Inadmisión de recurso de apelación. Falta de acreditación de la liquidación de la tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten el recurso de apelación por impago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil tras haber dado la oportunidad de subsanar el defecto padecido (STC 20/2012)

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 164/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo núm. 11705/2006.

 

“(...) Esta es también, en síntesis, la opinión del Ministerio Fiscal, que añade por su parte que, en aplicación del principio hermenéutico más favorable a la efectividad del derecho al recurso que garantiza el art. 24.1 CE, la no presentación del justificante del pago de la correspondiente tasa judicial debiera determinar la suspensión del proceso hasta que se produzca el pago, nunca la inadmisión del recurso. Esta forma de razonar tampoco puede ser compartida y, de hecho, esta misma interpretación ha sido ya rechazada de modo expreso por este Tribunal en las SSTC 115/2012 y 116/2012, de 4 de junio, dictadas con motivo de un recurso de amparo muy similar al presente. Conforme dijimos entonces, siguiendo el criterio sentado en las citadas STC 20/2012 (FJ 11) y STC 79/2012 (FJ 4), y procede reiterar ahora, semejante interpretación y la conclusión en que termina «dañaría la integridad del proceso judicial, dado que generaría un número indeterminado de procesos suspendidos sine die por factores completamente ajenos a la mejor administración de justicia, que se acumularían en la Secretaría de los Tribunales con grave riesgo para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y sin beneficio aparente para ningún derecho o interés legítimo discernible» (FJ 7).
 
Por consiguiente, al igual que concluimos en ese otro caso, el cierre del acceso a la justicia mediante el archivo de la demanda y, con mayor razón, como es el presente asunto, dada la menor intensidad del canon de control constitucional de los requisitos que operan en la admisión de los recursos legalmente previstos (SSTC 20/2012, FJ 4; y 79/2012, FJ 4), el cierre del acceso al recurso de apelación civil promovido por la sociedad mercantil demandante de amparo, que no acompañó a su escrito de recurso de apelación el justificante de la autoliquidación de la tasa judicial prevista en el citado art. 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, ni corrigió tampoco ese defecto en el plazo de subsanación que le concedió el órgano judicial para hacerlo, es una decisión que no puede considerarse rigorista ni desproporcionada ni, por tanto, contraria al art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho de acceso al recurso, y sí solo, en cambio, imputable a la propia falta de diligencia procesal de la sociedad mercantil recurrente.”




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