Caso GAL - Caso Marey - Sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización criminal ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.

Aunque decían combatir a ETA y «los intereses franceses en Europa», a estos últimos por responsabilizar a Francia de «acoger y permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente», también realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.

La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico nacionalista vasco Deia de la mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar. Ese mismo año, y ya enDiario 16, fue el propio Arques quien continuó la investigación junto con otros periodistas como Melchor Miralles o Pepe Rei. En 1989, a raíz del despido de Pedro J. Ramírez como director de Diario 16 y de la posterior creación de El Mundo, las investigaciones sobre el caso continuaron en dicho periódico (El Mundo), dirigido y creado por Pedro J. Ramírez. Estas investigaciones pretendieron exponer a la opinión pública la organización, fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL.

El caso Marey

En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un cabecilla de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaya. Una hora después del secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de Dancharinea (Navarra).

El 4 de diciembre de 1987 Talbi Mohand y Jean-Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 12 y 8 años de prisión respectivamente por su secuestro. Sánchez había muerto en prisión, según Talbi envenenado. El mercenario del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura superior de policía.

El juicio de Amedo y Domínguez

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra etarras en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar "Batxoki", de Bayona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de San Juan de Luz. También recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefiró la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama.

El abogado defensor de los policías consideró que el tribunal había vulnerado «de manera clara y rotunda el principio de presunción de inocencia». Por otro lado, el abogado de la acción popular presentada por la Asociación contra la Tortura criticó la sentencia, especialmente el rechazo del tribunal a condenar a los acusados por integración en banda terrorista. «Que la sentencia sostenga que Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables, significa negar la posibilidad del terrorismo del Estado.»

Reapertura del caso Marey

Artículo principal: Caso Marey.

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el ex-jefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, por si hubiera alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL.16 Su investigación de los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue encarcelado en diciembre de 1994 acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de fondos públicos, tres días después de que Amedo y Domínguez aportaran al juez Garzón información sobre aquel hecho. También fueron detenidos Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Los partidos políticos manifestaron su preocupación por las repercusiones políticas de la reapertura del caso GAL. Rodrigo Rato, portavoz del PP en el parlamento, declaró: «No estamos ante un tema judicial y penal sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno, dé explicaciones al Congreso sin que sea obligado por la oposición». José Luis Galán, abogado de la acusación popular del caso GAL vinculaba la detención de Sancristóbal con la financiación de los GAL con cargo a los fondos reservados «Nosotros siempre hemos tenido la firme y vehemente sospecha de que Sancristóbal estaba muy cerca no sólo de la financiación, sino de la organización de los GAL». El ex ministro de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando».

En febrero de 1995 Amedo declaraba en una entrevista en Tele 5 que Sancristóbal acabaría por derrumbarse, y que revelaría todo lo que sabía sobre el GAL. Según decía el ex subcomisario, Sancristóbal le había dicho: «Si van a por mí, hundiré al presidente». El Partido Popular solicitaba que el Fiscal General del Estado informara sobre los GAL ante la comisión de Justicia e Interior. El 17 de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983. Mientras el Gobierno manifestaba «perplejidad y dolor» por el encarcelamiento de Vera, el líder de la oposición, José María Aznar, declaraba que «El Gobierno y su presidente tienen ahora ante la opinión pública mucha más responsabilidad política que antes». También ingresó en prisión Ricardo García Damborenea, ex secretario regional de los socialistas vizcaínos, en ese momento próximo al Partido Popular, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato por su presunta implicación en el secuestro de Marey.

El caso Amedo

El 20 de febrero, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la reapertura del sumario principal de los GAL, conocido popularmente como caso "Amedo", sin limitar las posibilidades de investigación, y remitirlo al juez Baltasar Garzón. En sus razonamientos jurídicos la Sala decía textualmente que se reabría el caso con el fin de que «el instructor practique las diligencias que estime oportunas, ante la aparición de nuevos elementos de investigación»y recordando que el Fiscal General del Estado había apuntado la «evidente conexidad de los hechos aparecidos en el sumario 17/89 (secuestro de Segundo Marey) con los instruidos en el 1/88 (caso Amedo)». Desde el Ministerio de Interior se recomendaba dejar trabajar a los jueces, pero se otorgaba poca credibilidad a las declaraciones de Amedo.

