Impugnacion Juicios de valor

Impugnacion Juicios de valor

Última actualización de en Eleazar Robaina Espinosa

Categorías: Derecho Penal

Sentencia: 947/ 2007fecha: 12/11/2007Ponente: Manuel Marchena GómezRecurso: 861/2007
RESUMEN: RECURSO DE CASACIÓN: impugnación de juicios de valor. Prueba indiciaria.
Una vez más, la impugnación casacional de los juicios de inferencia –en este caso, la preordenación al tráfico- suscita el viejo debate acerca del cauce idóneo para hacer valer la discrepancia, sobre todo, en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia proclama la concurrencia de un elemento interno, indispensable para el juicio de tipicidad. La doctrina tradicional referida a la revisión de tales inferencias por la vía del art. 849.1 de la LECrim, ha de ser completada con la necesidad de dispensar un tratamiento casacional adecuado al derecho constitucional a la presunción de inocencia. Y, desde luego, la proclamación por el órgano decisorio de un elemento tendencial totalmente desvinculado del resultado de la actividad probatoria desarrollada durante el juicio oral, no puede reputarse extraña al contenido material del derecho a la presunción de inocencia. De ahí la complementariedad entre la vía tradicional del art. 849.1 y la que ahora amparan los arts. 5.4 y 852 de la LECrim.

El punto de discrepancia sobre el que se construye el presente motivo se centra, de modo esencial, en la impugnación de la inferencia que la Sala de instancia proclama respecto del destino que el Luis pensaba dar a los 13,281 gramos de cocaína y a los 170,3 gramos de hachís que fueron intervenidos en el local Komplements, sito en la calle Pelayo núm. 6 de Madrid y regentado por el propio acusado. Las referidas sustancias –dice el factum- “…las poseía el procesado con la finalidad de distribuirlas entre terceras personas”.

La afirmación de la concurrencia de ese elemento tendencial representa un desafío probatorio para la acusación que, en ausencia de la confesión del acusado, ha de ofrecer a la Sala los elementos indiciarios precisos para, a partir de ellos y mediante un proceso lógico-deductivo, concluir aquellos otros aspectos necesitados de prueba. El recelo respecto de la prueba indiciaria no es de ahora. Los aforismos plus valet quod in veritate est quam quod in opinione o probatio vincit praesumptionem, son la mejor muestra de la preocupación histórica por fijar garantías adicionales que disminuyan el riesgo inherente a la proclamación de unos hechos probados a partir de una mera articulación lógica de indicios. Y es que por indicio hemos de entender todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. Precisamente por ello, se ha dicho que más que una prueba estaríamos en presencia de un sistema o mecanismo intelectual para la fijación de los hechos, ciertamente relacionado con la prueba, pero que no se configura propiamente como un verdadero medio de prueba.

En cualquier caso, como queda dicho, la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El juicio histórico ha de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de los indicios sobre los que se construye la condena. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional fundamenta la condena. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica.

Pues bien, en el presente caso, la Sala de instancia ha exteriorizado de forma expresa y ajustada al canon constitucional impuesto por el derecho a la presunción de inocencia que se dice vulnerado, las razones que han conducido a la proclamación del juicio de autoría más allá de cualquier duda razonable.

Para ello se ha basado en los datos objetivos que fueron puestos de manifiesto a raíz del registro del local del acusado. El primero de ellos, la cantidad de droga intervenida (13,281 gramos de cocaína y 170,3 gramos de hachís). Es cierto que en materia de delitos contra la salud pública, como en aquellos otros tipos penales en los que la jurisprudencia establece cuantías para facilitar la interpretación de algunas figuras delictivas, su aplicación no puede nunca ajustarse a una concepción puramente objetiva, alejada de los principios que informan un derecho penal construido sobre esquemas de culpabilidad. Ya recordábamos en nuestra sentencia 603/2007, 25 de junio, que es labor del órgano jurisdiccional valorar las circunstancias concurrentes, huyendo de una mal entendida fidelidad numérica que, en rigor, produciría un efecto contrario al que se pretende, ayudando a la desnaturalización del significado y alcance de la seguridad jurídica como valor constitucional. La vigencia de este principio no se refuerza, desde luego, cuando la interpretación jurisdiccional se aferra a módulos meramente cuantitativos que, por su propia naturaleza, son manifiestamente insuficientes para la afirmación del juicio de tipicidad.

