El juez que conoce de un proceso monitorio puede examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora pero no puede modificar su contenido tras declararla nula

CONTRATOS CON CONSUMIDORES. Cláusulas abusivas de intereses de demora. Proceso monitorio. La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 Abr., se opone a una normativa de un Estado miembro que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos necesarios al efecto, examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición. La normativa española controvertida no es conforme al principio de efectividad, pues hace imposible o excesivamente difícil, en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. El art. 6.1 de la misma también se opone a una normativa nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de aquélla. Los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, pero no están facultados para modificar el contenido de la misma. El precepto, si bien reconoce a los Estados miembros cierto margen de autonomía en lo que atañe a la definición del régimen jurídico aplicable a las cláusulas abusivas, les impone expresamente la obligación de establecer que tales cláusulas «no vincularán al consumidor». Es una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.

El TJUE resuelve cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 6.1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 Abr., sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el marco de un litigio relativo al pago de cantidades debidas en ejecución de un contrato de crédito al consumo celebrado entre las partes.




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