Ejercicio legitimo cargo.Violencia policia

Ejercicio legitimo cargo.Violencia policia

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Categorías: Derecho Penal

Sentencia Nº: 1218/2004
RECURSO CASACION Nº:641/2004
Fecha Sentencia: 02/11/2004
Ponente Excmo. Sr. D.: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

Es cierto que cuando se trata de la actuación de un agente de la autoridad que tiene no solo la facultad, sino también el deber de actuar en el ejercicio de su cargo, puede utilizar medios violentos, incluso las armas, que eglamentariamente tienen asignadas, en la misión de garantizar el orden jurídico y servir a la paz colectiva "con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello depende evitar un daño grave, inmediato e irreparable; pero al mismo tiempo, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad", como dice el apartado c) del art. 5.4 LO. 2/86, cuyo apartado d) concreta que "solamente deberán utilizar las armas en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior". Lo que responde al mandato del art. 104 CE. y se halle inspirado en las líneas marcadas por la "Declaración de la Policía" hecha por el Consejo de Europa el 8.5.79 y por el "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17.12.79.

Conforme a tales normas y directrices, en estos casos, es necesario que concurran los siguientes requisitos:
1- que el sujeto activo sea una autoridad o funcionario público autorizado por las disposiciones correspondientes a hacer uso de medios violentos en el ejercicio de los deberes de su cargo.
2- que el posible delito se haya producido en el ejercicio de las funciones del cargo correspondiente.
3- que para el cumplimiento del deber concreto en cuyo ámbito está desarrollando su actividad le sea necesario hacer uso de la violencia (necesidad en abstracto, porque sin tal violencia, no le fuere posible cumplir con la obligación que en ese momento le incumbe, esto es que concurra un cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo que justifique el acto de fuerza. (Si falta cualquiera de estos tres primeros requisitos que constituyen la esencia de la eximente nº 7 art. 20, no cabe su aplicación, ni siquiera como eximente incompleta).
4- que la violencia concreta utilizada sea la menor posible para la finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso, y por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible, todo ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, entre ellas las posibilidades de actuación de que dispusiera el agente de la autoridad (necesidad en concreto).
5- Proporcionalidad de la violencia utilizada en relación con la situación que origina la intervención de la fuerza pública.
Se enumeran estos requisitos en ssTS. 19.6.98, 21.9.99, 1.12.99, 31.10.2000, 18.9.2001, 25.4.2003 y se insiste en la distinción entre necesidad en abstracto y en concreto, ssTS. 24.1.94, 14.5.98, y en las notas de necesidad y proporcionalidad, ssTS. 2.6.94, 31.1.97, 14.2.97, 1.12.99 y se declara en sTS. 25.3.92 que "no se requiere que el desencadenante de la acción del funcionario sea una agresión ilegitima basta que el agente se encuentre ante una actuación que exige intervención para la defensa del orden público en general o para la defensa de intereses ajenos por los que deben velar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "se matiza en otras sentencias, por ej. s. 17.5.88 que no es situable en el mismo plano la persecución de quien ha cometido un grave delito que la represión in situ de comportamientos leves, y se recuerda en s. 15.3.90 que conforme a la Ley 13.3.86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas o en aquellas circunstancias que pueden imponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana.

Finalmente con carácter general, la jurisprudencia ha declarado, según recuerda la sTS 29.2.92 que "tanto el cumplimiento de un deber como el ejercicio legitimo de un derecho u oficio no constituye una patente para que bajo su amparo puedan quedar justificados todos los actos que bajo los supuestos del precepto se realicen, sino que, es preciso que los mismos estén dentro de la órbita de su debida expresión, uso y alcance, porque de lo contrario constituyen un abuso capaz y bastante para desvalorar la excusa y para llegar a una definición de responsabilidad.

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