Hechas tales matizaciones, resulta indispensable traer a colación los parámetros valorativos que la jurisprudencia de esta misma Sala ha proclamado, todo ello, con el respaldo de informes médicos y datos criminológicos empíricamente avalados. En las SSTS 4839/2007, 25 de junio y 6385/2007, 19 de septiembre, ya recordábamos el criterio reiterado por la STS núm. 281/2003, 1 de octubre, en la que se señala que la jurisprudencia ha fijado el consumo medio diario de cocaína en un gramo y medio, de conformidad con el criterio del Instituto Nacional de Toxicología. Tal cifra de consumo diario se aceptó por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 19 de octubre de 2001 (cfr. SSTS 1143/1995, 15 de diciembre y 1778/2000, 21 de noviembre). Es criterio también del Instituto Nacional de Toxicología, asumido por la Sala Segunda, que normalmente el consumidor medio cubre el consumo de drogas de cinco días (cfr. SSTS 578/2006, 22 de mayo y 390/2003, 18 de marzo y 705/2005, 6 de junio).

Reiterando una vez más la necesidad de huir de un entendimiento puramente cuantitativo de la autoría en delitos de esta naturaleza, basta un contraste entre esas referencias genéricas y las cifras del caso concreto, para reforzar el significado probatorio de la cantidad de droga intervenida en poder de Luis.

Lo propio puede afirmarse respecto del hachís aprehendido en el local regentado por el acusado. Insistiendo en la importancia de no subordinar la apreciación probatoria a un mero razonamiento numérico, conviene no perder de vista una línea jurisprudencial consolidada –de la que las SSTS 657/2003, 9 de mayo y 99/1996, 12 de febrero, no son sino una elocuente muestra- con arreglo a la cual, tomando como parámetro 5 gramos de hachís como consumo medio diario, puede fijarse en cincuenta gramos el consumo medio durante diez días, cantidad a partir de la cual la posesión de hachís debe entenderse destinada al tráfico.
Pese a todo, sería contrario al significado constitucional del derecho a la presunción de inocencia, construir la autoría a partir de esa simple, aunque significativa, constatación numérica. Se hace preciso ponderar otros hechos ciertos que, unidos a la tenencia de droga, avalen la conclusión acerca de la preordenación al tráfico. Con tal fin, destaca el Tribunal a quo la existencia de una serie de datos que están empíricamente asociados a la distribución dosificada de estupefacientes. En efecto, la cocaína se hallaba oculta en la trastienda del local comercial explotado por el recurrente, en el interior de una caja de monedas y distribuida en 25 bolsas. Además, otra bolsa de plástico servía para ocultar en su interior 100 bolsas idénticas a aquéllas que servían de
recipiente a la cocaína. A las anteriores había que sumar otras cuatro bolsas de cocaína que Luis de Gonzaga portaba entre sus ropas en el momento de su detención. Al margen de la cocaína, el recurrente tenía perfectamente dosificadas en 25 bolsas más los 170,3 gramos de hachís.
A esa disposición de la droga el Tribunal añade la intervención de una balanza de precisión con restos de cocaína, dos cuchillos con restos de hachís y una sustancia denominada espidifen, usualmente utilizada para cortar la cocaína.
En definitiva, no existió el vacío probatorio que se denuncia, no apreciándose tampoco quiebra alguna de las exigencias del razonamiento lógico en el discurso argumental de la Sala de instancia. El verdadero origen de la discrepancia del recurrente hay que situarlo, no tanto en la ausencia de pruebas, cuanto en la valoración que a las mismas ha atribuido el Tribunal a quo. La sentencia exterioriza el razonamiento que ha llevado a concluir la condena de Luis y lo hace de forma congruente, sin aferrarse a ningún argumento extravagante o insostenible a la luz del canon constitucional exigido para debilitar la presunción de inocencia.

La Sala sentenciadora contó con prueba de cargo válida y llevó a cabo un proceso de valoración probatoria inobjetable, con la entidad constitucional necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado.
Frente a los argumentos exteriorizados por la Sala de instancia, el recurrente ofrece una valoración alternativa de los indicios que han permitido la afirmación del juicio de autoría. Es al Tribunal de instancia, sin embargo, al que incumbe la valoración probatoria (art. 741 LECrim), habiendo derivado la autoría de unos hechos constatados y ciertos, con la idoneidad precisa para descartar que las cantidades de hachís y cocaína intervenidas en poder de Luis estuvieran destinadas de modo exclusivo al consumo de aquél.

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