Anulada la sanción de expulsión de un Fiscal

La Audiencia Nacional ha anulado la expulsión de la Carrera del Fiscal Juan Antonio Frago , que había sido acordada por resolución del Secretario de Estado de Justicia a propuesta del FGE y con apoyo del Consejo Fiscal.

La sentencia declara, entre otras muchas cosas relativas al procedimiento disciplinario seguido contra el Fiscal, que se ha vulnerado el principio constitucional de legalidad por los distintos intervinientes del Ministerio Fiscal.




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  • Eleazar Robaina Espinosa

    COMUNICADO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

     

     

                (En relación con la Sentencia de fecha 1 de octubre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se anula la resolución del Secretario de Estado de Justicia en la que se imponía al fiscal D. JUAN-ANTONIO FRAGO AMADA la sanción de separación del servicio)

     

     

               La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha acordado dirigirse a todos los miembros de la Carrera Fiscal, a fin de hacer presente la postura adoptada acerca de lo fallado enla Sentencia arriba referenciada, valorando no solo lo que afecta al caso concreto del compañero favorecido por la citada resolución, sino también, la doctrina general que en ella se consagra y que atañe a un extremo de capital importancia para la futura salvaguarda de las garantías de nuestro común estatuto personal.

     

                Desde tal perspectiva, queremos hacer las siguientes manifestaciones:

     

                a) La APIF felicita al compañero por el fallo que ha obtenido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  mediante el cual, se ha anulado una resolución de separación definitiva dela Carrera Fiscal dictada por el Secretario de Estado de Justicia a propuesta del Fiscal General del Estado y previo unánime informe favorable del Consejo Fiscal.

     

                b) La APIF quiere recordar que mediante escrito de fecha 28 de enero de 2013 se pusieron en conocimiento del Fiscal General del Estado, lo que entonces considerábamos como graves irregularidades en la tramitación del expediente sancionador iniciado porla Inspección Fiscal, siendo una de las mas relevantes, la ausencia de las mínimas garantías exigidas por los derechos fundamentales del expedientado, y en concreto, el derecho a no sufrir indefensión del artículo 24.2 CE y la obligada sujeción al principio de legalidad sancionadora del artículo 25 CE, con expresa mención de la falta de proporción que considerábamos en la propuesta de sanción. Es obvio, que al silencio frente a nuestro pertinente aviso, le siguió la renuencia a enmendar una decisión, que ahora, un Tribunal califica como manifiestamente lesiva del principio de legalidad.

     

                c) La dureza de los términos empleados enla Sentencia de la Audiencia Nacional, en la que, entre otros aspectos, se reprocha a nuestra Institución el nulo respeto del principio de legalidad, por quien, paradójicamente, tiene como misión constitucional el promoverla, desautoriza la actuación en el caso no solo de la Inspección Fiscal, sino del propio Fiscal General del Estado y de la totalidad de los miembros del Consejo Fiscal, poniendo en  una delicada situación a toda la Carrera Fiscal ante la opinión pública e incrementando los recelos que suscita la atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción Penal en el Proyecto de Código Procesal Penal.

     

                d) La singular actuación del Consejo Fiscal, evidencia una vez más, que lejos de adoptar sus integrantes una posición de control frente a las iniciativas de los órganos de la Fiscalía General del Estado, -tratando con ello de cumplir los cometidos que le asigna el artículo 14.4 del EOMF-, ha vuelto a despreciar su papel de necesario foro activo al que debiera someterse el Fiscal General del Estado para informar regularmente sobre sus decisiones.  Por ello consideramos que el presente Consejo Fiscal está absolutamente amortizado, y por tanto pedimos su disolución inmediata y la celebración de nuevas elecciones.

     

                e) La APIF quiere también recordar, que el origen de todo el expediente arranca de la actuación de una Fiscal Jefe  desconocedora, como mínimo, de las reglas democráticas de nuestra Carrera. El art. 27 del EOMF es una salvaguarda de la imparcialidad y de la legalidad de nuestra actuación como fiscales, principios consagrados en la Constitución, y la ignorancia expresa por una Fiscal Jefe respecto a un Fiscal de su plantilla del modo de proceder en un caso como el presente, tampoco debe quedar sin consecuencias. Y desde luego consideramos que no debería haber sido promocionada a Fiscal Superior, apoyada por el mismo Consejo Fiscal al que además pertenece.

     

                f) Nuestro absoluto rechazo a la actuación de la FGE en este caso, no puede tampoco ocultar dos cosas: primera, la desazón que provoca el hecho de que tan palmario error haga que sus consecuencias económicas recaigan sobre todos los ciudadanos, desde el momento en que es al erario público al que corresponderá arrostrar las consecuencias de tal índole al haberse añadido al obligado reintegro de los derechos económicos de los que se había privado durante seis meses al funcionario, el abono de los intereses legales que necesariamente habrán de liquidársele y la condena de la Administración al pago del importe de las costas. Es así, que de las actuaciones temerarias de los poderes públicos resulta finalmente perjudicado todo el cuerpo social.  Y segunda, el enorme daño causado al afectado, un joven fiscal con pocos años de servicio, al que se le privaba de su trabajo, de su sueldo, de la cobertura sanitaria para su familia y que veía amenazado su futuro con varias multas añadidas.  De ese daño tampoco nos olvidamos.

     

               

                g) La APIF manifiesta, en fin, su deseo de que la Sentenciade la Audiencia Nacional sirva de advertencia y precedente que desaconseje en lo sucesivo la búsqueda de sanciones ejemplarizantes con las que disuadir del siempre legítimo cuestionamiento -ex artículo 27 EOMF- de las órdenes de los superiores que por los subordinados se consideren improcedentes o contrarias a la legalidad.

     

     

     

                                                   Madrid, a 21 de octubre de 2013

     

     

     

     

                                                   La comisión ejecutiva de la APIF

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