Objeto del recurso y Adhesion al R.Casacion. Acuerdo Pleno 2005

Sentencia Nº. 8/2010 
Recurso N°. 693/2009 
Fallo: 13/01/2010 
Ponente Excmo. Sr. D.: Andrés Martínez Arrieta 


Resumen: Objeto del Proceso y Adhesión al recurso de casacion. Doctrina de la Sala. Acuerdo Pleno 27 de abril de 2005. 



La defensa del Lehendakari al tiempo de la resolución recurrida de forma expresa como cuestión preliminar, y el Ministerio fiscal de forma implícita en el escrito de impugnación, plantean un nuevo objeto del recurso. En efecto, el escrito de impugnación del Ministerio público, tras impugnar los recursos formalizados desarrolla el estudio de la cuestión de fondo del objeto del proceso para postular la confirmación del Auto recurrido, interesando el sobreseimiento de la causa por falta de tipicidad de los hechos de la acusación. La representación procesal del Lehendakari en el momento del enjuiciamiento de los hechos plantea, como cuestión preliminar a la impugnación, la vulneración de derechos fundamentales ante la falta de tipicidad manifiesta de la conducta objeto de la acusación. 

Ambas partes procesales desarrollan su argumentación con trascripción de resoluciones de esta Sala que en supuestos coincidentes con el que es objeto de la acción ejercitada determinó la falta de tipicidad del hecho, y acordaron el sobreseimiento de la querella presentada contra el Presidente del Gobierno. Los dos escritos argumentan sobre la lesión de los derechos fundamentales de los querellados y acusados que se ven inmersos en un procedimiento penal, como acusados en el juicio oral, por unos hechos respecto a los que la Sala II del Tribunal Supremo, tanto con carácter general, al analizar el delito de desobediencia, como de forma especifica, al analizar la tipicidad en el delito de desobediencia el mantenimiento de conversaciones con miembros de un partido ilegalizado, han establecido unos requisitos de los que resulta la atipicidad y la ausencia de relevancia penal de esas conversaciones, en los términos que se acusó. En ese sentido la falta de tipicidad es tan patente que estar sentado en el banquillo de los acusados, por hechos atípicos de acuerdo a la reiterada jurisprudencia, lesiona los derechos fundamentales que invoca para pedir el sobreseimiento de la causa. 

La pretensión de ambas partes solo puede ser entendida como adhesión al recurso en el sentido amplio de la adhesión que propicio la STC 50/2002, de 25 de octubre de 2002 y que ha sido recogido por la jurisprudencia de esta Sala en SSTS 205 y 250 de 2004 y STS 1618/2000, de 19 de octubre y en el Auto de 29 de marzo de 2001, en los términos que veremos. Estas partes procesales en el inicio del juicio oral plantearon el sobreseimiento de los hechos de la acusación, por falta de tipicidad. Ante la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia, sobreseyendo por falta de legitimidad de la acusación particular, carecen de gravamen para recurrir, porque el objeto procesal ha sido sobreseído con una argumentación que pueden no compartir, total o parcialmente como en el caso del Ministerio Fiscal, pero el sobreseimiento acordado les impide recurrir por ausencia de gravamen. Recurrida la resolución de sobreseimiento por las acusaciones populares, postulan ante esta Sala, en tiempo procesal hábil, un nuevo objeto procesal, la pretensión de sobreseimiento por falta de tipicidad de los hechos y lesión de derechos fundamentales que ya fue mantenida por el Ministerio fiscal y la defensa de los querellados en la instrucción y en el juicio oral. Esa pretensión la materializan en este recurso a través del planteamiento de un nuevo objeto procesal en la casación que contiene los elementos de la adhesión al recurso formalizado por otra parte procesal, aunque formalmente no empleen ese término. 

