para el pago de comisiones.

Alemany fue penado por la Audiencia de Palma a tres años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Ha sido también absuelto por el Supremo de algunos de los delitos por los que había sido condenado, pero el alto tribunal ha mantenido su condena por prevaricación, malversación en caudales públicos y falsedad en documento mercantil en relación con uno de los casos que se estudiaban. La nueva pena a la que ha sido condenado es de dos años, tres meses y un día de prisión junto con inhabilitación absoluta de cuatro años y siete meses.

La sentencia de la Audiencia de Palma distinguía cuatro supuestos distintos: el caso pago facturas, el caso concurso, el caso concurso menor y el caso subvención. La condena del Supremo de nueve meses de prisión de Matas se centra en este último: la subvención de 449.734 euros que recibió Alemany del Gobierno balear para sacar adelante un proyecto de agencia de noticias en la comunidad autónoma.

Por otro lado, Alemany cobraba por la redacción de los discursos de Matas. Pero no lo hacía a través de un contrato como asesor –porque no quería tener dedicación exclusiva-, ni de un contrato menor. En un primer momento presentó facturas mensuales por importe de 2.000 euros. Más tarde, se abrió un concurso público de urgencia para solventar la cuestión de los pagos. En este momento entró en el asunto otro de los condenados, Miguel Romero de la Cerda, dueño de la empresa Nimbus, a quien Matas habría “rogado”, según la sentencia de la Audiencia de Palma, que se presentara al concurso explicándole que la única finalidad del mismo era pagar a Alemany. Con esta extraña fórmula, delictiva para la Audiencia de Palma, Alemany cobró entre 2003 y 2007 casi 200.000 euros.

El Supremo analiza la supuesta prevaricación cometida en relación con este concurso y concluye que esta no se produjo. “El delito de prevaricación requiere, entre otros presupuestos, el dictado de una resolución arbitraria”, señala el alto tribunal. Los magistrados indican, por un lado, que la Audiencia de Palma no precisa qué resoluciones de la vicepresidenta y consejera de Relaciones Institucionales de Matas sustentaban este delito, pero que, en todo caso, atendiendo al relato de hechos, las resoluciones dictadas “en modo alguno pueden ser calificadas de prevaricadoras, ya que se dictaron en el marco de un contrato administrativo para cumplir un servicio público (…) que efectivamente se prestó”.

Asimismo, en relación con este caso, los magistrados descartan también la existencia del delito de malversación de caudales públicos. El alto tribunal señala que no hubo pago de comisiones por parte de la Administración a la empresa Nimbus y que si hubo algún pago después entre Alemany y esta sociedad, se trató meramente de un “acuerdo entre particulares”.

La inducción al delito de fraude a la Administración que también se imputaba a Matas por haber proporcionado a Nimbus información sobre el concurso y lo que debían incluir en la posible oferta tampoco lo considera probado el Supremo. El alto tribunal estima que en los hechos probados no se encuentra el fraude o engaño bastante para perjudicar a la Administración necesario en este delito. Tampoco considera que el expresidentes balear haya sido inductor de un delito continuado de falsedad en documento oficial porque, argumentan, las facturas se emitieron en relación a un contrato administrativo que efectivamente se prestó.

Voto particular

El voto particular de Alberto Jorge señala, en relación con la prevaricación, y tras llevar a cabo un pormenorizado relato de hechos, que el motivo para no contratar a Alemany como asesor fue “el régimen de dedicación absoluta y exclusiva al personal eventual” que fija la ley de la función pública de Baleares. Fue por este motivo que se convocó el concurso, que se tramitó además por la vía de urgencia. Por ello, señala el magistrado, “solo cabe colegir que el contrato administrativo surgido del concurso público organizado por el Gobierno autónomo era un contrato simulado, toda vez que quien iba a prestar el servicio de asesoría personal no era Miguel Romero ni su empresa, sino Antonio Alemany”.

“Mediante el contrato se simulaba por tanto la prestación de los servicios de asesoría del presidente y de la comunidad por parte de la empresa Nimbus Publicidad, de Miguel Romero, al mismo tiempo que se disimulaba la real intervención de Antonio Alemany como asesor personal, siendo este quien iba a obtener las contraprestaciones que iba a abonar la comunidad autónoma por una suma de 4.361,60 euros mensuales”.

El magistrado opina que se trata de un “típico fraude de ley” para evitar el cumplimiento de una ley y señala que, en contra de lo que sostiene el resto de la sala, “las resoluciones dictadas por la directora general de relaciones institucionales cumplimentando las decisiones e indicaciones de algunos de los acusados, sí son injustas y arbitrarias” para incumplir la ley autonómica de incompatibilidades. Por tanto, concluye, concurren todos los elementos de la prevaricación, “ya que los acusados actuaban a sabiendas de la manifiesta ilegalidad en que incurrían”.

Sobre la implicación de Matas en este delito, señala el magistrado que fue la persona que “había concebido y planificado el concurso para otorgar un contrato administrativo simulado” y quien “convenció a los protagonistas de la operación y dio las órdenes para que lo materializara su hombre de confianza en temas de comunicación” mientras Alemany “se prestó, desde el primer momento, a colaborar en la preparación de la trama”. Por ello, Alberto Jorge sostiene que debió ratificarse la condena por prevaricación con respecto a este episodio tanto a Matas como a Alemany.

Un argumento parecido utiliza el magistrado para apreciar el delito de falsedad en documento oficial y en documento mercantil: si el contrato no estaba siendo ejecutado por Nimbus sino por Alemany, tanto los informes oficiales como las facturas “tenían un contenido falsario” y “permitieron ocultar quién estaba realmente ejecutando y cumpliendo el contrato administrativo, al mismo tiempo que aparentaban que lo cumplimentaba quien no lo hacía y se limitaba a cobrar una comisión”.




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