Prinicipio de Legalidad. Caracteres

Prinicipio de Legalidad. Caracteres

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Categorías: Derecho Penal

AUTO 382/2007
Nº de Recurso:1818/2006
Fecha Auto: 01/03/2007
Ponente Excmo. Sr. D.: Perfecto Andrés Ibáñez




El recurrente alega que pese a tratarse de una cantidad mínima de drogas, de tener la capacidad volitiva afectada y carecer de antecedentes penales, se le ha impuesto a Manuel la pena de tres años de prisión. Invoca, además, el Acuerdo del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005, en el que se propone modificar la redacción del artículo 368 del Código Penal, para que se añada que cuando las cantidades de droga sean módicas, la pena a imponer se han de ser extender de seis meses a dos años, cuando se trate de sustancias que no causan grave daño a la salud y de dos a cinco si lo fueran. Además, estima que la atenuante de drogadicción debería haberse apreciado como muy cualificada.


B) El principio de legalidad supone, como señala la STC 111/1993, una concreción de aspectos propios del Estado de Derecho en el ámbito sancionador. Como señala, en este sentido se vincula ante todo con el imperio de la Ley como presupuesto de la actuación del Estado sobre los bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el derecho de los ciudadanos a la seguridad (STC 62/1982, fundamento jurídico 7º), previsto en la Constitución como derecho fundamental de mayor alcance, así como la prohibición de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los Tribunales que garantizan los artículos 24.2 y 117.1 de la CE., especialmente cuando éste declara que los Jueces y Magistrados estás "sometidos únicamente al imperio de la Ley".


De todo ello se deduce que el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador estatal implica, por lo menos, estas tres exigencias: la existencia de una Ley (lex scripta); que la Ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la Ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa); lo que significa la prohibición de extensión analógica del Derecho penal al resolver sobre los límites de la interpretación de los preceptos legales del Código penal (SS.TC. 89/1983, 75/1994, 159/1986, 133/1987 y 199/1987, entre otras). Por otra parte, este Tribunal (SS.TC. 62/1982 y 53/1985, Fundamento Jurídico Décimo) ha considerado que la cuestión de la determinación estricta o precisa de la Ley penal se encuentra vinculada con el alcance del principio de legalidad. (STS de esta Sala de 18 de marzo de 1997).
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El Acuerdo de esta Sala no pasa de ser una propuesta vinculada a través de la posibilidad que otorga el artículo 4. 3º del Código Penal, que evidentemente, en tanto no se produzca su aprobación por el órgano legislativo, y tras los trámites correspondientes, no puede vincular a los Tribunales.


Así la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, número 606, ante una alegación idéntica, vino a decir "la cuestión que el motivo suscita y en la forma en que es planteada rebasa las posibilidades revisoras en casación de esta Sala, porque en la revisión de la mera aplicación de la Ley, que es la función que tiene atribuida y le compete, no puede entrar más que a comprobar la corrección con que se haya aplicado en el caso concreto la determinación de la pena, pero no entrar en apreciaciones que tan solo al legislador corresponden, como es la determinación legal de los tipos penales y las penas que a cada uno han de corresponder. A lo sumo podría el juzgador hacer uso de la facultad que le atribuye el artículo 4.3 del Código Penal de acudir al gobierno, sin perjuicio de ejecutar la pena, cuando la impuesta sea notablemente excesiva atendiendo al mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo."

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