La situación producida por la pretensión de la defensa del Sr. Ibarretxe, y en menor medida por el Ministerio fiscal, puede ser solucionada desde la consideración de lo que deba entenderse por objeto del recurso de casación. El objeto del proceso penal es un concepto dinámico que se integra de forma distinta en cada fase procesal. Así, durante la instrucción, el objeto de la investigación lo proporciona la "notitia criminis" y las sucesivos hechos que a lo largo de la instrucción aparezcan con contenido penal para enmarcar la investigación judicial. En el enjuiciamiento, el objeto procesal lo determinan los escritos de calificación de las partes del proceso, de manera que la aparición de hechos nuevos en el juicio oral determinará, bien su inclusión en el proceso, si tienen conexión o la deducción del testimonio para su investigación y, si procediera, enjuiciamiento, teniendo previsto la Ley procesal, especiales prevenciones, arts. 746, 733, etc, que aseguran la observancia del objeto del juicio según las calificaciones de las partes. En la fase de recursos, el objeto se integra por las pretensiones de las partes que a través de sus recursos y de las impugnaciones delimitan el conocimiento del órgano jurisdiccional encargado del estudio del recurso, de manera que corresponde al recurrente, y en su caso al adherente, señalar el ámbito del conocimiento del recurso, qué es lo que recurre y porqué lo recurre, esto es, el ámbito que interesa a la parte recurrente cuestionar ante el Órgano superior encargado de la revisión, el cual limita su conocimiento a los extremos interesados en la impugnación, deviniendo los restantes firmes, por no aparecer discutidos en la impugnación y aparecer al margen del objeto del recurso. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la regulación de la adhesión en el recurso de casación en los arts. 861, 873, 874 y 882. En el primero, en su Ultimo párrafo, refiere que "la parte que no haya preparado el recurso podrá adherirse a el en el termino del emplazamiento, o al instruirse del formulado por la otra, alegando los motivos que le convengan" y el art. 882.1, "Dentro del termino señalado para la formación de la nota por el art. 880, el fiscal las partes se instruirán y podrán impugnar la admisión del recurso o la adhesión al mismo". 

De la regulación de la adhesión resulta que pueden adherirse, y formalizar el recurso, aquellas partes del proceso penal que conforme al art. 854 de la Ley procesal estén legitimados para la preparación del recurso y su formalización, consistiendo la especialidad de la adhesión en que el mismo puede ser empleado por las partes que no hayan preparado el recurso de casación. 

El principal problema que plantea la adhesión es el de señalar su contenido, respecto al que caben dos opciones: la de considerar que la adhesión es un recurso supeditado, coadyuvante y enconsertado al recurso principal al que se adhiere, o, por el contrario, la adhesión se plantea como una impugnación nueva, desvinculada a la del recurso principal sobre el que se ha estructurado. 

La jurisprudencia tradicionalmente mantuvo una interpretación estricta estableciendo una vinculación de esa naturaleza con el recurso principal. Esta situación se modifica con la STC de 25 de febrero de 2002 que propició una nueva interpretación de la adhesión, y esa nueva jurisprudencia del Constitucional ha replanteado la posición del Tribunal Supremo, propiciando una salida procesal respecto a los supuestos, como el del acusado absuelto que sin estar de acuerdo con el hecho probado, carece de gravamen para recurrir, o en el de la acusación que no puede recurrir frente a una sentencia que condena de acuerdo a su pretensión, a pesar de una argumentación de la que discrepa, u otras situaciones que pueden producirse en casos resueltos con doble grado de jurisdicción. El desarrollo argumental de esta concepción de la adhesión al recurso se ha desarrollado en varias Sentencias, la 1618/2000, de 19 de octubre, y el posterior Auto de de 29 de marzo de 2001, la 205/2004, de 18 de febrero, la 250/2004, de 26 de febrero, la 797/2006, de 20 de julio, con el argumento destacado de "El objeto de la impugnación casacional se contrae al contenido de los escritos de formalización y el de impugnación en el que las partes pueden, y deben, expresar, respectivamente sus discrepancias con la Sentencia recurrida y con la impugnación e, incluso, reproducir ante esta Sala la disensión que en su día se articuló a través de la apelación realizada en previsión de una hipotética estimación del recurso planteado frente a una nulidad declarada. Así, de esta manera, satisfaremos los derechos e intereses de las partes en el enjuiciamiento y la necesidad de resolver definitivamente el objeto del proceso en un plazo razonable por los órganos jurisdiccionales del orden penal en el que, como se dijo, se integra esta Sala como órgano jurisdiccional superior". 

Esta interpretación se consolida en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala II de 27 de abril de 2005 en la que se plantearon tres alternativas posibles en la interpretación de la adhesión: la mas estricta, que limita la admisión de la adhesión al mismo sentido del recurso principal, es decir si coincide o lo apoya. La mas amplia, acogida por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía la subsistencia de la adhesión aunque el recurso principal hubiera desistido. O una intermedia, recogida en la ley del Jurado (art. 846 bis b), al regular el recurso de apelación supeditado en el cual el desistimiento del recurrente principal pone fin a todo procedimiento y con ello al tramite de la adhesión. Se acuerda "admitir la adhesión en casación supeditada en los términos previstos en la Ley del Jurado, arts., 846 bis b), bis d) y bis e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este Acuerdo ha sido desarrollado en la STS 577/2005, de 4 de mayo.

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