El Tribunal Supremo confirma la condena de dos años de prisión por cobrar durante diez años la pensión de su madre muerta

Autor: Comunicación Poder Judicial.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por un hombre contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que le condenó a dos años de prisión por cobrar durante diez años la pensión de su madre muerta. La sentencia de la Sala de lo Penal también confirma  la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria por su "comportamiento negligente" al no cumplir con su obligación de controlar la pervivencia de la titular de la pensión.

La Audiencia de Valencia condenó al acusado por un delito de estafa en cantidad de notoria importancia a nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros, y a que indemnice al Instituto Nacional de la Seguridad Social con 36.013,55 euros.

 

Cobro indebido de pensión de jubilación tras el fallecimiento de su titular. Estafa. Error por omisión: el acusado no comunicó el fallecimiento de su madre, titular de la pensión, lo que le permitió seguir cobrando la misma. Incumplió el deber jurídico que le incumbía y generó de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado, que se concretó en el desplazamiento patrimonial que la Seguridad Social continuó efectuando. Hubo un engaño bastante y relevante por parte del recurrente, que fue el determinante del desplazamiento patrimonial, con independencia de que los controles por parte del INSS hubieran fallado, especialmente por el comportamiento negligente de la entidad bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Precisamente, la negligencia de ésta en el cumplimiento de la obligación de control de la pervivencia de la titular de la pensión quele incumbe en atención a lo dispuesto en el 17.5 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, es la que ha determinado su condena como responsable civil subsidiaria.

Nuevo artículo 307 ter es Ley especial para este tipo de comportamientos. Objetivo de la reforma que lo introdujo: Según la exposición de motivos de la mencionada Ley, la inclusión del artículo 307 ter proporciona "un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas ysubvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos defraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social." Y la doctrina ha destacado que la reforma operada por la citada Ley responde al objetivo de extraer las conductas fraudulentas en relación a las prestaciones de la Seguridad Social del ámbito del  artículo 308 CP, que tipifica el fraude de subvenciones. A este tipo las recondujo la jurisprudencia de esta Sala a partir de su pleno de 15 de febrero de 2002, especialmente cuando las defraudaciones afectaban al subsidio de desempleo. Tipicidad que, entre otras consecuencias, determinaba su sujeción a una condición objetiva de perseguibilidad vinculada a la cuantía.

El artículo 307 ter castiga su modalidad básica con la pena de seis meses a tres años de prisión. También contempla un tipo atenuado, para el que prevé multa, cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad. Y otro agravado, para cuando, entre otros casos, el valor de las prestaciones defraudadas fuera superior a cincuenta mil euros.

Tratándose, como se trata en este caso, de una defraudación articulada a través de pagos mensuales, que se mantuvieron durante años, no existe motivo alguno para sustraer este supuesto, de inequívoco carácter patrimonial, del régimen general que la jurisprudencia de esta Sala ha marcado, a partir delAcuerdo del Pleno jurisdiccional de 30 de octubre de2007, para la determinación penológica cuando de delitos patrimoniales se trata.

Así, en este caso sería aplicable la modalidad agravada, ya que la defraudación que se ha conformado a partir del cobro de las sucesivas mensualidades de la pensión, ha alcanzado la suma total de 51.569,10 euros, que lleva aparejada una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo, penalidad mas gravosa para el recurrente que lacorrespondiente a la estafa agravada por la que viene condenado, por lo que la aplicación retroactiva queda descartada.




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