Declaración de Error Judicial. Prisión preventiva sufrida. Requisitos

Recurso Nº:20704/2011
Ponente Excmo. Sr. D.: Alberto Jorge Barreiro
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo
AUTO: 13 Diciembre 2011

ASUNTO: Declaración de error judicial. Caducidad.


PRIMERO.- Con fecha 24 de octubre se presentan en el Registro General de este Tribunal Supremo, dos escritos de la Procuradora Sra.G., uno en nombre y representación de Marius, y otro en el de Gintaras interponiendo en ambas demanda de error judicial, en ninguna se aporta documentación alguna ni tan siquiera la resolución en la que reprochan el error judicial, ambas demandas son de idéntico contenido y sostienen que la sentencia absolutoria dictada el 26 de abril de 2011 por la Audiencia Provincial de Valencia pone de manifiesto la insuficiencia de la identificación de los acusados como prueba de cargo y evidencia el error cometido en el auto del Juzgado nº 8 de Gandía al decretar su prisión provisional, precisamente por estimar suficiente la identificación de los detenidos. Ante la falta de testimonio de las citadas resoluciones y según el relato de los demandantes, el Juzgado nº 8, tras dictar un único Auto de fecha no suficientemente concretada pero entre el 28 de septiembre de 2009 -fecha de la detención- y 2 de octubre de 2009, por auto de esta última fecha, se inhibió al Juzgado de Instrucción nº 5 de la misma localidad, por ser el que se encontraba de guardia en la fecha de los hechos, aceptado éste la competencia en fecha 5 de octubre. En consecuencia es evidente que si se imputa el error al Juzgado nº 8, es imposible que se cometiera en un auto de fecha 30 de octubre cuando dicho Juzgado se inhibió en fecha 2 de octubre y el Juzgado nº 5 aceptó la inhibición el 5 del mismo mes. No obstante, teniendo en cuenta que en su argumentación los demandantes aluden al auto por el que se acordó la prisión provisional, podemos entender que fuera la fecha que fuera (en el punto cuarto parece que se sitúa en fecha 1 de octubre) se trata del primer auto y único dictado por el Juzgado nº 8 de Gandía. Y siendo así, de lo argumentado por el recurrente, resulta que dicho auto del Juzgado nº 8, fue confirmado en reforma por auto de 20 de octubre dictado por el Juzgado nº 5 de Gandía. Además, existió una nueva petición de libertad, desestimada por auto de 22 de septiembre de 2010 sin que se exprese si fue dictado por el Juzgado de Instrucción o por el Penal de Gandía y por último, una vez que la causa ya estaba en la Audiencia Provincial, ante otra solicitud de libertad, la Sección Segunda dictó otro auto desestimatorio de fecha 23 de febrero de 2011. La demanda se fundamenta en la contraposición del Fundamento Jurídico Segundo del primero auto y el Quinto Fundamento de la sentencia absolutoria. Así, en el primero se dice para justificar la prisión provisional que los "indicios" de la participación de los detenidos en los hechos denunciados, consisten en la coincidencia de los datos que constan en la denuncia del Sr. Montesinos y el atestado en cuanto a los rasgos externos, altura, peso, etc, así como en la procedencia de un país del este europeo por su acento, que fueron refrendados "de forma absolutamente segura y sin ninguna duda en el reconocimiento en rueda practicado, donde de forma indubitada ha sido reconocido por los dos perjudicados...", y en el reconocimiento producido "incluso por la calle". Por todo ello, el Juzgado de instrucción estimó que los indicios tenían una credibilidad tan elevada como para justificar la medida de prisión provisional. Por el contrario, en la sentencia parece ser que se consideró que el citado reconocimiento de los acusados por parte de los denunciantes, carecía de los requisitos necesarios para su validez y que la versión de los denunciantes (acusación particular) de que los acusados, un mes antes de la detención habían asaltado su casa maniatando y robándoles a él y a su esposa, no se consideró corroborada por hechos objetivos periféricos de tal forma que no fue prueba apta para destruir la presunción de inocencia.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, por escrito de 17 de noviembre, dictaminó: "...En este caso, no concurre ni uno solo de estos requisitos como lo evidencia el solo hecho de que el Auto cuestionado fue confirmado en reforma por otro Juzgado de Instrucción, a la vez que existen otros dos pronunciamiento de idéntico contenido, en cuanto mantenían la medida de prisión provisional, uno de ellos de la misma Sala que posteriormente y tras la celebración del juicio, dictó sentencia absolutoria. De ello, intervención de cuatro órganos jurisdiccionales distintos, se desprende que el supuesto error, en modo alguno pudo ser patente, claro o evidente.
Por lo expuesto, el Fiscal interesa de la Sala la inadmisión a trámite de la demanda por falta de competencia..."