El juez Baltasar Garzón ordenó en marzo de 1995 el ingreso en prisión del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de los mismos seis asesinatos frustrados por los que fueron condenados Amedo y Rodríguez, por haber organizado y financiado los atentados de los GAL contra los bares «Batzoki» y «La Consolation», a lo que se añadía el delito continuado de malversación de fondos reservados. El ex jefe del mando antiterrorista Francisco Álvarez quedaba en libertad por falta de pruebas. En mayo Amedo le entregó al juez Garzón una cinta con 20 minutos de una conversación con Sancristóbal que había grabado en secreto, en la que presumiblemente se daba a entender que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL.

En julio de 1995 una resolución de la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional confirma el auto de procesamiento de Rafael Vera, quien sale en libertad bajo fianza, bajo la consideración de que la alarma social por el caso había descendido. Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al ex ministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL, quien al mantener su condición de aforado al entrar en la lista de miembros de la Diputación Permanente del Congreso sólo podía ser procesado por el Tribunal Supremo, siendo necesaria la autorización previa de la Cámara. El 19 de julio Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón en privado la estructura de los GAL. Mencionó la existencia de cuatro GAL: el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del Cesid y el GAL francés, y explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada. Al día siguiente García Damborenea declaró ante Garzón autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey. También implicó a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA. Felipe González negó todas las acusaciones de Damborenea, considerando que era una estrategia que buscaba implicar hasta el más alto nivel buscando una ley de punto final para el GAL, lo que calificó de «disparate». El 21 de julio el PSOE confirmó que González no quería volver a ser candidato a la presidencia, y anunció que su sucesor sería elegido en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre. Una semana después, el juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.

El caso GAL

En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aseguraba en su informe que las imputaciones de García Damborenea contra el presidente del Gobierno no reunían «las condiciones de verosimilitud y fundamentación mínimamente precisas» para solicitar un suplicatorio en su contra. Sin embargo, las imputaciones de cuatro de los procesados contra Barrionuevo eran «precisas, reiteradas y concordantes». El 23 de noviembre de 1995 el Congreso aprobó por 204 votos a favor, 122 en contra y 10 abstenciones la autorización para que el Tribunal Supremo puediera llamarle a comparecer como imputado en el caso GAL.

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad del Estado para salvaguardar la propia. En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras analizar los informes del Cesid, decidió desclasificar algunos de ellos, decisión recibida con satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos desclasificados ya eran conocidos. El gobierno de Aznar comunicó que acataría las decisiones que tomara el Tribunal Supremo.

 

 

Cronología del 'caso Marey', la historia de un secuestro

MADRID.- Los principales sucesos del caso por el secuestro de Segundo Marey, una de las primeras acciones de la "guerra sucia" contra ETA llevada a cabo por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), son los siguientes:

4-12-83:

El ciudadano hispano-francés Segundo Marey es secuestrado en la localidad francesa de Hendaya al ser confundido por los GAL con un cabecilla etarra y es liberado tras diez días de cautiverio en una de la población del norte de España.

23-3-88:

104 profesionales, intelectuales y abogados presentan ante la Audiencia Nacional una querella contra el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez , a los que acusan de ser miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

20-9-91:

La Audiencia Nacional española condena a 108 años de cárcel a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez por otras dos acciones de los GAL, en el primer juicio de la "guerra sucia".

Octubre del 94:

Amedo y Domínguez "se arrepienten" e implican a varios ex mandos policiales y del Ministerio del Interior en las actividades de los GAL. El juez Baltasar Garzón, que meses antes había dejado de ser diputado socialista, reabre el "caso GAL".

