Dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias. Doctrina general

Sentencia Nº: 1.222/2006
RECURSO CASACION Nº:1174/2006
Fecha Sentencia: 14/12/2006
Ponente Excmo. Sr. D.: Diego Ramos Gancedo


ASUNTO: Dolo de segundo grado, o de consecuencias necesarias

PRIMERO.- La sentencia que ahora se recurre en casación condenó al acusado como autor de un delito de tráfico de drogas y le absolvió del delito de resistencia a Agente de la Autoridad del art. 556 C.P. que también le imputaba la acusación pública.
Este pronunciamiento absolutorio es el objeto del recurso que interpone el Ministerio Fiscal a través de un solo motivo articulado por la vía del art. 849.1º L.E.Cr., por incorrecta falta de aplicación del mencionado precepto del C.P., fundamentando la censura casacional, como premisa de carácter fáctico, en el contenido de la declaración de Hechos Probados de la sentencia, que establece que "sobre las 23,30 horas del día 4 de marzo de 2.003, Julio, mayor de edad y con antecedentes penales susceptibles de cancelación, se encontraba en la confluencia de la calle Barco con la calle Pueblo de esa capital, cuando en un momento determinado se sacó de la boca cuatro bolsas que contenían una sustancia que, una vez analizada, resultó ser cocaína (sustancia que causa grave daño a la salud) y se las ofreció en venta a los agentes de la policía nacional con carnet profesional número 80.042 y 87.038 que se encontraban de paisano realizando funciones de vigilancia y prevención de tráfico de sustancias estupefacientes. El acusado, al ser detenido por los citados Agentes, dio un empujón al Policía con carnet número 87.038 tirándole al suelo y salió huyendo, siendo detenido posteriormente por el otro funcionario de Policía".
El Tribunal de instancia sustenta la absolución del delito de resistencia en la consideración de que no concurre el requisito subjetivo o intencional por parte del acusado de querer menospreciar el denominado principio de autoridad, pues lo que realmente quería el acusado era huir del lugar de los hechos para no ser detenido, reaccionando de forma instintiva dando empujón a uno de los Policías, a quien tiró al suelo sin causarle ningún tipo de lesión ni daño físico.
Sin embargo, el hecho de que el propósito del acusado fuera el de huir de los policías que se habían identificado como tales (fundamento de derecho segundo) cuando procedían a su detención, no empece la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, puesto que la acción agresiva se ejecuta cuando el sujeto activo ya tiene conocimiento de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y es indiscutible que habiéndose identificado los agentes como tales y sido consciente de ello el acusado, se cumplen las exigencias del elemento cognitivo del tipo. Pero también, el elemento subjetivo, integrado por el dolo -directo o indirecto- de ofender o desconocer el principio de autoridad, que "va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido" (STS de 7 de mayo de 1.988), entendiéndose que quien agrede conociendo la condición del sujeto pasivo "acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado" (STS de 31 de mayo de 1.988, con cita de otras) matizándose que "la presencia de un animus o dolo específico ... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder" (STS 431/94, de 3 de marzo; lo mismo en SS.T.S. 602/95, de 27 de abril y 231/2001, de 15 de febrero). También la Sala Segunda ha declarado que tal ánimo se presume (SS.T.S. de 16 de junio de 1.989, 12 de septiembre de 1.991 y 19 de noviembre de 1.992) y que "el dolo de este delito, en tanto conocimiento de los elementos del tipo objetivo contiene ya todos los elementos que demuestran que el autor quiso obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien sabe que se está desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la autoridad que el agente representa" (STS de 9 de junio de 1.990), sin que se requiera "una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción" (STS de 22 de febrero de 1.991). No obstante, puede excluirse tal ánimo cuando existan datos objetivos "que acrediten o al menos permitan conjeturar que el agente, al proceder como lo hizo, no tuvo la intención de atentar o desprestigiar el principio de autoridad, sino que actuaba por razones estrictamente personales u otras totalmente ajenas a la función pública o a la condición profesional de la víctima" (STS de 15 de septiembre de 1.989), o sea, "que se prueba la existencia de un móvil divergente, que, por su entidad, vendría a anular ya no sólo el dolo, sino el propio injusto de este delito" (STS de 4 de julio de 1.991), circunstancias estas últimas que son ajenas al supuesto actual.
Todavía la estimación del motivo se hace más imperiosa si atendemos al soporte jurisprudencial en que la sentencia impugnada cita al referirse a la que habla de la conducta del que no se deja detener haciendo caso omiso de las órdenes de alto, ha de tenerse en cuenta que no está castigado en los artículos 468 y 469, ni puede ser constitutivo de un delito de desobediencia, en cuanto que la huída subsiguiente a un delito, queda absorbida por éste, de modo que sólo se castigará en casos de resistencia a ser detenido (SS.S.T. de 11 de marzo de 1.976, 28 de enero de 1.982 y 17 de septiembre de 1.988).
Resulta palmario que en el supuesto examinado estamos justamente ante la última situación citada, cuando no sólo se desobedece sino que se emplean las vías de hecho para impedir mediante el empleo de la violencia física la legítima y obligada actuación policial. En este sentido resulta especialmente oportuna la STS de 8 de octubre de 2.004, citada por el Fiscal, cuando afirma que "el ánimo de huir no elimina el conocimiento de que se está actuando de modo violento contra unos funcionarios que se encuentran en el ejercicio de los deberes de su cargo. Esa intención final en la conducta de Cristóbal (huir), elimina el dolo directo de primer grado, pero no el dolo directo de segundo grado, también llamado dolo de consecuencias necesarias".
La conducta del acusado se incardina, pues, en el tipo de resistencia activa no grave a la autoridad o sus agentes del art. 556 C.P. que le imputaba el Fiscal, y, en consecuencia, el motivo debe ser estimado, casándose la sentencia de instancia y dictándose otra nueva por esta Sala en la que se califiquen los hechos, también, como constitutivos de dicho ilícito penal, imponiéndose al acusado por el mismo la pena de siete meses de prisión interesada por el Ministerio Fiscal, que consideramos proporcionada a la entidad mínima de la agresión y a sus nulas consecuencias en la integridad corporal del funcionario policial que sufrió el acometimiento.

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