La Audiencia de Zaragoza condena a un padre por delito continuado de agresión sexual a su hija

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Francisco D. J. a 15 años de prisión como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual. Además, y durante 16 años, se le prohíbe aproximarse a ella a menos de 200 metros tanto de su domicilio como del lugar donde se encuentre, de su lugar de trabajo o de cualquier otro donde se hallare, y comunicarse con ella por cualquier medio. Junto a estas medidas, el condenado deberá abonar a su hija una indemnización de 50.000 euros.

La Sala argumenta que pese a su negativa a reconocer los hechos el resultado de la prueba de ADN practicada pone de manifiesto su paternidad, evidencia que hace innegable la realidad de que hubo acceso carnal. (Fundamento de Derecho Primero).

Sobre los delitos de aborto y de maltrato habitual del que era acusado, el tribunal decreta su absolución basándose en los siguientes motivos: Francisco fue acusado del delito de aborto por haber obligado a su hija, gestante, a ingerir una mezcla de lejía y agua como método abortivo. En este punto el Tribunal entiende que no quedó acreditado por los peritos que la ingesta de esa substancia pudiera provocar el aborto y en que la acusación particular y el Ministerio Fiscal elevaron a definitivas, sin modificación alguna, las conclusiones provisionales iniciales, sin hacer referencia, en ningún momento, a que el resultado abortivo fuera debido a la ingesta de fármaco alguno, causa que no está comprendida en la acusación mantenida a lo largo de todo el juicio oral (Fundamento de Derecho segundo).

Por lo que al delito de maltrato habitual se refiere la Sala argumenta que “los actos, golpes, expresiones y amenazas proferidas, tanto las dirigidas a ella como a la madre y hermano pequeño, tenían por objeto atacar la libre determinación de la agredida sexualmente”, y estos actos deben ser penados dentro del delito continuado de agresión sexual. Por tanto, los mismos hechos en relación con la víctima no pueden ser penados como dos delitos distintos.




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