16-12-94:

Amedo y Domínguez declaran ante Garzón e implican a altos cargos en la "guerra sucia", presuntamente financiada con fondos reservados del Estado. El entonces presidente Felipe González rechaza haber tenido conocimiento del caso.

19-12-94:

Detenidos el director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez; el ex responsable de la Brigada de Información de Bilbao Miguel Planchuelo y los inspectores de policía de Bilbao Francisco Saiz y Julio Hierro.

17-2-95:

Encarcelados el secretario de Estado Rafael Vera y el jefe de los socialistas vascos, Ricardo García Damborenea.

20-2-95:

La Audiencia Nacional reabre el "caso GAL" para investigar su presunta financiación con fondos reservados.

21-3-95:

Garzón decreta prisión incondicional para Planchuelo por seis delitos de asesinato frustrado y malversación de caudales públicos, por organizar y financiar algunos atentados de los GAL.

14-4-95:

El procesamiento se extiende a catorce personas, acusadas de organizar en septiembre de 1983 los GAL, banda armada supuestamente financiada por el Ministerio del Interior.

10-5-95:

Amedo entrega al juez una cinta grabada en noviembre de 1994 en la que Sancristóbal implicaba a Felipe González.

13-7-95:

Vera sale de la cárcel y Planchuelo, Alvarez, Sancristóbal y Damborenea asumen su implicación en los hechos y acusan a Felipe González, al ex ministro del Interior José Barrionuevo y a varios diputados socialistas.

20-7-95:

García Damborenea asegura que Felipe González conocía la estrategia de los GAL y reconoce haber participado en la creación de este grupo para combatir a ETA en el sur de Francia.

28-7-95:

Garzón remite al Supremo un informe en el que afirma que hay indicios de que González incurrió en un delito de pertenencia a banda armada, como fundador y dirigente de los GAL, y otro de malversación de caudales públicos.

7-9-95:

El Supremo se encarga del caso y los arrepentidos ratifican sus acusaciones ante el juez Eduardo Móner, que pide permiso para investigar al ministro del Interior José Barrionuevo.

23-11-95:

El Congreso autoriza que el Supremo actúe contra Barrionuevo, que es procesado junto a Vera.

29-4-96:

Cuatro días antes de la jura de José María Aznar como presidente del Gobierno, Móner notifica que no es necesario que declare el presidente en funciones, Felipe González, al no existir mas que "meras sospechas" de su responsabilidad en el caso.

29-5-96:

El ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, ya preso, declara ante Móner que Barrionuevo le confesó en 1990 que Felipe González "lo sabía todo" sobre la "guerra sucia".

2-8-96:

El nuevo Gobierno de Aznar decide no entregar los documentos del servicio de espionaje pedidos por los jueces.

22-3-97:

El Supremo pide al Gobierno desclasificar trece documentos secretos de los servicios de espionaje, decisión que acata el Ejecutivo de Aznar.

30-9-97:

La Sala de lo Penal del Supremo comienza el juicio por el "caso Marey" contra Barrionuevo, Vera y otros diez procesados, y excluye a otros investigados por otros sumarios.

16-10-97:

La Fiscalía pide 23 años de cárcel para Barrionuevo y Vera, 22 para Sancristóbal, y penas menores para el resto.

6-3-98:

Los abogados de los procesados invocan la prescripción de los delitos al haber transcurrido más de diez años entre el secuestro y el comienzo del proceso, lo que es rechazado.

3-4-98:

Los abogados de Vera y Barrionuevo piden que testifiquen Aznar y el vicepresidente Francisco Alvarez Cascos, para que expliquen las supuestas reuniones que mantuvieron cuando estaban en la oposición con personas relacionadas con el caso, en una presunta conspiración en su contra.

25-5-98:

Comienza el juicio del "caso Marey".

14-7-98:

El juicio queda visto para sentencia.