TERCERO.- Con fecha 4 de noviembre, la Abogacía del Estado, presentó en el Registro General de este Tribunal Supremo, escrito solicitando su personación y así se le tuvo por personado y parte, por resolución de 25 de noviembre.
II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Se ejercita demanda para la declaración de error judicial frente a lo actuado por el Juzgado nº 8 de Gandía al decretar la prisión provisional de los dos demandantes, auto confirmado en reforma por el de 20 de octubre dictado por el nº 5 y una nueva petición de libertad desestimada por auto de 22.09.10 sin que se exprese por quien fue dictado y, por último, una vez que la causa se encontraba ante la Audiencia Provincial se dictó auto desestimatorio de 23.02.11 y, por último, se dictó sentencia absolutoria el 26 de abril de 2011 por falta de material probatorio, sentencia que ganó firmeza el 27 de junio de 2011. El escrito ante esta Sala se presentó en el Registro General de este Tribunal Supremo el 24 de octubre de 2011 interponiendo esta demanda, reclaman por el tiempo que estuvieron privados de libertad.
SEGUNDO.- La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, en cumplimiento de lo ordenado en el art. 121 de la Constitución, ha configurado diversos mecanismos dentro del Título V del Libro III dedicado a "la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia" (arts 292 a 297, ambos inclusive) destinados a que se produzca el efectivo resarcimiento patrimonial en los dos supuestos contemplados en su art. 292.1: a) daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial y b) los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, doble vía que tiene un tratamiento procesal distinto.
En el supuesto de error judicial se precisa una previa declaración judicial que reconozca la existencia del mismo, art. 293.1 de la LOPJ. En el segundo supuesto, el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, basta con formular petición indemnizatoria ante el Ministerio de Justicia, art. 293.2. El demandante acude a la primera vía.
La Jurisprudencia de esta Sala ha tenido ya múltiples ocasiones de pronunciarse sobre el significado que debe reconocerse al concepto " error judicial" y ha mantenido invariablemente (SS entre otras muchas, de 26/05/92; 02/07/92; 30/03/93; 28/01/98 y 03/03/98 y Autos del Tribunal Supremo de fecha 17/12/03; 12/06/08 y 12/11/07) que debe ser interpretado con un criterio restrictivo para evitar que el proceso se convierta en una tercera instancia o en una casación encubierta.
Sólo podrá incluirse en el art. 293 LOPJ el error judicial en la fijación de los hechos que sea claro y evidente, como cuando los hechos incorporados a la declaración probada o indiciaria han sido tenidos por existentes de forma absolutamente gratuita y caprichosa, por no tener los mismos relación alguna con la actividad probatoria desarrollada en el proceso.
En cuanto al error jurídico, para que sea subsumible en la categoría del error judicial que contempla el citado art. 293, será preciso que la aplicación de la norma al caso enjuiciado haya sido disparatada, extravagante o desprovista de todo fundamento legal y doctrinal.
Consecuencia de lo que se acaba de expresar es, como se señala en el Auto de esta Sala de fecha 26/04/07 (Recurso número 20036/2007), que no puede considerarse constitutivo de error judicial la interpretación de una norma o la resolución judicial llevadas a cabo de forma motivada y que cuenten con un fundamento razonable.
Es decir, para que pudiera prosperar una solicitud como la que se examina sería necesario que la opción del juez o tribunal contestada estuviera desprovista de todo fundamento legal, doctrinal o probatorio, fuera, en suma, claramente arbitraria.
En este caso, el plazo para ejercitar la acción de error, de acuerdo con el art. 293-1º letra a) de las LOPJ es de tres meses a partir del día que pudo ejercitarse. En supuesto que nos ocupa, desconociéndose la fecha de notificación de la sentencia y partiendo del auto declarando la firmeza de 27 de junio y la presentación en el Registro General de este Tribunal de la demanda el 24 de octubre de 2011, resulta que ha sido planteada extemporáneamente, un mes después dado que el plazo es de caducidad (ver sentencia de 26 de mayo y 5 de octubre de 1987, 19 de mayo de 1989, entre otras muchas y más reciente auto de 11.05.10 error judicial 20756/09.

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