Límites a los decretos leyes; concurrencia del presupuesto habilitante del decreto ley; nulidad del precepto estatal que excluye del cómputo de edificabilidad los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se destinen al suministro de combustible a vehículos. Voto particular

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 170/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad núm. 5013/2000

 

“El ejercicio por parte del Gobierno de ese poder legislativo excepcional que le confiere el art. 86.1 CE se encuentra sujeto a un serie de límites —destinados todos ellos a garantizar el uso adecuado y no abusivo de aquél poder—, el primero de los cuales reside en la concurrencia de una concreta situación, definida como «extraordinaria y urgente necesidad». Conforme se encargó de precisar este Tribunal desde sus momentos fundacionales, la mencionada exigencia constitucional no es «una expresión vacía de contenido» dentro de la cual pueda moverse sin restricción alguna el Gobierno (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3); se trata, antes al contrario, de un requisito dotado de un contenido complejo, que se erige adicionalmente como presupuesto habilitante del ejercicio regular de esta potestad y cuya ausencia, tras la obligada verificación por la jurisdicción constitucional, determina la nulidad de la norma aprobada.
 
En concreto y como recuerda, con sintética precisión, el fundamento jurídico 4 de la Sentencia de la que me distancio, el juicio sobre la regularidad constitucional de la cláusula de la «extraordinaria y urgente necesidad» ha de superar un doble canon. El primero consiste en la identificación por el Gobierno de manera clara, explícita y razonada de la concurrencia de esa singular situación, la extraordinaria y urgente necesidad, determinante de la aparición del presupuesto que le habilita para dictar con carácter excepcional unas normas dotadas de los atributos del rango y la fuerza propios de las leyes formales. El segundo canon se concreta en la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación entre ese presupuesto y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de modo que éstas, como igualmente ha razonado la jurisprudencia constitucional, han de guardar «una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).”




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