Condenan a un Policía por intentar trasladar la responsabilidad de una multa de tráfico a un ciudadano no presente

Delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario. Son tres las formas comitivas que se recogen en el artículo 197.2 CP que a Sala sentenciadora aplica: a) el apoderamiento, utilización o modificaciónde los datos que hemos descrito; b) el mero acceso; y c) la alteración o utilización. Pero todas ellas exigen que la obtención de los datos lo sea desde el archivo o registro público en el que se almacenan, por lo que quedan fuera de su órbita de aplicación otras fórmulas de utilización que excluyan haber rebasado la barrera de protección que implica el registro que los alberga. En este sentido ya dijimos en la STS la STS 525/2014 de 17 de junio con referencia a la 990/2012 de 18 de octubre, que las tres modalidades de actuación recogidas en el artículo 197.2 exigen el previo acceso al registro que almacena la información.

 

La Sala sentenciadora subsumió los hechos en los artículo 197.2 y 198 delCP porque consideró probado que el acusado utilizó los datos reservados de la víctima que obtuvo mediante el acceso, por si o mediante persona interpuesta, a las bases de datos que tenía a su disposición comofuncionario de policía. Sin embargo no concreta a que aplicación o aplicaciones accedió, y desconocemos cual o cuales podían contener esa información. Esa incógnita que la prueba practicada en las presentes actuaciones no ha conseguido disipar, plantea como posibles otras alternativas razonables respecto a la obtención de unos datos que incluso el acusado pudo conocer al margen de su entorno profesional. En definitiva los indicios apreciados dan cabida a otras hipótesis que exceden de la acusación que se formuló contra aquel y de los perfiles del tipo que se aplica.

 

Sin embargo el resto de las conclusiones probatorias que alcanzó la Sala sentenciadora se encuentran firmemente asentadas como consecuencia de prueba bastante para desvirtuar la presunción de inocencia en relación a una secuencia fáctica que, prescindiendo del extremo que acabamos de analizar, sustenta unos hechos de incontrovertible tipicidad como constitutivos de un delito de estafa intentada.

 

La estafa requiere un engaño que debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de disposición y éste ha de ser la causa del perjuicio patrimonial. Y así fue en este caso, el engaño indujo al error que fue el originador del acto de disposición, la resolución administrativa que impuso la sanción pecuniaria que, de haberse perfeccionado el delito, lo habría sido en perjuicio de la Sra. Mercedes en cuanto que cabría incluso la posibilidad de una realización forzosa sobre su patrimonio. Aunque no concurre la judicialidad del proceso, lo que impide plantear la aplicación del subtipo agravado del artículo 250,7º CP , se reproduce en este caso la estructura propia de la estafa procesal, que según reiterada jurisprudencia participa de los presupuestos generales de la estafa ( SSTS 72/10 de 9 de febrero ; 366/12de 3 de mayo , 860/2013 de 26 de noviembre ó 720/2014 de 22 de octubre , o 126/2016 de 23 de febrero , entre otras) y se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el titular del órgano judicial a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución, que de otro modo no hubiera sido dictada. No coinciden la persona del engañado (el juez en aquella y la Administración municipal en nuestro caso), con quien sufre el perjuicio (el particular afectado), pero en cualquier caso es la primera quien por el error inducido ordena realizar el acto de disposición en sentido amplio. Principio acusatorio: supone que todos los elementos que ha de contener el escrito inicial de calificación acusatoria, o las modificaciones que hayan podido introducirse posteriormente una vez celebrada la prueba en el acto del juicio oral, sean vinculantes en términos absolutos para el juez o tribunal que ha de sentenciar. De esta manera la inclusión en el relato de hechos probados de la posible intervención de un tercero, siempre a instancias del Sr. Saturnino , en la confección del texto a través del que seidentificaba falsamente como conductora a quien no lo había sido, no puede entenderse una alteración sustancial ni la incorporación de un hechoextraño a los que fueros delimitados por las acusaciones y objeto de debate en el juicio. No cercenó las posibilidades de defensa del recurrente que ni siquiera especifica que diligencia de prueba hubiera podido proponer y no lo hizo, o que distinta orientación hubiera podido seguir su estrategia de defensa.

 

Lo decisivo a efectos de la lesión del artículo 24.2 CE es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos, pues lo determinante es verificar que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo. Lo recordaba la STS 133/2014 de 22 de julio . En este caso no fue así, la eventual intervención de un tercero en la cumplimentación del escrito que nos ocupa estaba implícitamente abordada en los escritos de acusación ( STEDH Pérez Martínez c. España de 23 de febrero de 2016 ), fue objeto de debate en el juicio y de ella pudo defenderse el acusado.

 

Dilaciones indebidas (doctrina de la Sala). Costas de la acusación particular.

Se adjunta sentencia.




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