29-7-98:

El Supremo condena por el secuestro de Segundo Marey a Barrionuevo, Vera y Sancristóbal a diez años de cárcel; a Francisco Alvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo a nueve años y seis meses; a Ricardo García Damborenea a siete años; a los ex policías Julio Hierro y Francisco Saiz Ojeda a cinco años y seis meses; a los ex agentes José Ramón Corujo y Luis Hens a cinco años, y a Michel Domínguez a dos años y cuatro meses.

12-8-98:

Un grupo de concejales de la localidad de Ciudad Rodrigo pide el indulto para Barrionuevo y Vera.

21-8-98:

Barrionuevo y Vera presentan ante el Tribunal Constitucional recursos de amparo contra la sentencia, respaldados por Felipe González.

10-9.98:

Barrionuevo y Vera ingresan en prisión.

24-9-98:

Ingresan en la cárcel el resto de los condenados.

18-12-98:

El Tribunal Supremo informa a favor de un indulto parcial para todos los condenados salvo Amedo y Domínguez.

23-12-98:

El Gobierno concede el indulto parcial (reducción de un tercio de la pena) y el tercer grado penitenciario a todos los condenados salvo a Amedo y Domínguez, y las autoridades penitenciarias suavizan las condiciones carcelarias a cinco, entre ellos el ex ministro.

24-12-98:

Barrionuevo y Vera, entre otros, salen de prisión en su primer permiso, para pasar la Navidad en casa.

29.12.98:

El Tribunal Constitucional excarcela a a Barrionuevo y Vera hasta que resuelva sus recursos de amparo.

16-3-2001:

El Tribunal Constitucional desestima los recursos de amparo frente a la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo en julio de 1998. 199

81224 19-3-2001:

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recibe las ocho sentencias en las que el Tribunal Constitucional rechaza los recursos de los condenados por el secuestro de Segundo Marey y confirma las condenas para todos ellos.

20-3-2001:

La esposa del ex ministro del Interior, Esperanza Huélamo, rechaza que la nueva dirección del PSOE "no tenga nada que ver" con la situación de su marido y recordó que todos los miembros de la Ejecutiva socialista eran diputados en la época en que Barrionuevo ocupó la cartera de Interior.

22-3-2001:

El Tribunal Supremo da el primer paso para que se cumpla la sentencia por el secuestro de Marey y pide al fiscal, y también a los defensores y acusadores, que digan si están de acuerdo con el cálculo sobre la parte de penas que les queda por cumplir a los condenados.

2-4-2001:

Jose María Luzón, teniente fiscal del Tribunal Supremo, emite un dictamen favorable a la vuelta a prisión del ex ministro Barrionuevo y del ex secretario de Estado Rafael Vera, así como de los otros condenados por el secuestro de Marey, para que terminen de cumplir la pena que les fue impuesta.

24-4-2001:

Los abogados de los ex policías, Miguel Planchuelo, Francisco Sáiz Oceja, Julio Hierro, Luis Hens y Juan Ramón Corujo, condenados por el Caso Marey, solicitan al Tribunal Supremo, en su informe de liquidación de condenas, la remisión condicional de las penas que les quedan por cumplir al ser todas inferiores a dos años.

27-4-2001:

El Tribunal Supremo solicita a Segundo Marey que diga si está de acuerdo con que se conceda a José Barrionuevo y a Rafael Vera un segundo indulto para la parte de la pena que aún tienen pendiente de cumplir por aquellos hechos.

16-5-2001:

La Ejecutiva Federal del PSOE manifiesta en un comunicado que respeta la decisión del Tribunal Supremo de ordenar el reingreso en prisión de Barrionuevo y Vera.

30-5-2001:

El ex ministro de Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera y otros tres ex altos cargos de Interior condenados por el secuestro de Marey salen de la cárcel sólo nueve horas después de haber ingresado. De esta forma, en el tiempo que les queda de condena no dormirán ni una sola noche en prisión y sólo tendrán que ir a firmar dos veces por semana.




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