Conocimiento antijuridicidad del hecho. Error de prohibicion

Sentencia nº: 237/2007
Recurso nº: 2051/2005
fecha: 21/03/2007
Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca


RESUMEN: Descubrimiento de secretos. Conocimiento de la antijuricidad del hecho.- Error de prohibición.-


TERCERO.- En el tercer motivo denuncia la inaplicación
indebida del artículo 14 del Código Penal, pues sostiene que instaló el
programa en el ordenador con el pleno convencimiento de que era legal y
que no estaba cometiendo ilícito alguno. No ha podido traer como testigo
al Abogado que lo asesoró en ese sentido, pero la existencia del consejo
ha venido avalada por tres testigos. Afirma que desconocía la
antijuricidad del hecho.

El error de prohibición se configura como el reverso de la
conciencia de antijuridicidad y aparece cuando el autor del delito actúa
en la creencia de estar actuando lícitamente. Será vencible o invencible
en la medida en la que el autor haya podido evitarlo, en atención a las
circunstancias y a las características y complejidad del hecho. El primero
supone una disminución de la pena y el segundo excluye la responsabilidad
criminal, según dispone el artículo 14 del Código Penal.

El error de prohibición queda excluido si el agente tiene
normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha que su
conducta integra un proceder contrario a Derecho, aun cuando no pueda
precisar la sanción o la respuesta concreta del ordenamiento a esa forma
de actuar. Por lo tanto, basta con que el sujeto tenga conciencia de una
alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad
absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca
que su acción es típica; por ello, no es aceptable la invocación del error
en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente, de forma
que en atención a las circunstancias del autor y del hecho pueda afirmarse
que en la esfera de conocimientos del profano conocía la ilicitud de su
conducta. (STS nº 1171/1997, de 29 de setiembre, y STS nº 302/2003).

Por otra parte, no es suficiente con la mera alegación del
error, sino que es preciso que su realidad resulte con claridad de las
circunstancias del caso.

Parece evidente que cualquier persona sabe que el acceso a
las comunicaciones íntimas y personales de otra afecta a su intimidad, e
igualmente, que la esfera más íntima del sujeto está protegida por la ley
de la invasión de terceros no autorizados. Asimismo es notorio que las
cuestiones relativas a la vida sexual de la persona constituyen parte del
núcleo del concepto de intimidad. Es evidente también que la relación
conyugal, o las equiparables a ella, incluso aunque no se encuentre en
trámites previos a la separación, no autoriza el acceso a los secretos del
otro integrante de la pareja. Desde este punto de vista no puede aceptarse
la alegación del desconocimiento de la ilicitud.

El recurrente afirma, por otro lado, que no era su
intención invadir la intimidad sino proteger a la hija de ambos. El dolo
de consecuencias necesarias es suficiente para el tipo subjetivo. El
recurrente sabía que actuando de esa forma, es decir, accediendo al
contenido de las comunicaciones privadas de su esposa, invadía su
intimidad, de forma que su intención final no era relevante respecto del
dolo. De otro lado ya ha sido tenida en cuenta por el Tribunal, que ha
apreciado una atenuante como muy cualificada al estimar una menor
culpabilidad en el hecho.

Finalmente, afirma que se había asesorado técnicamente
consultando a su abogado. Sin embargo, esta es una cuestión de hecho que
no ha sido declarada probada por el Tribunal, entre otras razones por la
imposibilidad de contar con el testimonio del mencionado letrado. Aun
cuando el Tribunal pudiera entender que había mediado una consulta
jurídica, no consta debidamente si se refería a la utilización del
programa, aspecto respecto del que argumenta reiteradamente el recurrente,
o si se refería más concretamente al acceso al contenido de los correos y
comunicaciones íntimas y personales de su esposa. Es decir, que no consta
precisamente el contenido y alcance del asesoramiento. En cualquier caso,
finalmente, la ilicitud de la conducta es de tal claridad que un eventual
consejo de terceros no excluiría la culpabilidad del acusado.

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